Con un año de hiperinflación que prácticamente acumula un millón por ciento en 12 meses, Venezuela se ha convertido en el país de América Latina que reporta el ciclo inflacionario más dañino de la historia de la región y que aún no presenta indicios de parar.
Los precios de los productos en el país monoproductor petrolero suben a razón de 3 o 4 % por día y cada mes el índice de inflación toca o supera el 200 %, una situación que lleva a los venezolanos a vivir en eterna crispación.
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Entre 1984 y 1985, con una duración de 18 meses, Bolivia reportó un ciclo de hiperinflación que sumó 23,454 %, mientras que Nicaragua, con 58 meses de etapa hiperinflacionaria entre 1986 y 1991 sumó 13,109 % y Venezuela, con 12 meses recién cumplidos, ya supera los 980,000 %.
El economista Asdrúbal Oliveros recordó durante el foro de la firma Ecoanalítica “Perspectivas Económicas 2019” que se celebró esta semana, que una hiperinflación “es el estado final de deterioro de una economía” y aunque abre la puerta a la esperanza al indicar que “no hay hiperinflación eterna” dice que para salir de ella debe ponerse “peor”.
“La gente piensa que estamos en la parte más dura del ciclo hiperinflacionario y lamentablemente estamos en una etapa intermedia, es decir, los niveles de aceleración en la tasa de inflación pueden ser mucho más agresivos”, dice el especialista, directivo de la firma.
Además, según Oliveros, estos niveles de inflación, esa tasa promedio de 34 % semanal, “todavía no saca de su zona de confort” al Gobierno de Nicolás Maduro, que ha mantenido una política de control sobre la economía y ha limitado los derechos económicos de empresarios y consumidores.
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La política de Maduro se enmarca en el socialismo de la llamada “revolución bolivariana” que impulsó el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y es por ello que los expertos de Ecoanalítica destacan que en estos 20 años “revolucionarios” se ha producido un “ataque” sistemático a los “derechos económicos”.
“En Venezuela no se le dejó al sector privado producir, no se le deja al ciudadano decidir qué va a comprar sino que se le suprimen de alguna manera todos sus derechos económicos”, señala el economista Alejandro Grisanti.
La razón por la que, según el director de Ecoanalítica, no estalló un conflicto interno mientras se suprimían esos derechos reposa en los altos precios del barril de petróleo que en la mayor parte de esos 20 años permitió al gobierno importar alimentos y demás productos sin limitaciones.
Hoy el panorama es muy diferente, no hay derechos económicos y tampoco divisas para importar debido a la caída de los precios petroleros lo que ha traído a Venezuela la peor escasez de todo tipo de productos, principalmente de medicamentos y alimentos de la cesta básica.
La caída de los precios petroleros genera la baja en los préstamos internacionales a Venezuela y el cierre de los mercados financieros lo que causa el recorte de las importaciones.
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“Ese recorte de importaciones con la caída de precios petroleros termina generando el colapso del Producto Interno Bruto” un colapso que da nacimiento “al círculo vicioso de la hiperinflación”.
Los especialistas explican que un trabajador venezolano que gane salario mínimo debe trabajar más de 100 horas para poder comprar un kilo del queso de la presentación más económica.
“La gente sabe que el peor negocio que puede hacer es ahorrar, es mantener esos activos en forma líquida porque se desaparecen, se esfuman de la noche a la mañana con un proceso inflacionario descomunal como el que tenemos”, señaló el economista Pedro Palma en el mismo foro de Ecoanalítica.
Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional calcula que Venezuela cerrará el 2019 con 10 millones por ciento de inflación y el Banco Central del país petrolero – que fue despojado de su autonomía – sigue creando dinero inorgánico para financiar el gasto público.
Todo esto ocurre mientras la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) produce cada vez menos crudo, con una perspectiva para 2019 de solo 500,000 barriles por día – en 2012 llegó a los 3.000,000-, una empresa que fue saqueada por corruptos y usada para atender programas sociales.
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Ante este escenario desolador, los economistas observan un colapso inminente del país en 2019 que desembocará en un cambio radical de políticas que se abran a la recuperación de los derechos económicos con una obligada y necesaria financiación internacional.
La fórmula de la prosperidad es, subrayan los economistas: que los empresarios puedan invertir y vender sus productos y que los ciudadanos tengan el derecho de poder comprar lo que así deseen.
Fuente: EFE
