Incluso después de haber sido secuestrado y asaltado fuera del campamento de migrantes donde había dormido durante dos semanas, Luis Osorto decidió que su única chance de asilo en Estados Unidos era quedarse en la frontera norte de México.
El Político
Pero el hondureño de 37 años hizo un pacto consigo mismo: no abandonar el impovisado campamento de tiendas de campaña al final de un puente entre Matamoros y Brownsville, Texas, ni siquiera para comprar agua o recoger transferencias de dinero de su familia.
El pequeño refugio, en una plaza parcialmente cercada que colinda con edificios administrativos a sólo unos metros del río Bravo, alberga a aproximadamente a 1,000 migrantes, muchos de ellos enviados de regreso a México mientras aguardan audiencias migratorias en Estados Unidos bajo el programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés).
“Ahora espero aquí y confío en otra persona (…) para obtener 70 pesos (3,5 dólares)”, confesó Osorto.
El MPP, que inició a principios de 2019, es una de varias políticas estadounidenses superpuestas destinadas a reducir severamente las solicitudes de asilo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya postura de línea dura sobre la inmigración fue un pilar de su campaña para las presidenciales de 2016, ha dicho que las leyes de asilo en su país alientan a las personas a presentarse en la frontera con sus hijos.
Antes del MPP, era común liberar a las familias que llegaban a Estados Unidos para esperar sus audiencias migratorias, algo que Trump y otros dijeron que permitió que muchos inmigrantes desaparecieran en el país para vivir ilegalmente. Pero estudios han demostrado que la mayoría sí se presenta a sus audiencias.
Más de 51,000 personas, principalmente centroamericanos, han sido enviadas a México desde que comenzó el programa MPP en enero, según la Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).
Pero los informes de secuestro y extorsión han aumentado desde que el programa se expandió a Matamoros y a la ciudad cercana Nuevo Laredo en el peligroso estado Tamaulipas.
Human Rights First, un grupo de derechos con sede en Estados Unidos, documentó en agosto 110 casos denunciados públicamente de violación, secuestro, explotación sexual y otros actos de violencia contra los repatriados del MPP.
Fuente: Reuters
