El Político.- Andrea Rodríguez mira absorta por el balcón mientras se fuma un cigarro. Su estampa es post apocalíptica. Junto a ella, en uno de los edificios ubicados en la terraza 10 del complejo habitacional El Morro, hay un cerro de escombros. Enfrente, el pavimento es completamente irregular, y detrás –dentro de la casa– resuenan los gritos juguetones de tres niños. Su apartamento es uno de los pocos de esa torre que sobrevivió a la purga. Sus ocho habitantes se niegan a irse, a menos que sea para otro urbanismo de la Misión Vivienda situado en Caracas.
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Pagan su testarudez viviendo en medio del caos. No tienen vecinos, a cambio los rodean trozos de bloques hechos trizas a punta de mandarriazos, paredes grafiteadas y áreas a medio demoler. “Es agobiante: el ruido, los martillazos, los escombros. La bulla comienza desde bien temprano en la mañana”, cuenta Andrea. En esa terraza permanecen aún 57 familias. La vista de fondo, el recordatorio constante del peligro que corren, es el esqueleto de cuatro torres completamente inclinadas que, pese a ser desalojadas en 2013, no fueron demolidas sino hasta el 4 de septiembre, después de que un sismo de magnitud 4.5 en la escala de Richter repercutiera en sus paredes.
Pero los edificios 5, 6, 7, y 8 de la terraza 10 no estaban vacíos al momento del temblor. Poco tiempo después de que los declararan inhabitables fueron invadidos. Estos visitantes sin invitación fueron quienes pasaron el mayor susto ese 30 de agosto a las 10:01 de la mañana. Los terremotos no aniquilan a las personas; son las construcciones que colapsan las que causan las muertes. Ese día no hubo víctimas que lamentar, pero dejó en el aire la interrogante de qué tan seguras son las obras de la Misión Vivienda cuando ocurre un evento telúrico.
La respuesta a esa pregunta es difícil de precisar. Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, argumenta que esa institución no posee información oficial sobre los cálculos estructurales de la Misión Vivienda: “Eso es un secreto de Estado. Solo lo sabe la gente de la misión y los constructores. Lo que se conoce es lo que se ha denunciado por todos los medios, de edificios con grietas, fisuras o asentamientos”.
La Misión Vivienda es inauditable. El público desconoce la calidad de los materiales utilizados, el total de la inversión, si se realizaron los estudios de suelo correspondientes y el número de unidades habitacionales efectivamente fabricadas. La ONG Transparencia Venezuela en un boletín emitido en septiembre de 2016 reportó: “Son muchos los urbanismos construidos sin los estudios de factibilidad y riesgos requeridos para edificaciones, seguimiento de control de licitaciones, criterios de selección de los beneficiarios, entre otros elementos, lo que incrementa los niveles de corrupción a lo interno del programa, acentúa la opacidad de la información y el derecho a la vivienda en condiciones adecuadas”.
A buen observador
Ni el gremio, ni la academia, ni la cámara de construcción privada meten las manos al fuego por la calidad de este programa social, creado por el gobierno del fallecido Hugo Chávez en 2011. Desde entonces la Misión habría erigido 1.757.779 hogares,según declaró Manuel Quevedo, ministro de Hábitat y Vivienda, el pasado 19 de septiembre. Se desconoce si en esta cuenta se incluyen los apartamentos demolidos en El Morro.
Durante la reunión semanal del Órgano Superior de Vivienda, reporta AVN, se anunció que se aprobaron 4.650 millones de bolívares para la compra de materiales por parte de Construpatria. “También se destinará a los proyectos de la Fundación Misión Hábitat (FMH) un monto de 8.722 millones de bolívares y otros 277 millones para la edificación de techos dignos”. Su meta es alcanzar 3.000.000 de viviendas construidas y entregadas, para 2019. Objetivo que ya se había fijado el difunto.
Alfredo Cilento, investigador y cofundador del Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción (IDEC), de la Universidad Central de Venezuela (UCV), afirma: “Nosotros creemos que hay vulnerabilidad en los edificios de la Misión Vivienda. En algunas zonas es más o menos evidente. Sabemos que no está clara la calidad de los estudios de suelo, o si fueron hechos. Tampoco permiten la entrada de estudiantes, o que se hagan inspecciones independientes. Nada se puede constatar o comprobar porque al Colegio de Ingenieros nunca se le permitió revisar los planos o los estudios. Está rodeado de un secretismo que impide a los profesionales emitir una opinión autorizada”. Sin embargo, el arquitecto enumera las evidencias que están a simple vista, como lo ocurrido en El Morro. Asegura que en el urbanismo construido dentro de Fuerte Tiuna también fue necesario demoler algunas torres, aunque todavía no estaban habitadas. “No se puede asegurar que todos esos edificios sean vulnerables, pero sí sabemos que algunos lo son”.
Gustavo Izaguirre, decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCV, señala que por observación se pueden identificar dos elementos constructivos que claramente transgreden la norma sismo resistente venezolana que data del año 2000: los edificios tienen una sola crujía o pórtico y las losas en volado combinadas con paredes de cerramiento no armado. “Esos son factores completamente desfavorables en caso de sismo, porque las paredes pueden agrietarse o caerse”.
También se desconoce si las contratistas provenientes de Rusia, China o Bielorrusia adaptaron sus sistemas constructivos a las características venezolanas. “No se sabe porque no fueron licitados. Se entregaron los contratos en mano por los supuestos convenios de cooperación entre Venezuela y los gobiernos amigos. Puede que no pase nada o puede que pase mucho. Nadie está en capacidad de decirlo”, asegura Cilento.
