Pese a ser la democracia más sólida de Suramérica, Uruguay arrastra un sistema carcelario protagonizado por el hacinamiento y la falta de recursos humanos, por ello ahora las autoridades penitenciarias recomiendan al Gobierno un cambio para salvar a los presos de la deshumanización y la violencia.
Concretamente, el Comisionado Parlamentario Penitenciario uruguayo, Juan Miguel Petit, alertado por el elevado número de muertes registradas en las cárceles del país en lo que va de año -37 en total, 15 sólo por homicidio, la cifra más alta de la década- redactó recientemente un documento por el que recomendaba al Ejecutivo medidas para solucionar la situación.
"Viendo la seguidilla de estas muertes y que esos episodios nos decían mucho sobre el estado del sistema penitenciario, decidimos realizar una investigación sobre cada uno de los casos", explicó Petit en su informe.
Las muertes y la alta violencia que se vive en las cárceles uruguayas, que el pasado 16 de noviembre se cobró su última víctima, son sintomáticas del hacinamiento, la desocupación -origen de los conflictos mortales entre los presos en muchos casos que se pelean por las escasas tareas disponibles- y la falta de recursos humanos, tanto a nivel de seguridad, como en la administración.
"En mi caso necesitaría 300 funcionarios más para trabajar mejor en la prisión", dijo a Efe el director de la Unidad Nº7 de Canelones (noroeste), Alejandro Carballo, un centro que pese a superar su capacidad en 400 internos no ha sufrido ningún asesinato y "sólo" 5 incidentes con sangre desde la incorporación del jerarca en mayo.
Un panorama diferente al de la Unidad Nº4 de Montevideo o Comcar, el macropenal considerado como el más peligroso de Uruguay, que desde final de agosto, cuando asumió la dirección Gonzalo Larrosa, ha registrado un homicidio al mes.
Ambos nuevos directores encarnan el esfuerzo por cambiar el sistema que se inició el 2010 con una reforma penitenciaria, que según Petit, en la actualidad necesita un nuevo impulso que en centros como el Comcar ya se está materializando.
Cuando Larrosa asumió su puesto, se encontró con dos módulos tomados por los presos, en los que ni siquiera los servicios de asistencia médica podía operar, y otro módulo con tasas tan altas de hacinamiento que llegó a albergar a 880 personas pese a tener capacidad para 310.
En los últimos tres meses, Larrosa ha conseguido redistribuir a los presos a través del estudio de los casos y bajar esa cifra a 590, aunque planea dejarla en 400.
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"Llevamos 200 años mirando cómo funciona el sistema, ahora es el momento de dar lugar a probar con nuevos sistemas. Nos podemos equivocar, pero también vamos a acertar", dijo en una entrevista con Efe.
Según el funcionario, además del "déficit impresionante" de personal público que existe, y que desde el Ministerio de Interior ya se trabaja para ponerle solución, hay que abrir las cárceles a la sociedad para "humanizar" en vez de "bestializar" a los reclusos y que pueda existir una posterior reinserción.
Su mirada pedagógica, a través de la cual busca pasar del "vigilar y castigar" al "vigilar y educar", coincide con la de Luis Parodi, director de la cárcel de Punta Rieles, el otro extremo del sistema al estar considerada como la más segura.
Punta Rieles no sufre un incidente mortal desde hace tres años, y es pionera en actividades para los presos como clases de yoga, que permiten una convivencia respetuosa entre los 620 reclusos y más de 200 funcionarios y policías que trabajan en el centro, que "además de vigilar, educan", dijo.
"La otra vigilancia está demostrado que nunca sirvió. Tiene que haber una relación educación. Que haya educación como fin a mejorar la relación humana (…) lo otro es encierro. Aquí todos estamos seguros, tanto ellos como nosotros", aseveró.
Todos los funcionarios y expertos coinciden en que aunque se avanza en la reforma, aún queda un largo camino por recorrer, que también pasa por modificar el sistema de castigo estatal, puesto que en ocasiones se aplican penas carcelarias de corta duración por delitos menores, que contribuyen a la superpoblación y que impiden trabajar con el interno, "porque sabe que va a salir pronto", según Carballo.
En la región, sólo Brasil posee una tasa de encarcelamiento superior a la de Uruguay por cada 100.000 habitantes, que según las últimas cifras disponibles se sitúa en 288 encarcelados cada 100.000 habitantes.
Con información de: EFE
