Europa prepara una norma que permitirá la participación de los Estados en el capital de empresas; con el fin de evitar la quiebra ante la caída que produjo la pandemia del COVID-19, medida que supone una serie de nacionalizaciones en la región. España apoya la iniciativa, pero pide extremar las garantías para evitar distorsiones en las competencias y asimetrías en los mercados internos.
El Político
El proyecto, al que pudo acceder Expansión y que sería aprobado en los próximos días, es una modificación al marco temporal de ayudas públicas para enfrentar los destrozos económicos del COVID-19. Se trata de una "nacionalización generalizada" de empresas europeas que se encuentran en apuros, tanto grandes como pequeñas, cotizadas o no, reseña El Cronista.
El reglamento también representa un cambio radical en el proyecto original del pasado 19 de marzo. En este documento se establecía facilitar las actuaciones de los Estados miembros del bloque para garantizar la actividad de las empresas; esto esperaban lograrlo mediante avales, préstamos, subsidios para salarios, suspensión o aplazamiento de impuestos y ayudas directas a consumidores.
El pasado 3 de abril, luego de una primera revisión, se amplió el marco temporal para que los gobiernos pudieran conceder ayudas públicas a la investigación y desarrollo de productos vinculados con la lucha contra el COVID-19. El más reciente borrador, que se prevé sea aprobado este mismo mes de abril, permite la irrupción de los gobiernos en el capital de empresas en riesgo de colapso.
La normativa se justifica en la posible reducción de riesgo que representaría para la Unión Europea un significativo número de insolvencias. Asimismo, ayudaría a mantener la continuidad de la actividad económica y respaldaría la recuperación postpandemia.
La Comisión Europea pide que sean notificadas las inyecciones de capital que superen los 100 millones de euros; monto que Alemania y Francia piden elevar a 500 millones.
Presión de las grandes economías
Esta normativa se enfrenta con fuerte presión de las grandes economías de Europa: Alemania, Francia e Italia; las dos primeras con tendencia proteccionista y la última con abierta intención de recurrir a las nacionalizaciones para salvar a sus empresas emblemáticas.
En el borrador de la propuesta, la Comisión Europea reconoce que "varios Estados miembros están considerando tomar una participación en el capital de empresas estratégicas para garantizar que su aportación al buen funcionamiento de la economía de la UE no se vea comprometida", recoge El Cronista.
En el texto no se detallan los países a los que hace referencia; si bien asegura que si dichas naciones adquieren las acciones de esas compañías a precios de mercado o en igualdad de condiciones que inversores privados, "en principio no constituye ayuda estatal".
Italia, uno de los países más golpeados por la pandemia, ya anunció la nacionalización de Alitalia. Alemania, por su parte, ya acudió al rescate de empresas como Adidas vía préstamo y no descarta la participación en la aerolínea Lufthansa.
Francia, por su parte, ya es accionista de referencia en empresas clave de diferentes sectores estratégicos, como las energéticas Engie y EDF, la teleco Orange, la automovilística Renault o la aerolínea Air France-KLM. Este país reiteró que hará lo que sea preciso para salvaguardar a sus empresas más emblemáticas.
Reservas de España y Holanda
El planteamiento todavía no convence a España, de acuerdo con Expansión. Según fuentes próximas a la negociación en Bruselas, consultadas por este medio, señalan que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, manifestó en el Eurogrupo muy serias reservas a la propuesta por el riesgo de generar distorsiones de competencia en el mercado europeo ante la distinta capacidad financiera de los países para acometer nacionalizaciones.
En una entrevista para Financial Times, Calviño lamentó que los países con más músculo económico "puedan apoyar sus economías de una manera más generosa que otros"; y reclamó ya que "las garantías otorgadas a las empresas sean similares en toda la UE".
Holanda se suma a la opinión de España. Sin embargo, las dudas de ambos países no serían suficientes para echar atrás el reglamento que seguirá adelante con un respaldo mayoritario.
Posibles injerencias
Otro riesgo importante para la economía de mercado es la tentación de interferir en la gestión de las empresas nacionalizadas; un peligro que en el caso de España y del Gobierno de coalición de PSOE-Podemos ya se materializó de forma nítida en enero de 2020 con la dimisión de Jordi Sevilla como presidente de Red Eléctrica por las constantes injerencias de la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una compañía cotizada y en la que el Estado tiene una participación minoritaria, del 20%.
La Comisión advierte de que la presencia pública en el capital debería ser una opción de "último recurso"; dado su carácter "altamente distorsionador de la competencia entre empresas". Sería permitida siempre que se demuestre que sin la intervención del Estado esa compañía estaría abocada al cierre o tendría "serias dificultades" para mantener su actividad. Bruselas también aboga por una permanencia temporal, lo más corta posible, del Estado como accionista.
