La causa por presunta corrupción en la gestión de la petrolera uruguaya Ancap, investigada por la Justicia especializada en Crimen organizado a raíz de una denuncia presentada por integrantes de la oposición, llevó a la empresa a marcar una postura clara respecto al respaldo a los jerarcas que serán citados. Al tratarse de citaciones personales, no se les pagará asesoramiento legal, por lo que deberán buscarse sus propios abogados o, en su defecto, recurrir a los de oficio.
Redacción El Político
Hace algunos meses, el Directorio de Ancap se reunió con gerentes que sabían que podían ser llamados a declarar, y ante el pedido de que el organismo se hiciera cargo de sus defensas la respuesta fue negativa, indicaron fuentes del organismo al diario El Observador.
Esa posición se debió principalmente a que se considera que son citaciones que escapan a la gestión actual de la empresa. De hecho, el cedulón no es enviado a Ancap sino al domicilio particular de los involucrados.
La jueza especializada en Crimen Organizado Beatriz Larrieu marcó las primeras audiencias para el jueves 23 y viernes 24 de febrero, y estarán centradas en la fiesta que se realizó por la inauguración de la planta desulfulizadora de La Teja, informó el semanario Búsqueda. Así lo solicitó la exfiscal del caso, María de los Ángeles Camiño, quien pidió el miércoles ser trasladada y dejar de estar a cargo de una de las dos fiscalías de Crimen Organizado. Ayer asumió en su lugar el fiscal Luis Pacheco.
En la primera audiencia declararán como indagados el secretario general del ente, el gerente de Relaciones Institucionales y Comunidad, y la gerenta de Comunicación Corporativa. Al día siguiente, deberán concurrir también como indagados el director de la agencia de publicidad La Diez, y el titular de Latin Design & Envents. Esa empresa fue contratada por La Diez para organizar el evento, que tuvo un costo de unos US$ 360.000 y está dentro de la denuncia presentada en abril del año pasado.
Lea la nota completa en El Observador
