El Gobierno de Uruguay enviará un proyecto de ley al Parlamento para convertir los daños al medio ambiente en delitos penales y, de esta forma, crear "más herramientas" para las penas en las infracciones realizadas sobre el ecosistema uruguayo.
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"Hay un proyecto de ley que la ministra de Vivienda envió al Ejecutivo y lo estarán remitiendo al Parlamento, esto es una primicia", anunció hoy en una entrevista al medio local El País el titular de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), Alejandro Nario.
"Ahí se definen varias situaciones que implicarían delitos penales y las penas asociadas a ellos", añadió.
Asimismo, Nario argumentó que existen "algunos casos" en lo que es necesario tener "alguna herramienta más" y por eso la Fiscalía junto al Ministerio de Vivienda uruguayo hicieron un convenio para generar los delitos penales ambientales.
"Yo creo que hay casos en los que con la sanción económica no alcanza, y es necesario tener otra herramienta que genere un poco más de miedo, entre comillas", recalcó.
La normativa quiere afianzar una alianza entre el Ministerio de Vivienda y la Fiscalía uruguaya para investigar y hacer seguimiento de casos que podrían configurar daño ambiental.
El director de la Dinama comentó que, en lo que va del 2017, se han producido unas 26 o 27 denuncias, casi todas asociadas "al tema de costas", sucesos que calificó como "exponencialmente crecientes" en relación a las denuncias realizadas en el mismo periodo de tiempo el año anterior.
"La condena social es el mejor control ambiental que podemos tener. Yo llamo a la población a que denuncie", expresó.
Este proyecto de ley se da en medio de una polémica surgida por la fiesta Corona Sunsets organizada el pasado 6 de enero en el Balneario Buenos Aires, en la zona de la Barra de Maldonado, al sureste de Uruguay.
La celebración se llevó a cabo en una zona de dunas, considerada una región protegida desde el punto de vista ambiental.
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente uruguayo decidió sancionar a los organizadores del evento con una multa de 1.685.934 pesos (58.800 dólares).
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Sin embargo, las autoridades de la Intendencia de Maldonado defienden la realización de estos actos que forman parte de la agenda de la temporada turística.
Al respecto de eso, Nario sostuvo que "a la gente no le gusta el asfalto y la playa. Vienen a buscar en Uruguay otra cosa".
"Hay un valor que no estamos viendo en ese sistema que es lo que la gente viene a ver", remarcó.
Con información de EFE
