La tensión política en Brasil aumentó este lunes con la homologación de testimonios de exejecutivos de Odebrecht que pueden estremecer al Gobierno y a la oposición y afectar a unas cruciales elecciones en el Parlamento.
La presidenta de la Suprema Corte (STF) de Brasil, Carmen Lucia Antunes, homologó este lunes las delaciones realizadas por 77 exejecutivos de la constructora Odebrecht, una de las compañías implicadas en el gigantesco escándalo de corrupción de la petrolera estatal Petrobras.
La titular de la STF decidió validar estas confesiones tras la muerte del juez instructor del caso, Teori Zavascki, en un accidente aéreo ocurrido el pasado 19 de enero, pero mantuvo el secreto sobre las delaciones y determinó que solo podrá ser levantado por el magistrado que asuma la instrucción del proceso, que aún no ha sido nombrado.
La validación de las delaciones -pactadas por los acusados con la Justicia a cambio de una reducción de condena- permitirá a la Fiscalía avanzar en las investigaciones de la monumental trama de corrupción de Petrobras, destapada en la operación Lava Jato.
LEA TAMBIÉN: Supremo de Brasil aprueba confesiones de exejecutivos de Odebrecht
Pese al secreto de sumario, las filtraciones adelantadas a la prensa local sobre algunas de las delaciones de los exejecutivos de la constructora salpican a decenas de políticos, entre los cuales figurarían varios ministros y gestores del presidente brasileño, Michel Temer, y su antecesora, Dilma Rousseff.
La onda expansiva de esos testimonios es una amenaza también para el Parlamento, que esta semana renovará a sus autoridades en unas elecciones internas que se celebrarán el próximo miércoles en el Senado y el jueves en la Cámara de Diputados.
Esas elecciones son cruciales para el Gobierno de Temer, pues de su resultado dependerá la prioridad que en ambas cámaras se le dará a unas polémicas reformas del sistema de jubilaciones y de las leyes laborales que ha propuesto para intentar mejorar el clima económico en un país que ya lleva dos años en profunda recesión.
LEA TAMBIÉN: Implicado en caso Odebrecht no se acogerá a confesión sincera
El favorito en la Cámara baja es el actual presidente de ese órgano legislativo, Rodrigo Maia, del partido Demócratas (DEM), que integra la base política de Temer y aspira a ser reelegido, pero que también habría sido citado por exdirectores de Odebrecht entre los políticos beneficiados por la corrupción.
En la misma situación está el senador Eunício Oliveira, miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera Temer.
Oliveira tiene todas las cartas para ganar la interna del Senado pero, como Maia, se sospecha que también recibió comisiones ilegales por favorecer las operaciones de Odebrecht.
En la oposición, que encarna el Partido de los Trabajadores (PT), de la expresidenta Dilma Rousseff, destituida en agosto pasado, ya no hay fuerza política para pelear por cargos, al punto de que esa formación hasta baraja la posibilidad de apoyar a los candidatos de Temer en ambas cámaras.
LEA TAMBIÉN: Marcelo Odebrecht declara ante juez de la Corte Suprema brasileña
Y como ocurre en la base oficialista, la preocupación mayor está centrada en los testimonios de los exdirectivos de Odebrecht, pues se teme que incriminen aún más al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder incontestable del PT y con cinco juicios abiertos por supuesta corrupción.
De acuerdo con la Justicia brasileña, Odebrecht pagaba millonarios sobornos para adjudicarse los contratos de Petrobras y ofrecía financiación electoral ilegal a los políticos que amparaban las corrupción en Brasil y otros países de Latinoamérica y África.
En diciembre pasado, el grupo Odebrecht anunció la firma de acuerdos por los que se comprometió a pagar multas por un total próximo a los 6.960 millones de reales (unos 2.175 millones de dólares) a los gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Suiza para compensar los actos ilícitos por los que se le investiga.
En paralelo a esos acuerdos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó unos documentos que desvelaron que la constructora pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluido Brasil.
Con información de EFE
