Uribe sabe cómo vota cada magistrado y qué partido político los apoyó, por eso exige ser juzgado por la Fiscalía.
Esta semana la Corte Suprema de Justicia deberá decidir si remite la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe a la Fiscalía o si continúa con la competencia de este caso. Con un comunicado de diez puntos, la defensa del expresidente y ahora exsenador insistió en que la Corte Suprema de Justicia perdió competencia para juzgarlo.
La misiva se publica solo horas después de que se conociera que la Sala Especial de Instrucción había citado a Uribe para que rindiera versión libre sobre la denominada Masacre del aro en 1997.
El Político
"Mas vale un metro de juez que un kilómetro de justicia", dice un viejo refrán popular. Pero al menos en la Corte Suprema de Justicia Álvaro Uribe parece que cuenta con pocos centímetros de justicia pues ha sido citado por un nuevo caso en su contra.
La defensa del ex presidente Álvaro Uribe acaba de sacar una constancia pública por lo que denomina la sorpresiva reactivación de un caso en su contra. Esta reactivación se llevó a cabo por la Corte Suprema de Justicia.
El penalista Jaime Granados afirmó que el 19 de agosto ya era de público conocimiento la renuncia de Uribe al Senado. Sin embargo, la Sala de Instrucción les comunicó el 14 de agosto que se decidió dar impulso procesal al expediente por la masacre de El Aro (1997).
El diario El Tiempo reveló en exclusiva que la Corte citó a versión libre, el 16 de septiembre próximo, a Uribe por ese caso. Este expediente se acumuló con el de la masacre de La Granja (1997) y con el crimen del defensor de derechos humanos Jesús María Valle (1998).
Sin embargo, el penalista alegó que les causa extrañeza que la Corte investigara a Uribe por hechos que supuestamente están relacionados con su desempeño como gobernador de Antioquia.
El ahora exsenador , según ha dejado ver en las entrevistas que ha dado a medios de comunicación desde que quedó detenido oficialmente el pasado 12 de agosto en su finca El Ubérrimo (en Córdoba), está dando una pelea a muerte con la Corte. “No hay una sola prueba que diga que soy un peligro para la sociedad, ni de que yo obstruyera a la justicia. Infieren que esto se debe a mi temperamento”, le dijo Uribe a W Radio. “Hay un encadenamiento político que parte de la rabia que sienten algunas personas hacia mí. Se ha creado un ambiente de opinión en el que me tratan como a un criminal”, agregó el antiguo jefe de Estado.
La Corte enmudeció
En la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, donde se tomó la decisión de dejarlo detenido mientras la investigación avanza, han señalado que no darán entrevistas. Que las 1.554 páginas de su decisión, que se emitió el pasado 3 de agosto, contienen los elementos suficientes para explicar por qué cinco de sus seis magistrados -Cristina Lombana fue apartada del caso- tomaron esta determinación. Para la Corte, hay declaraciones, videos, interceptaciones telefónicas y otras evidencias, de que “(Álvaro Uribe) emerge con probabilidad de verdad como el gran determinador del entramado ilegal”.
El proceso en contra de Uribe, indirectamente, comenzó por él mismo. En 2014, denunció al también senador Iván Cepeda porque, supuestamente, había creado un cartel de testigos falsos en su contra. En 2018, lo que concluyó la Corte Suprema fue que contra Cepeda no había evidencias de tal señalamiento, mientras que contra Uribe podía haberlas. Así nació en febrero de 2018 la investigación contra Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
La Corte sostiene que hay indicios de que el exmandatario presionó a testigos que han hablado en su contra y que “compró” a testigos para hablar en su favor. Él lo rechaza tajantemente.
Polémica con Human Right acht
Luego que el director de la ONG por los Derechos Humanos, Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, cuestionara el comunicado firmado por 21 expresidentes quienes declaraban su solidaridad hacia Álvaro Uribe Vélez, la defensa del exmandatario emitió una declaración.
Se trata de Víctor Mosquera Marín, abogado a nivel internacional del expresidente, quien a través de su cuenta de twitter le respondió a José Miguel Vivanco sobre diferentes hechos judiciales que han ocurrido en Colombia y en los que ese organismo internacional no se ha pronunciado.
El abogado cuestionó que Human Rights Watch no se haya pronunciado sobre ‘El cartel de la toga’, para solicitar investigaciones serias en contra de los magistrados que habían incurrido en varios delitos.
Aseguró que Vivanco "persiste en defender lo indefendible, poniéndose del lado de quienes violentaron las garantías judiciales".
El abogado Víctor Mosquera Marín, finalizó el comunicado señalando que "los derechos humanos se les deben respetar a todos los seres humanos, no solo a quienes comparten pensamiento político".
La carta que fue objeto de varios cuestionamientos por parte de José Miguel Vivanco, se publicó el pasado 20 de agosto por el grupo IDEA, una iniciativa democrática de España y las Américas, integrado por exjefes de estado y de gobierno.
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