El nuevo Gobierno brasileño busca acelerar un programa de ajuste para contener el déficit y reactivar la economía, pero el anticipo de reformas del régimen de jubilaciones y del mercado laboral pusieron en alerta a la población y a sus aliados en el Congreso.
El ascenso del actual presidente Michel Temer, tras el impeachment (juicio político) de la exmandataria Dilma Rousseff, fue apoyado por varios partidos que ahora miran las elecciones municipales de octubre como una posibilidad de ampliar su dominio territorial y no quiere que medidas impopulares bajen sus opciones.
El Gobierno ya envió una propuesta de enmienda constitucional para limitar por 20 años el gasto público al aumento de la inflación, levantando cuestionamientos por posibles recortes en salud y educación.
Para el economista y exfuncionario del Banco Mundial Claudio Frischtak, la mayor economía latinoamericana se quedó sin posibilidades y debe ajustar duro.
"Es la prioridad absoluta del Gobierno. Así no podemos seguir. Ponerle un techo al gasto público va a obligar al Congreso y a la sociedad a repensar el Estado, su tamaño y sus gastos, porque estamos llegando a una situación de inviabilidad fiscal", afirmó.
El martes próximo, el Gobierno también dará el primer paso de su programa para reducir la presencia estatal en la economía, con anuncios de concesiones en infraestructuras.
"La desestatización" de Brasil, como la llamó Temer, comenzará con proyectos por unos $6.000 millones, adelantó un asesor de prensa del Gobierno.
Las reformas a los regímenes de seguridad social y de trabajo, cuyo contenido no ha sido divulgado oficialmente, tocan temas de alta sensibilidad, como el aumento de la edad de retiro y la flexibilización de las jornadas laborales, que podrían llegar hasta 12 horas, dijo el ministro de Trabajo, Ronaldo Nogueira.
El anuncio generó polémica y el gobierno negó tajantemente este viernes en un comunicado que esté estudiando un aumento de la carga horaria semanal de 44 horas, sino que evalúa la posibilidad de distribuir esas horas de manera diferente.
El Partido de los Trabajadores (PT) empezó a foguear a la opinión pública con ese tema, y prometió hacer frente a estas propuestas.
Temer deberá lograr que el Congreso acepte administrar esas pociones amargas a una población exhausta por una larga crisis y hastiada de la corrupción política. Y las tres reformas –jubilación, trabajo y techo del gasto– exigen enmiendas constitucionales con el respaldo de tres quintos de los legisladores de ambas cámaras.
Ante el temor de que las presiones terminen diluyendo las medidas, el partido socialdemócrata PSDB, aliado al oficialismo pero con ambiciones propias de poder en 2018, dejó en claro que no es momento de ambigüedades.
"No sirve de nada tener popularidad y adoptar decisiones simpáticas. Si hay que tomar medidas amargas hay que tomarlas", dijo el senador Paulo Bauer.
"Tenemos 12 millones de desempleados; gobernadores y alcaldes con grandes dificultades; la industria y el comercio están sufriendo y los funcionarios reclaman mejoras salariales. No hay forma de atender eso si antes no damos vuelta el juego", agregó.
Para algunos economistas Brasil está frente a una opción binaria: o frena los gastos o se vuelve insostenible.
Los gastos en seguridad social crecen continuamente porque las jubilaciones se corrigen según aumenta el salario mínimo, que a su vez está indexado a la la inflación y acrecentado por una ganancia extra si la economía crece.
Con información de La Nación
