El Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay (Inau) informó que durante 2016 el organismo detectó un total de 333 casos de explotación sexual comercial y no comercial en todo el país.
La presidenta del Inau y el presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y no Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees), Luis Purtscher, indicaron que de los 333 casos solo son denunciados ante la Justicia aquellos que pueden constatar, que representan "entre un 30 % y un 60 %".
El titular del Conapees señaló que los más de 300 casos presentan "distintos niveles de atención".
En este sentido, el sociólogo explicó que la explotación sexual "no siempre es el primer problema que aparece", ya que "suele expresarse como un continuo de abusos y violencias".
La media de casos en los 19 departamentos (provincias) del país es de 20, según explicó Purtscher.
Sin embargo, departamentos como Canelones y Tacuarembó se encuentran por encima de los 30, mientras que la capital registra un total de 26 casos.
"El problema se expresa a lo largo y ancho del territorio. Siempre las zonas fronterizas son lugares donde el fenómeno se expresa de forma permanente durante todo el año", explicó el titular del Conapees.
Sin embargo, indicó que hay zonas del país en donde el fenómeno sigue el comportamiento de las zafras de determinadas actividades económicas o "situaciones de explotación que se dan en el marco de la temporada turística".
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"Tenemos espacios permanentes que han sido localizados, donde existe tránsito o movimiento de mercancías, puertos, explanadas de camiones, que a su vez siguen la zafra de circulación y embarque de granos o las esperas realizadas por transportistas en la entrada a determinados puentes", sostuvo Purtscher.
Más allá de las cifras, el funcionario señaló que las autoridades son "conscientes" de que se trata de un "subregistro", ya que cuando se aproximan a un caso "en la propia declaración de las víctimas aparecen dos o tres casos más o situaciones cercanas que los adolescentes señalan y relatan".
"Esto generalmente no se da en el primer contacto. El reconocer la vergüenza humillante de estar siendo explotado o ser objeto de explotación no es lo primero que aparece", aseguró Purtscher.
Por eso, aclaró que no se trata de un fenómeno que "puede expresarse libremente", sino que es un "delito".
Ante esta situación, el titular del Conapees señaló que es fundamental contar con "comunidades comprometidas con los menores y comunidades atentas", porque estas son un factor de protección "insoslayable".
"Ni una sola institución ni todo el Estado junto puede (combatir este fenómeno) si las comunidades no empiezan a dar cuenta del problema y saber que siempre algo se puede hacer", subrayó Purtscher.
Con información de EFE