En Venezuela casi nadie (o, de lleno, nadie) quiere a Nicolás Maduro. El dictador, quien usurpa la Presidencia del país desde 2019, sabe que su capacidad de arrastre es nula y que su permanencia en el poder se vería comprometida si acude a unas elecciones libres, transparentes y verificables.
Afirmar que el chavismo no moviliza gente dejó de ser una aseveración temeraria. La reciente evidencia que comprueba tal realidad la palparon los habitantes de Caracas, la capital de Venezuela, tras la infortunada convocatoria de hace una semana.
Nicolás Maduro, el dictador que gobierna en la República Bolivariana desde 2014, ordenó cerrar la Autopista Francisco Fajardo, una arteria vial que, gracias a sus 28 kilómetros de longitud, conecta, de palmo a palmo, a la urbe capitalina.
El motivo de aquella instrucción radicó en una supuesta movilización que le serviría al propio Maduro como baño de masas. Se trataba, a todas luces, de una actividad proselitista en la que el tirano haría campaña de cara a las presidenciales de este 2024.
De aquella convocatoria sólo quedó, sin embargo, una autopista vacía, en la que los claros eran evidentes, siempre y cuando se hicieran tomas abiertas y no los acostumbrados planos cerrados a los que se encuentran obligados los camarógrafos de las televisoras del Estado.
Otras de las consecuencias de aquel llamado chavista fue una ciudad que, por 13 horas, se conmocionó al punto del colapso.
De hecho, durante el pasado 28 de febrero, día de la desaliñada concentración, los caraqueños resintieron el golpe dado a su libre circulación, tras el cierre de la autopista.
Un acuerdo igual de vacío
Hablar sobre el nulo poder de arrastre que tiene la dictadura venezolana es apenas el preludio que nos permitirá entrar en materia.
Hacia finales del mes pasado, el “madurismo” hizo gala de un presunto acuerdo electoral que, de conformidad con la versión oficial, sustituirá los Acuerdos de Barbados.
El documento, concebido por un Legislativo de orígenes aún cuestionados, lleva por nombre “Acuerdo nacional sobre principios generales, calendario y ampliación de garantías electorales para la elección presidencial 2024”.
La presentación en público del texto estuvo a cargo de Jorge Rodríguez, un médico psiquiatra que, tras servir como autoridad electoral, gobernador de Caracas y ministro del régimen, ahora ocupa el sillón que le corresponde al presidente del Parlamento venezolano.
Hablando ante las cámaras y los periodistas (que le hacen juego a la dictadura), Rodríguez expresó que el presunto Acuerdo nacional “es mucho más grande, mucho más amplio” que el texto refrendado en octubre de 2023, dentro del marco de las negociaciones realizadas entre México y Barbados.
Tras lanzar esa premisa, el doctor sentenció la muerte de los Acuerdos de Barbados al sugerir que el nuevo documento “los sustituye”. Jorge Rodríguez añadió, incluso, que el nuevo texto engloba a 97% de los actores que hacen vida dentro de la oposición venezolana.
De la mentira al engaño
Las declaraciones del diputado Rodríguez fueron secundadas, más tarde, por el propio Nicolás Maduro.
Desde el occidental estado Lara, en medio de otro mitin de campaña, el tirano señaló que el Acuerdo nacional, hecho en cónclave por el actual Parlamento, garantiza “elecciones libres” en suelo venezolano.
Llegados a este punto, es preciso señalar que ni lo dicho por Rodríguez ni lo reiterado por Nicolás Maduro son afirmaciones verdaderas, que se corresponden con la realidad.
Para empezar, el Acuerdo nacional sobre principios generales, calendario y ampliación de garantías electorales no engloba a la oposición mayoritaria, esa que, de manera genuina, adversa al chavismo y anhela su salida del poder.
No lo hace, en primer lugar, porque excluye a la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela, una coalición que representa a la legítima oposición venezolana y que, además, goza del reconocimiento de la comunidad internacional.
