En el caso Venezuela; lo primero que hay que indicar es que, en la CPI, en particular en su Fiscalía; existen dos exámenes preliminares relacionados con Venezuela. El primero, llamado Venezuela I, fue abierto el 8 de febrero de 2018 para investigar los posibles crímenes cometidos desde abril de 2017.
El Político
En la web de Acceso a la Justicia se explica que dicha denuncia que; en noviembre de 2017, realizó la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, quien acusó a altos funcionarios de la dictadura en Venezuela; de cometer delitos de lesa humanidad; como ejecuciones extrajudiciales, asesinato, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias masivas y torturas, fue el detonante, junto con otras denuncias, para que la instancia con sede en La Haya posara sus ojos sobre el país. De hecho, en febrero de 2018 dio inicio a un examen preliminar de oficio respecto de Venezuela.
De la Fiscalía de la CPI a Venezuela
Cabe destacar que a la Corte no llega caso alguno de manera directa, sino que debe pasar primero por la Fiscalía de la CPI. Para ello, este órgano puede iniciar un primer proceso de investigación llamado examen preliminar de oficio; por remisión de un Estado parte o por remisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
En noviembre de 2020 la Fiscalía señaló que efectivamente tenía "fundadas bases para creer que se han cometido crímenes competencia de la Corte en Venezuela al menos desde abril de 2017″. Semanas después anunció que; a la brevedad daría a conoces sus conclusiones sobre las indagaciones que había hecho sobre el caso de Venezuela.
Razones de sobra para investigar a la dictadura en Venezuela
En concreto, la Fiscalía afirmó que tenía razones para creer que autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y civiles afectos al régimen; han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelamiento u otros delitos graves de privación de la libertad física; en violación de las normas fundamentales del derecho internacional, tortura, violación y otras formas de violencia sexual de gravedad comparable; y persecución contra cualquier grupo o colectividad identificable por motivos políticos, de conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma .
Esperanza en la CPI
El hecho de que la fiscal Bensouda haya dejado su cargo sin anunciar si abriría una investigación contra funcionarios y civiles en Venezuela por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad es una noticia que llena de expectativas a las víctimas; la mayoría de las cuales no han conseguido respuesta de la justicia venezolana.
La falta de respuesta de la Fiscalía de la CPI no solo refuerza el clima de impunidad reinante en el país; sino que deja a la incógnita a las víctimas, para quienes la CPI es la única esperanza de obtener justicia.