Twitter suspendió la cuenta del general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de la dictadura venezolana, por haber incumplido las reglas de la red social.
El Político
No es la primera vez que la plataforma suspende cuentas de funcionarios o instituciones vinculadas al régimen de Nicolás Maduro.
En enero de 2020, fueron afectadas las cuentas del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (@ceofanb) y el Ministerio de Petróleo (@minpetroleove), así como las de otros componentes de la Fuerza Armada (FANB), como el Ejército (@ejercitofanb), la Aviación (@AviacionFANB), la Armada (@armadafanb), la Guardia Nacional (policía militarizada, @GNBoficial) y la llamada milicia (@MiliciaFanb), reportó Infobae.
Varios sin acceso
Los perfiles del Banco Central (@BCV_ORG_VE) y del Ministerio de Economía y Finanzas (@MinEcoFinanzas) también estuvieron sin acceso por varias horas en ese entonces.
En marzo del año pasado, Twitter también borró una publicación de Maduro en la que divulgaba una serie de artículos del científico venezolano Sirio Quintero; en los que se refería al coronavirus como un arma “bioterrorista” y da remedios caseros.
Ese mismo mes, la red social incluso bloqueó la cuenta oficial de la Presidencia de Venezuela (@PresidencialVen); y otras relacionadas a la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez.
Padrino López bajo la lupa
Padrino López, al igual que el dictador Maduro y otros altos funcionarios y militares del régimen, está involucrado directamente en graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país, según la investigación realizada por la misión internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El informe publicado a mediados de septiembre por esa Misión ofrece amplia información “que demuestra que las autoridades del Estado -tanto a nivel presidencial como ministerial- ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados”.
Las graves violaciones de los derechos humanos denunciadas fueron perpetradas en operaciones realizadas por toda la gama de entidades de seguridad estatal en Venezuela: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB); incluida la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Fuerzas de Acción Especial (FAES).
También figuran el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN); la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y las fuerzas policiales estatales y municipales.
Varias evidencias
Los investigadores recogieron evidencias de que a pesar de que las autoridades -desde los responsables de las entidades involucradas hasta políticos- tenían conocimiento de los crímenes que se han cometido desde 2014 hasta ahora (período que cubre el informe), incluso ayudaron a que se cometieran con las políticas y planes que adoptaban.
“Las autoridades dieron ayuda esencial, incluida material, logística y en recursos humanos; que era necesaria para las operaciones de seguridad e inteligencia que resultaron en la comisión de los crímenes”, denuncia el informe.
La Misión investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales; También examinó 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad, aunque no todos fueron necesariamente arbitrarios.