En su página web, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) advierte que “los eventos sísmicos representan uno de los mayores riesgos potenciales en Venezuela en cuanto a pérdidas humanas y económicas. En la actualidad, aproximadamente 80% de la población vive en zonas de alta amenaza sísmica, variable que aumenta el nivel de riesgo, haciéndolo cada vez mayor a medida que se eleva el índice demográfico y las inversiones en infraestructura”. La zona de mayor actividad sísmica es una franja de 100 kilómetros de ancho, a lo largo de los sistemas montañosos de Los Andes, la Cordillera Central y la Cordillera Oriental. Allí se ubican las tres fallas principales: Boconó (pasa por Los Andes y Lara), San Sebastián (pasa bajo el mar, frente a Maiquetía) y El Pilar (causante de los temblores en el estado Sucre).
Al sur y norte de Caracas hay otras fallas secundarias, como La Tortuga, La Victoria, Santa Rosa, Tacagua-Ávila. “En una escala del 1 al 9, el riesgo sísmico de Caracas es de 5”, asevera Izaguirre. Cilento agrega que la capital es una ciudad muy expuesta y cualquier edificio por muy bien hecho que esté puede sufrir.
Otro factor que incide en la vulnerabilidad de estos edificios es su construcción en terrenos no aptos y en los que nunca se había permitido el desarrollo residencial. Es el caso de Ciudad Caribia, la Misión Vivienda Nelson Mandela, ubicada en Cumbres de Curumo, y el propio Morro, ubicado en un terreno que le pertenece al Estado desde la década de los setenta y en los que nunca se habían otorgado permisos.
Transparencia reseña, por ejemplo, que el Conjunto Brisas del Alba en Mérida, se ubica “en un terreno con zona de riesgo para construir establecido así mediante el Decreto Presidencial Nº194 del 03/07/1979 que lo señala como área crítica con prioridad de atención de tratamiento cuenca Río Albarregas”. En otro boletín refieren el caso del urbanismo Estrellas Revolucionarias, en Las Filas de La Rinconada en Caracas, en donde “cuatro torres presentan riesgos estructurales, debido a que fueron construidas en una colina cuya pantalla atirantada dejaron sin terminar y las torres no tienen apoyo”.
Sin noción del peligro
Los habitantes de Ciudad Caribia –situada en una zona de alta sismicidad, afirma Cilento– viven ajenos a este riesgo potencial. Luis López, pensionado, asegura que no sintió nada cuando tembló el 30 de agosto. Se enteró por las noticias. Él, que quedó damnificado en Nueva Tacagua, considera a Caribia como un paraíso, así que reconoce sin mucha preocupación que en los seis años que lleva viviendo allí nunca han hecho un simulacro, que no tienen planes de contingencia y que desconoce las salidas de emergencia. No es el único. Victoria Albornoz afirma que la gente allí “no le paró mucho” al temblor; aunque después de pensarlo cae en cuenta en que sí deberían tener un plan en caso de urgencias y cierra: “Esto es divino, principalmente por el clima”. Lo mismo dice Marlene Delgado, que llegó al urbanismo tras perder su casa en la carretera vieja Caracas-La Guaira. “Nosotros no sabemos nada de salidas de emergencia. Aquí se vive bueno. Esto es muy tranquilo”, remata.
Aura Fernández, presidenta de Funvisis, también desecha las críticas. El 21 de septiembre aseguró en el programa Encendidos que se transmite por VTV, que los edificios construidos por la Misión Vivienda se hicieron considerando las investigaciones sísmicas; e invitó a no hacer caso a las cadenas que se difunden a través de las redes sociales, pues ocasionan “confusión en la población”.
A Izaguirre, en cambio, le preocupa el riesgo general de la ciudad en caso de un terremoto, en especial por la falta de preparación y entrenamiento para actuar en estos casos: “Yo he vivido en el mismo edificio por 15 años y nunca hemos hecho un simulacro, no hay una red donde refugiarse o alimentarse, o algo que indique en dónde hay que ir en caso de desastre. En especial causan mucha preocupación las zonas de barrios, con viviendas autoconstruidas de varios pisos. No estamos preparados”, concluye.
Los habitantes de El Morro, por su lado, insisten en que el suyo fue un problema que comenzó antes del sismo de hace un mes. Es una cosa de años. “Estos edificios vienen colapsando desde hace cinco años. Tenemos cinco años pidiendo reubicación”, enfatiza Brenda Blanco, quien vio su rancho hundirse en Guaicoco.
Jean Carlos Rodríguez perdió su casa en Gramoven, Catia, y siete años después experimentó cómo en la madrugada el edifico en el que ahora vive “se hundió de golpe, se asentó”. La primera fue producto de su impericia, la segunda resultado de la irresponsabilidad estatal. “Apenas teníamos una semana de haber llegado aquí, cuando vimos cómo se inclinaba uno de los edificios que después fue declarado inhabitable”. Los trasladaron desde Catia hasta “lo último de Petare” y ahora les ofrecen reubicarlos en Barlovento, Valencia u Ocumare del Tuy. Opciones que no están dispuestos a tomar. “Estamos cansados de ir a Corpomiranda. Quevedo vino y nos hizo muchas promesas y ahora no ha vuelto a aparecer y nosotros tenemos que irnos para donde haya”, reclama. Dice que a Ciudad Caribia sí estarían dispuestos a irse, y cierra: “No tenemos ningún plan de contingencia o evacuación. Si pasa algo grave cada quien queda a su riesgo. No nos sentimos preparados. Actuamos por instinto. Aquí estamos abandonados”.
Vía ElEstimulo
