Los socios comunitarios respaldan la decisión de la Comisión Europea de cancelar la multa a España y Portugal. También aprueban la nueva senda de déficit para España, que tiene dos años para dejar los desequilibrios en sus cuentas por debajo del 3%. A medianoche expiró el plazo de diez días para que los ministros de Economía y Finanzas del euro se pronunciaran contra la resolución de Bruselas de librar a España de una sanción de 2.162 millones de euros (el 0,2% del PIB) por los sucesivos incumplimientos de déficit. Necesitaban una mayoría cualificada que no llegó, y queda cerrado así el camino a que por primera vez un país sufra en carne propia los mecanismos de castigo que establece el Pacto de Estabilidad.
No hubo sorpresas de última hora. Los socios europeos no han llevado la contraria a los argumentos de la Comisión para cancelar la sanción, a pesar de que meses atrás algunos países, en especial Alemania, mostraron sus dudas sobre el perdón del dinero. "Como se esperaba, no había apetito entre los Estados miembros para dar marcha atrás en la propuesta", ha señalado este martes Peter Kazimir, ministro de Finanzas eslovaco, país que ostenta la presidencia rotatoria de la Unión.
El Consejo de la UE ha tenido en cuenta sobre todo las reformas estructurales que ha realizado España desde 2012, y ha valorado favorablemente algunas de las decisiones tomadas por el Gobierno en funciones para corregir el déficit, entre las que cita el endurecimiento del impuesto de sociedades, el adelanto del cierre contable de la Administración. o el compromiso de luchar contra el fraude fiscal, pero advierte de riesgos como el bloqueo político para su puesta en marcha.
La Comisión ha cantado victoria, felicitándose por que el Consejo no haya reabierto la caja de los truenos. "La decisión de hoy refleja una aplicación inteligente del Pacto de Estabilidad", ha defendido el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. "España y Portugal deberán tomar medidas efectivas para evitar la suspensión de fondos estructurales", ha advertido el vicepresidente Valdis Dombrovskis.
La anulación marca el fin de un cruento debate interno en el seno de la UE y manda la pelota del tejado de Bruselas al de España, que en medio de una profunda crisis política por la incapacidad de formar Gobierno 234 días después de que el anterior mandato caducara, deberá ahora demostrar que es capaz de cumplir con los nuevos criterios: la senda fiscal que establece la Comisión y ha refrendado el Consejo marca un objetivo de déficit del 4,6% para este año, del 3,1% en 2017 y el 2,2% en 2018: un duro ajuste de 10.000 millones de recortes estructurales (sin el efecto del crecimiento) en 2017 y 2018. Para lograrlo, el Consejo propone una subida de impuestos "en particular los tipos reducidos del IVA".
En medio del auge de los populismos en Europa y con el Brexit aún reciente, Bruselas prefirió hacer énfasis en los sacrificios ya realizados por ambos países en lugar de enfrentarse a una opinión pública contraria a las multas. "Habría generado humillación y antieuropeismo", defendió Moscovici poco después de que se hiciera pública la decisión de cancelar la sanción. "No queríamos socavar la recuperación", le secundó hace un par de días el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, en una entrevista con un diario alemán.
Ambos fueron los grandes defensores de que no hubiera sanciones frente a la ortodoxia en la aplicación de las normas que encarna Dombrovskis. La dura pugna incluyó la intervención in extremis vía telefónica del ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, para evitar la multa, de la que en su país hay fervientes partidarios como el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, que se ha mostrado muy crítico con la decisión de no sancionar a España y Portugal"Las violaciones de las reglas deben tener consecuencias", dijo al diario alemánDie Zeit la semana pasada.
Más vigilancia que nunca
España estará desde ahora más vigilada que nunca y se enfrenta a la congelación de más de 1.000 millones de euros en fondos europeos, la mitad de todos los que le corresponden en 2017, una medida que la Comisión y el Parlamento discutirán a la vuelta del verano. Además, España deberá presentar unos presupuestos creíbles antes del 15 de octubre para su examen previo en Bruselas incluyendo "medidas efectivas". De lo contrario, si persiste en el incumplimiento, se enfrentaría a multas aún mayores, de hasta el 0,5% del PIB: más de 5.000 millones.
Déficit excesivo desde 2009
Bruselas abrió el procedimiento por déficit excesivo a España en abril de 2009. En un primer momento el Consejo estableció 2012 como fecha límite para corregir los desequilibrios, pero ante el duro contexto económico que obligó a España a pedir un rescate bancario para recapitalizar el sector, el plazo se fue extendiendo sucesivamente hasta situar la meta de déficit en el 4,2% en 2015.
España se quedó casi nueve décimas por encima del objetivo (en el 5,08%), y se abrió la puerta a la multa. Más aún cuando Bruselas achacó parte de ese desequilibrio al impacto de la bajada de impuestos auspiciada por el Gobierno, que ha sido objeto de reproches continuados por la Comisión. Con la sanción en el centro del debate, Mariano Rajoy esgrimió la baza del complejo contexto político que vive España en una carta a Juncker y se comprometió a nuevos ajustes si ganaba las elecciones, un programa de recortes que aún no se ha concretado ante el largo bloqueo político que vive España.
Con información de El País
