Los guyaneses lograron lo que las mejores comisiones negociadoras no pudieron: unir a los venezolanos, en este caso en defensa del territorio Esequibo el cual todos consideran usurpado por los ingleses y luego cedidos al joven país de Guyana.
El Político
El Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (Covri) propone presentar una contra-demanda (demanda reconvencional) contra el Reino Unido y Guayana para solicitar la nulidad absoluta del llamado Laudo de 1899, la devolución de la Guayana Esequiba como territorio venezolano ilegítimamente ocupado por el Reino Unido y administrado de facto por Guyana y el resarcimiento económico por los daños y perjuicios ocasionados por el Reino Unido a Venezuela.
Esto luego de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se declarara competente para juzgar la controversia y aceptara la demanda interpuesta por Guyana a pesar de que Venezuela desconoce su jurisdicción.
“Esta es una controversia provocada por acciones colonialistas del Reino Unido en el siglo XIX que lesionaron la integridad territorial de Venezuela y son incompatibles con los propósitos y principios de la Carta de la ONU de conformidad a la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y no debemos permitir que la Parte británica eluda sus responsabilidades y que Guyana se siga victimizando internacionalmente siendo Venezuela quien sufrió el despojo de una quinta parte de su territorio”, expone el Covri en un comunicado publicado este miércoles 23 de diciembre.
El doctor en relaciones internacionales y presidente de Covri, Kenneth Ramírez, explica que esta contrademanda debe validarse antes con la convocatoria de un referendo aprobatorio que respalden los venezolanos porque es un tema de soberanía nacional que establece el artículo 10 de la Constitución.
Además recomiendan al Ejecutivo convocar urgentemente al Consejo de la Defensa de la Nación como máximo órgano de consulta del Estado venezolano para reevaluar la estrategia seguida y acudir a la CIJ para dar una defensa más activa y eficaz del territorio en disputa.
Ramírez subraya que es necesario acordar la conformación de un equipo nacional de expertos sin distinción ideológica, nombrar a un agente-negociador calificado a tiempo completo y fortalecer la asesoría legal externa complementaria con juristas de reconocida trayectoria litigante ante la Corte.
Presionar la negociación
El Covri considera necesario que las autoridades venezolanas soliciten a la Corte la paralización de las concesiones mineras y madereras en la Guayana Esequiba (de las que se beneficia Guyana) como medida cautelar para presionar una negociación entre las partes.
Para el internacionalista Kenneth Ramírez, la sentencia de la CIJ parte de un razonamiento jurídico equivocado y es una decisión controvertida “que va en contra del principio del consentimiento (nunca dado por Venezuela para este caso) y pone en entredicho la legitimidad de la Corte”.
“Obviaron el principio del consentimiento para dar jurisdicción a la Corte y lo sacrificaron revisando el Acuerdo de Ginebra en función del principio de efectividad, según el cual los tratados deben tener un efecto útil. Pero a su vez reconocen que esto es una controversia política y que podría no ser resuelta con una sentencia en fase de mérito”, cuestiona.
Ramírez, autor del Libro Blanco sobre el Laudo Arbitral de 1899, enumera algunas de las pruebas más sólidas que tiene Venezuela a su favor para probar que fue despojada injustamente de 159.000 kilómetros cuadrados de territorio
El Parlamento se une a la defensa del Esequibo
El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, pidió conformar un frente para defender la integridad territorial de Venezuela ante la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de declararse competente para juzgar la validez del laudo arbitral de 1899 que estableció la frontera con Guyana.
"La Presidencia de la legítima Asamblea Nacional (…) hace un llamado a todas las fuerzas vivas de la sociedad, a la Fuerza Armada Nacional, ONG y demás miembros de la Sociedad Civil, Universidades y Academias Nacionales e individualidades interesadas en el tema, a conformar un frente y causa común por la defensa de la integridad territorial de nuestra nación", dijo en un comunicado
La oposición a Maduro señaló que el laudo es "nulo e írrito"
Además criticó que la corte se declarara competente "cuando Venezuela no reconoce su jurisdicción, pues no es signataria de la cláusula consagrada en el artículo 36 del Estatuto de la CIJ, ni forma parte de tratados multilaterales que reconocen la misma, como tampoco lo es la República Cooperativa de Guyana".
La Corte Internacional de Justicia anunció el viernes que tiene jurisdicción sobre la disputa fronteriza entre Guyana y Venezuela y en consecuencia examinará el caso, que se remonta a más de 100 años.
