La corrupción y un sistema judicial politizado obstaculizaron los esfuerzos para investigar los abusos", dice el informe sobre derechos humanos según el "Informe Blinken".
El Político
Sobre Argentina, el informe presentado en el Congreso de los Estados Unidos, dice que "las autoridades civiles mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad", pero persisten varios problemas.
Sistema judicial politizado
Además de los severos problemas de un sistema judicial politizado, el informe denuncia corrupción, asesinatos y torturas, malas condiciones carcelarias y violencia antisemita.
En la presentación del informe, Blinken declaró que el presidente Biden ‘está comprometido a poner los derechos humanos en el centro de la política exterior de Estados Unidos’.
La infaltable corrupción
En cuanto a la corrupción, el informe cita las investigaciones “contra figuras políticas en ejercicio y ex de alto rango, incluida la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el expresidente Mauricio Macri”.
Así, menciona que la expresidenta y otras 52 personas “fueron acusadas de recibir sobornos, pago de sobornos o ambos en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015”.
Continúa: “Los fiscales estimaron el valor total del esquema de soborno en $160 millones. Fernández de Kirchner y sus hijos enfrentaron otros cinco casos de corrupción financiera a partir de noviembre”.
A Mauricio Macri, se lo menciona en la investigación del espionaje ilegal durante su Gobierno.
El Caso De Vido
El informe hace referencia también al exministro de Planificación Julio De Vido. “Condenado a cinco años y ocho meses por fraude, uso indebido de fondos y falta de supervisión en accidente de tren en 2012 que mató a 52 personas”.
Derechos humanos
En un apartado dedicado a la integridad de las personas, el texto indica que “hubo varios informes de que el gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegales”.
“El Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial de la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires reportó 134 muertes en 2019 por uso de fuerza injustificada o excesiva por parte de la policía.
Informó que hubo 401 muertes en 2019 a manos de las fuerzas policiales. "Afirmaron que las investigaciones sobre la violencia policial letal en la provincia fueron limitadas”.
Sigue el drama de los desaparecidos
También alerta que “hubo informes de desapariciones por parte de las fuerzas de seguridad o en su nombre durante el año”. Menciona, entre otros casos, el de Facundo Astudillo Castro, quien “desapareció el 30 de abril mientras hacía autostop aproximadamente a 120 kilómetros de su casa a Bahía Blanca.
Citando a la Defensoría del Pueblo Penitenciario (PPN) reporta “427 casos de tortura o maltrato en 2019. Hasta junio, había registrado 87 casos”.
Justicia y “manipulación política”
“La ley establece un poder judicial independiente, pero los funcionarios gubernamentales no siempre respetaron la imparcialidad judiciales. Según las ONG locales, los jueces de algunos tribunales penales y ordinarios fueron sometidos a manipulación política”, alerta el documento.
Y añade: “Las demoras, los atascos procesales, las brechas prolongadas en el nombramiento de jueces permanentes, y la ineficiencia l obstaculizaron el sistema judicial".
También, señalan la amplia discreción de los jueces sobre la realización de las investigaciones que contribuyó a la percepción de que muchas decisiones eran arbitrarias”.
El informe resalta también que “no hubo informes de presos políticos o detenidos”.
Aclara que sin embargo, “hubo informes de agresiones físicas, amenazas y hostigamiento contra periodistas”.
Policía mató a joven en Córdova
En agosto, el Departamento de Estado señaló que la policía provincial disparó y mató a un joven de 17 años en la ciudad de Córdoba. Posteriormente, un oficial de policía fue arrestado.
El documento destaca que los fiscales acusaron a un policía de Buenos Aires de "homicidio involuntario" tras la muerte de Jorge Martín Gómez en marzo.
El gobierno se está esforzando
Sin embargo, el informe señaló que el gobierno argentino ha tomado medidas para abordar muchos de los problemas.
""El gobierno en general denuncia los abusos y se esforzó por capacitar a los militares en todos los niveles en derechos humanos", señala el documento.
Incluso destaca la ejecución de programas de capacitación en línea durante la pandemia de Covid-19.
Corrupción e impunidad
El informe agrega que "múltiples informes alegaron que funcionarios ejecutivos, legislativos y judiciales participaron en prácticas corruptas con impunidad".
Entre otros aspectos, esta impunidad sugiere una falta de implementación efectiva de la ley.
"Instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción" advierten.
