Castigado por una profunda crisis económica y política, el estado de Río de Janeiro es víctima además de una red de corrupción para desviar fondos públicos en la que, según la Policía, está implicado el Tribunal de Cuentas y puede alcanzar incluso a la cabeza de la Asamblea Legislativa local.
La Justicia brasileña dictó orden de prisión para cinco de los siete consejeros del Tribunal de Cuentas de Río, el órgano que se encarga de fiscalizar el gasto público y velar por su transparencia, y emitió también una orden que obliga a declarar a Jorge Picciani, presidente de la Asamblea Legislativa del estado.
Picciani, que fue conducido por la policía a declarar, es el padre del actual ministro de Deportes, Leonardo Picciani, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la misma formación del presidente Michel Temer.
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La operación, bautizada "O Quinto do Ouro", que movilizó hoy a unos 150 agentes de Policía en Río de Janeiro, investiga la participación de miembros del Tribunal de Cuentas en el cobro de sobornos de empresas que firmaron contratos con órganos públicos.
La investigación ha destapado los nexos para defraudar entre las principales instituciones del Gobierno del estado de Río, ya que los consejeros del Tribunal son elegidos por los gobernadores y sus informes pasan por la Asamblea Legislativa regional.
Según la Policía Federal, algunos miembros del Tribunal, incluido su presidente Aloysio Neves, habrían recibido dinero de forma irregular para "favorecer el análisis de cuentas y contratos" de empresas que estaban bajo su supervisión.
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Los sobornos alcanzaban hasta el 20 % del valor de los contratos, de acuerdo con los investigadores, que bautizaron la operación como ‘Quinto do Ouro’ en alusión al ‘Quinto da corona’ que obligaba al pago del 20 % de impuestos a la monarquía durante la etapa colonial.
La red opera desde hace décadas, pero se "profesionalizó" durante la gestión del exgobernador de Río de Janeiro Sergio Cabral, quien se encuentra en prisión acusado de liderar una red corrupción que desvió millones de dólares en los contratos de obras para la celebración del Mundial de Fútbol 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016.
De los cinco consejeros detenidos, dos fueron propuestos por Cabral -entre ellos el actual presidente del Tribunal, Aloysio Neves- y tres por el exgobernador Marcello Alencar, que nominó incluso a su hijo Marco Antonio.
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Las investigación comenzó tras la confesión de un sexto consejero del Tribunal de Cuentas, Jonas Lopes, que a finales del pasado año fue conducido a declarar por su presunta implicación en los desvíos de fondos públicos en la reforma del estadio Maracaná.
Según un exalto cargo de la constructora Odebrecht, Lopes le pidió dinero para aprobar la concesión de las obras del estadio para el Mundial de 2014 y de la línea 4 del metro de Río de Janeiro.
El presupuesto inicial de la reforma de Maracaná se situó en unos 705 millones de reales (unos 124 millones de dólares), pero terminó subiendo a 1.200 millones (363 millones de dólares), de los cuales al menos 12 millones (3,63 millones de dólares) habrían sido desviados para el pago de sobornos, según la Policía.
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La operación ha sacudido a la opinión pública brasileña y muy especialmente a Río de Janeiro, donde el Gobierno local ha rebajado los sueldos de los empleados públicos, se ha retrasado en los pagos y plantea ajustes de plantillas que pueden afectar a miles de funcionarios.
Los recortes alcanzan incluso a la Policía civil, que desde hace semanas se niega a recibir denuncias en protesta por sus condiciones laborales y el retraso en el cobro de sus salarios.
Con información de EFE