Venezuela, que ha rechazado hasta ahora la intervención de la CIJ, reclama a su vecino soberanía sobre la extensa región del Esequibo, rica en minerales y bosques, y que abarca una zona marítima con recursos petroleros, reseñó AFP.
Guyana defiende un límite territorial establecido en 1899 mediante una corte de arbitraje en París, cuando aún era colonia británica.
El presidente de la alta corte de la ONU, Abdulqawi Ahmed Yusuf, anunció que los jueces decidieron por 12 votos a favor y 4 en contra que tienen "jurisdicción" sobre el caso, y que el tribunal celebrará audiencias sobre el fondo del conflicto.
Maduro dijo que era una decisión infame
“La Corte Internacional de Justicia de La Haya tomó una decisión infame contra los derechos de Venezuela a su territorio al Esequibo. Ya nuestro equipo jurídico y la cancillería ha sacado el comunicado de la primera respuesta. Venezuela rechaza y repudia esta decisión de la CIJ. La vamos a enfrentar en defensa de los derechos del Esequibo”, comentó.
Reiteramos el llamado a que la controversia se canalice de forma amistosa mediante negociaciones directas con Guyana, en apego al Derecho Internacional y al Acuerdo de Ginebra”, agregó.
Venezuela rechazó fallo de Corte Internacional
Venezuela rechazó este viernes el fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en la que señala que cuenta con jurisdicción sobre la controversia del Esequibo con Guyana.
Mediante un comunicado, Venezuela señala que con esta decisión, "la CIJ comete un error incomprensible e insólito, no sólo en términos del consentimiento no prestado por Venezuela a dicha jurisdicción, sino al admitir un objeto de litigio diferente al objeto sustancial de la controversia, tal como fue definido por el Acuerdo de Ginebra de 1966″.
A continuación el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores:
La República Bolivariana de Venezuela ha tenido conocimiento de la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), leída en audiencia mediante video conferencia del día 18 de diciembre de 2020, con relación a la demanda unilateral interpuesta por la República Cooperativa de Guyana contra la República Bolivariana de Venezuela sobre la validez del Laudo Arbitral de 1899.
Sobre el particular, se informa a la comunidad nacional e internacional lo siguiente:
El Acuerdo de Ginebra es la única norma taxativa bilateral vigente, aplicable para dirimir, mediante negociaciones amistosas, la controversia territorial. Lo anterior niega la vía judicial, incapaz de alcanzar el arreglo práctico y satisfactorio que este Tratado impone a ambas partes. En ese sentido, Venezuela ha estado y está dispuesta a entregarse a dichas negociaciones amistosas para alcanzar un arreglo mutuamente satisfactorio.
Al decidir que posee jurisdicción respecto de la validez del laudo arbitral de 1899 con base en la demanda unilateral de Guyana, la CIJ comete un error incomprensible e insólito, no sólo en términos del consentimiento no prestado por Venezuela a dicha jurisdicción, sino al admitir un objeto de litigio diferente al objeto sustancial de la controversia, tal como fue definido por el Acuerdo de Ginebra de 1966.
La Corte con su decisión, no sólo quebranta su propia doctrina establecida y sustentada por décadas, sino también su nutrida jurisprudencia. Por consiguiente, Venezuela rechaza la decisión de la CIJ, en perfecta consonancia con los argumentos que oportunamente le brindó -desde su posición soberana de no compareciente- para coadyuvar con ésta en su deber de dictar un pronunciamiento donde la ley, los principios del Derecho y el Derecho consuetudinario le imponían declarar su evidente falta de jurisdicción.
En consecuencia, y por las razones antes expuestas, la República Bolivariana de Venezuela repudia el fallo emitido por la CIJ en los términos referidos, a la vez que reivindica, una vez más, la vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966 y ratifica que continuará ejerciendo su justo reclamo, habida cuenta del grotesco fraude que implicó el Laudo Arbitral de 1899 en perjuicio de su integridad territorial.
Finalmente, Venezuela reitera su llamado a que esta controversia sea canalizada de forma amistosa y propone el inicio de negociaciones directas con la República Cooperativa de Guyana, en apego al Derecho internacional y sobre la base del Acuerdo de Ginebra de 1966, que mandata a ambas partes a resolver esta controversia de manera pacífica.
La República Bolivariana de Venezuela llama a todo el pueblo venezolano a unirse en torno a esta causa histórica nacional en la defensa de su derecho soberano sobre la Guayana Esequiba y a rechazar una decisión que va en detrimento del Derecho, la historia y la justicia.