El Acuerdo nacional tampoco tiene entre sus firmantes a verdaderos actores de oposición, pues los partidos y bloques que le refrendaron forman parte de una pseudo oposición diseñada a la medida por (y desde) el propio chavismo.
Para sustentar lo anterior, basta decir que, entre los abajo firmantes se encuentran partidos que fueron judicializados y cuyas tarjetas electorales les fueron arrebatadas a sus legítimos dirigentes.
En el grupo de suscriptores también aparecen organizaciones políticas de nuevo cuño que, en reiteradas ocasiones, han fragmentado la unidad opositora, facilitando de ese modo las victorias electorales del “madurismo”.
Tampoco es cierto que el acuerdo electoral alcanzado en la Asamblea Nacional y presentado por Jorge Rodríguez sea la vía que conduce hacia comicios presidenciales competitivos, transparentes y verificables.
De hecho, cuando se revisa el texto, queda en evidencia que el nuevo documento no habla sobre procesos de selección de candidatos presidenciales ni mucho menos sobre medios para habilitar a los líderes opositores, cuyos derechos han sido conculcados.
El acuerdo nacional tampoco aboga de manera taxativa y precisa para que se le dé inicio a la tan necesaria actualización de un registro electoral que, en la actualidad, se encuentra caducado, dejando por fuera a por lo menos tres millones de ciudadanos.
Otra observación que merece la pena señalar es la que se relaciona con el voto de los venezolanos que residen en el exterior.
Siendo Venezuela un país con una diáspora de ocho millones de personas, garantizar el derecho al sufragio de esos individuos es clave si se pretende hablar de elecciones libres y competitivas.
En medio de todo, la guinda del pastel se encuentra en el apartado que corresponde a la verificación. Mientras los Acuerdos de Barbados consagran la “observación electoral” de misiones procedentes de la Unión Europea, Naciones Unidas, la Unión Africana o el Centro Carter, el nuevo texto sólo plantea “misiones técnicas de acompañamiento nacional e internacional”.
Se saben perdidos
El chavismo que lidera Nicolás Maduro está al tanto de que, tras unas elecciones limpias, su salida del poder sería inevitable.
En este momento, sólo las encuestadoras financiadas por el “madurismo” le otorgan a la dictadura cifras aceptables en términos de aprobación o de intención de votos.
Por lo demás, los sondeos vaticinan una derrota aplastante para Nicolás Maduro. Demostrarlo resulta sencillo si se cita, por ejemplo, el estudio presentado por la empresa Datincorp.
De acuerdo con ese análisis, 53% de los venezolanos votarían por un candidato unitario, contrario a Maduro, en caso de que los comicios presidenciales se efectúen “el día de mañana”.
El porcentaje de electores que rechazaría a la dictadura se dispara hasta 65% si la puja por la Presidencia de Venezuela se da, de forma polarizada, entre el dirigente socialista y María Corina Machado, actual candidata de la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela.
Si se desea abundar, también se puede traer a colación el estudio de la firma Meganalisis. Según esa encuesta, 80.8% de los ciudadanos en Venezuela desean “que Maduro y el chavismo dejen el gobierno” durante este 2024.
En medio de tal contexto de desventaja, el “madurismo” emprende una franca huida hacia adelante. Con ella, Nicolás Maduro y su entorno buscan intimidar, desmoralizar y paralizar a la verdadera fuerza opositora.
La dictadura también pretende zafarse de los Acuerdos de Barbados, pues estos se le han convertido en una camisa de fuerza, que les obliga a competir en igualdad de condiciones, con transparencia y supervisión internacional.
De allí que no se haya trabajado para habilitar políticamente a María Corina Machado, sino que se optara por fabricar una red de pseudo opositores que no representan la voluntad de la verdadera oposición democrática y que están alineados, además, con las pretensiones de una tiranía que busca permanecer en el Palacio de Miraflores.
SOBRE EL AUTOR
Alejandro Linares Mendoza. Comunicador social con más de 10 años de experiencia en el ejercicio del periodismo. Productor y conductor de programas radiales y televisivos. Redactor de noticias y artículos de opinión y análisis para medios digitales.
