Las declaraciones de destacados dirigentes de Esquerra Republicana de Cataluña en las que exigen un referéndum de autodeterminación vinculante como condición sine qua non para conceder su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, constatan que la Constitución española de 1978 tiene una herida profunda de pronóstico crítico.
Por La Gaceta
No cabe la menor duda de que los ponentes de la Constitución, al igual que el pueblo español que la refrendó por abrumadora mayoría, jamás pensaron que el sistema parlamentario de elección del presidente del Gobierno pudiera ser algún día, tal como lo es hoy, rehén de las exigencias anticonstitucionales (y hasta hace poco, delictivas), de uno o varios partidos separatistas y filoterroristas.
No faltarán los necios que, en tertulias bien pagadas y en artículos de pesebre, apelen a que «estas son las reglas del juego» para referirse al sistema que otorga la confianza parlamentaria al presidente. Sin embargo, las reglas del sistema parlamentario de elección del presidente del artículo 99 no pueden quedar aisladas del espíritu que ordena la Constitución. Mucho menos de su preámbulo y de su título primero que son, más que meros artículos, supraprincipios conforme a los cuales podemos interpretar el resto de la Carta Magna, incluidas las reglas del juego de la investidura presidencial.
Por lo tanto, y recurriendo no ya a la jurisprudencia, sino al simple sentido común, una exigencia como la de celebrar un referéndum de destrucción de la nación política supone una gravísima vulneración de las verdaderas reglas del sistema parlamentario. Un sistema que sólo debe aceptar aquellas exigencias que, nos gusten más o menos, no atenten contra la unidad de España ni contra la forma de Estado refrendada en 1978 y que reafirmó la existencia de una nación histórica metaconstitucional que sólo es posible alterar con un largo proceso de consultas al pueblo español. No con un chantaje burdo de ciertos partidos que, en el conjunto de España, son residuales.
Todo lo anterior debería estar claro en la mente de los cuatro grandes partidos nacionales, que en un país serio hace tiempo que habrían aprobado una profunda reforma legislativa para evitar que una fuerza política regional, separatista o no, pueda secuestrar la soberanía nacional.
Por desgracia, en la pasada legislatura constatamos que sólo un partido de profunda raíz constitucional como Vox tiene clara la solución que la inmensa mayoría de las democracias avanzadas se han dado para defender la unidad nacional: reforma de la ley electoral para que los legítimos intereses de los partidos regionales encuentren acomodo en el Senado y sólo en el Senado como cámara de administración territorial. Y en los casos de flagrante actividad contraria a la unidad de España, ilegalización.
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