El sol de Venezuela nace en el Esequibo
Como dijo Jesús Ollarves Irazábal: "La única posibilidad que tenía Venezuela para reclamar el territorio que le pertenecía era recurrir al arbitraje, pero esa propuesta nunca fue aceptada por los ingleses. Sin embargo, en virtud de la Doctrina Monroe, Estados Unidos hizo suya la reclamación venezolana, y logró que Gran Bretaña aceptara someterse al arbitraje. Para ser más precisos, sin la participación de Venezuela, Estados Unidos negoció con Gran Bretaña el compromiso arbitral de 1897, que luego suscribió Venezuela, obligándose a cumplir lo pactado."
En 1899 se dictó el Laudo de París, que debía ser el “arreglo completo, perfecto y definitivo” de la controversia territorial entre Venezuela y Gran Bretaña. Pero resultó todo lo contrario: un fallo arbitrario, producto del capricho, la colusión y de negociaciones a espaldas de Venezuela.
Venezuela nunca aceptó esa decisión que, por sus vicios, era nula e inexistente en el plano jurídico. Por esta razón, las partes suscribieron el Acuerdo de Ginebra de 1966, para buscar “soluciones satisfactorias” para “el arreglo práctico” de la controversia, que hoy conoce la Corte Internacional de Justicia.
Muchas han sido las críticas sobre la decisión relacionada con la competencia de la Corte Internacional de Justicia sobre el caso del Esequibo. El hecho concreto es que es una “cuestión de Derecho Internacional” que nace del artículo IV, párrafo 2 del Acuerdo de Ginebra, según el cual el Secretario General de la ONU tiene la facultad de elegir, de los medios referidos en el artículo 33, párrafo 1, de la Carta de la ONU, el mecanismo de solución de la controversia fronteriza entre Venezuela y Guyana.
El secretario general de la ONU, António Guterres, consideró que no se había alcanzado un progreso significativo en el proceso de buenos oficios. Guterres, siguiendo la recomendación que había hecho su antecesor, Ban Ki-moon, escogió a la Corte Internacional de Justicia como el medio para la resolución de la controversia.
De nada sirve seguir invirtiendo tiempo en especular las razones por la cual la Corte Internacional de Justicia decidió sobre la jurisdicción en la disputa. Lo más relevante es que la controversia entre Guyana y Venezuela no es jurídica sino esencialmente territorial, y es allí donde debe enfocarse Venezuela.
En la fase escrita y oral del proceso contencioso debe quedar absolutamente claro que el Laudo de París de 1899 es nulo e inexistente, porque fue producto del fraude, la confabulación de los árbitros y la distorsión del Derecho aplicable. Por esa razón, el laudo está viciado de nulidad absoluta lo cual lo asimila a la inexistencia que se confunde con la nada, y el Derecho no tiene que ocuparse de él, porque de hacerlo se estaría ocupado de la nada.
Venezuela deberá ser contundente con los alegatos que caracterizan la nulidad absoluta del laudo y a la Corte Internacional de Justicia le corresponderá evaluar por qué este laudo se apartó completamente de las reglas fijadas por Inglaterra (y aceptadas por Venezuela) en el compromiso arbitral.
También le corresponderá a la CIJ determinar por qué en el laudo no hay ni una frase que explique por qué el territorio en disputa fue adjudicado a Inglaterra, qué fecha crítica se tuvo en cuenta, qué medio de adquisición de territorios habría dado mejores títulos a Inglaterra, qué efecto se dio al Acuerdo de 1850, que había congelado las reclamaciones territoriales entre ambos países, qué valor se dio a los mapas presentados por Inglaterra, qué argumentos resultaron decisivos, o por qué se desestimaron los argumentos de Venezuela.
La motivación de un laudo no se hace de cualquier forma, amerita técnica. Se trata de establecer, de manera convincente, las razones por las cuales el tribunal arbitral tomó su decisión. En este caso, también le corresponderá a la CIJ señalar por qué los árbitros no ofrecieron ninguna justificación para sentenciar como lo hicieron, sin argumentos.
Todos los aspectos históricos y jurídicos sobre este tema nos los ofrece el doctor Héctor Faúndez Ledesma en su reciente libro “La Competencia Contenciosa de la Corte Internacional de Justicia y el caso Guyana vs. Venezuela”, publicado por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y la Editorial Jurídica Venezolana International.
Sin duda, esta obra constituye un aporte fundamental para conocer los detalles jurídicos e históricos de una componenda que despoja a Venezuela de una inmensa porción de su territorio y de sus recursos. También es útil para orientar a los agentes de Venezuela en la construcción de argumentos ante la Corte Internacional de Justicia en la fase de fondo.
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