Un equipo de policías investigó durante dos años el vínculo entre narcotraficantes peruanos y una casa de cambio uruguaya. En medio de la campaña electoral, en junio de 2014, al culminar la primera etapa de la investigación sobre lavado de dinero, aparecía un nombre público entre los involucrados: Pablo Ferreri, entonces director de la Dirección General Impositiva (DGI) y actual subsecretario de Economía. "Recibí la orden de mis jerarcas de detener al contador Ferreri y vincularlo a los hechos", denunció el sábado ante la Justicia el exsubcomisario Leonardo González, exjefe del Departamento II de la Dirección General de Información e Inteligencia, donde se realizó la investigación policial.
Los dos dueños y el oficial de cumplimiento del cambio Shernu fueron procesados con prisiónpor lavado dinero para narcos vinculados a Vladimiro Montesinos, exasesor del expresidente peruano Alberto Fujimori. "En la investigación se recabaron escuchas telefónicas y testimonios que mencionaban a personas públicas, algunos con cargos de relevancia en el gobierno nacional, entre ellos, el contador Ferreri", expresa la denuncia a la que accedió El Observador.
El contador Ferreri había trabajado en el cambio de uno de los involucrados y por ello fue citado a la sede de Inteligencia, donde explicó cuál había sido su vínculo con esa persona. El entonces director de DGI nunca fue detenido ni citado a declarar como testigo ni como indagado ante el juez Néstor Valetti, que dirigió la investigación.
El exoficial de Inteligencia sostiene en su denuncia que se negó a detener y a involucrar a Ferreri, lo que le generó "perjuicios varios": fue separado de la investigación, sumariado y finalmente destituido. Además, su nombre apareció en el semanario Búsqueda el 9 de octubre de 2014. "Autoridades remueven a un oficial de Inteligencia que con supuestos engaños quiso involucrar a exdirector de Rentas en caso de lavado", se titulaba la nota.
El exoficial cita en la denuncia un informe del entonces director de Inteligencia, José Colman, fechado un día antes de la publicación de la nota periodística. "En el mes de agosto irrumpió en mi despacho el subcomisario González (…) y nos anuncia el inminente procesamiento de Ferreri como integrante de la organización que estaba investigando", expresaba Colman en el oficio que elevó al Ministerio del Interior. El Observador intentó comunicarse con Colman pero no pudo. El funcionario fue relevado en enero de 2015 de la dirección de Inteligencia.
En contrapartida, González expresa en su denuncia que él no engañó a nadie ni intentó "detener" e "involucrar" a Ferreri, sino que fueron sus "jerarcas". El exoficial denunció por ello a "funcionarios del Ministerio del Interior y de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia" y pide el testimonio de Colman, el juez Valetti y el fiscal Juan Gómez (que participó del caso), entre otros.
Ferreri pidió "ir hasta el fondo"
Para demostrar que la intención de involucrar a Ferreri en actos delictivos no fue suya sino ajena, González relata que, después de que fuera separado del cargo, dos oficiales de Inteligencia se reunieron en Lima con el fiscal de Perú que investigó al grupo de narcotraficantes. "Como consecuencia de la actuación de los subcomisarios enviados a Perú, la fiscalía peruana envió un exhorto a la justicia uruguaya solicitando explicar la situación del contador Ferreri (…) y su relación con el lavado de activos procedente de la organización de Montesinos, a sabiendas de que del procedimiento judicial en nuestro país no había surgido elementos para involucrar a Ferreri, como consta en el expediente judicial", sotiene González en la denuncia. El actual subsecretario de Economía dijo a El Observador que esta denuncia "es una muestra más que clara de que no tenía absolutamente nada que ver con este caso", y agregó que "de ser cierto lo que esta persona dice, estamos ante un hecho gravísimo. Me imagino que quienes tengan que analizarlo tendrán que ir hasta el fondo porque si es cierto estaríamos ante corrupción policial. De solo pensar que puede ser cierto, me causa estupor", expresó Ferreri.
Por su parte, González sostiene que luego de ser separado del caso, fue trasladado a la seccional 17, en Casavalle, "donde corría peligro de vida". Al no asistir a la seccional, se le inició un sumario administrativo y se le retuvo el sueldo. Por la supuestas irregularidades en la retención del salario, presentó otra denuncia penal.
La jueza Fanny Canessa informó a El Observador que dio la orden de que se forme un expediente para investigar estas denuncias.
Con información de El Observador
