México sería un 18% más rico sin violencia. Casi la mitad de este daño económico tiene que ver con lo que los técnicos del Instituto para la Economía y la Paz califican como "delitos violentos": robos, asaltos y secuestros, según el índice anual presentado este martes por el think tank, uno de los más potentes del mundo en la materia.
Pese a que la incidencia de estos crímenes se redujo ligeramente el año pasado, sigue siendo, por mucho, la principal causa de quebrantos económicos derivados de la violencia.
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Los homicidios acarrearon, por su parte, un coste económico de casi un billón de pesos en 2016: en ese rubro, los firmantes de la investigación incluyen desde el coste directo que supone la muerte violenta de una persona para su familia hasta la caída de productividad asociada a la muerte de un trabajador en activo.
En suma, delitos violentos y homicidios suponen casi el 80% de las pérdidas asociadas a la violencia; el resto tiene que ver con el gasto público destinado a contener la criminalidad, el miedo enraizado en la sociedad o el coste de la seguridad privada.
Casi la quinta parte del PIB: esa es la magnitud económica de la violencia en México. En 2016, tras una década de guerra contra el narco, este índice de paz se deterioró un 4,3% y su recaída ha tenido un coste directo para la economía del país norteamericano. El estudio tiene en cuenta el número de homicidios, asaltos, secuestros, violaciones, extorsiones y robos por cada 100.000 habitantes, así como el volumen de personas en prisión sin una sentencia judicial que justifique su encarcelamiento.
Como en 2015, los empresarios mexicanos siguen identificando la inseguridad como la mayor preocupación para sus cuentas de resultados, a mucha distancia de la fiscalidad, la corrupción o el bajo nivel de poder adquisitivo de la población.
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El porqué de su temor también está en cifras: una de una de cada tres empresas establecidas en México sufrió al menos un delito. Esta criminalidad sobre las propias compañías supone la mitad del coste empresarial derivado de la violencia (equivalente al 1% del PIB); la otra mitad está vinculada con las medidas que tienen que tomar para protegerse de la violencia.
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