Florida podría convertirse en el estado más antiinmigrante de Estados Unidos, de aprobarse un proyecto de ley en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa.
El Político
La iniciativa, que responde fielmente a la política migratoria de DeSantis fundamentada en la ‘tolerancia cero’ del expresidente Donald Trump, incluye, entre otras medias, prohibir que los indocumentados utilicen identificaciones válidas que hayan sido otorgadas por jurisdicciones de Florida u otros estados o el traslado de extranjeros sin papeles.
Exige que los hospitales reporten la atención de extranjeros no autorizados y amenaza con cancelar licencias de operación a empleadores que los contraten sin haber cumplido con los requisitos del programa federal E-Verify.
Tema migratorio en Florida
“El plan permite que el estado se inmiscuya en el tema migratorio de manera tal que va a asustar a la comunidad inmigrante, muchos de ellos en procesos válidos de inmigración”, dice Ángel Leal, un abogado de inmigración que ejerce en Miami a Univision.
La propuesta, que cuenta con el total respaldo del gobernador, “incorpora tantas cosas que altera y asusta a la comunidad, entre otras cosas, por el mero hecho de transportar o albergar a un indocumentado. Pone este acto como una felonía de tercer grado, que lleva consigo una pena de cárcel de 5 años. Y si el transportado es menor de edad, hasta con 15 años de cárcel”, agrega.
Las alarmas saltaron porque ni en los anuncios previos y tampoco en los proyectos enviados a ambas cámaras de la Asamblea, despejan las dudas en cuanto a cómo la policía determinará cuando detener un vehículo, en base a qué justificará una causa razonable para tomar una determinación o cómo demostrar la existencia de una sospecha razonable para llevar a cabo un arresto legal.
“La falta de claridad crea una especie de perfil racial que es ilegal”, afirma Leal.
Todo bajo la óptica del terrorismo
La crisis migratoria que se vive en la frontera sur con México no comenzó hace dos años cuando Trump abandonó la Casa Blanca tras perder las elecciones del 2020.
La crisis fue advertida por primera vez en 2013 por un grupo de expertos de la Universidad de California, entre quienes se hallaba la investigadora Elizabeth Kennedy.
Un primer informe fue entregado a las Naciones Unidas donde de señalaba que el problema de la migración iba en aumento debido a décadas de abusos en los países de Centroamérica, guerras, crimen organizado, pandillas, narcotráfico, pobreza, violencia doméstica y cambio climático, entre otras causas que estaban haciendo que la gente huyera de sus naciones y se dirigiera rumbo a Estados Unidos en busca de asilo y oportunidades.
La ONU avisó ese año al entonces gobierno de Barack Obama, pero no fue sino hasta un año después que la Casa Blanca de ese entonces, en 2014, reconociera la existencia de una crisis tras la detención en lo que iba del año fiscal de unos 42,000 menores no acompañados e igual número de familias.
El gobierno federal no estaba preparado para esa crisis.
Respuesta de DeSantis
La inacción del Congreso en Washington DC tampoco es nueva ni es responsabilidad del actual gobierno. Ya durante el segundo mandato de George W. Bush el debate migratorio se estancó, sobre todo para la aprobación de políticas de beneficios para ciertos inmigrantes indocumentados. Ello ha dado paso al uso del poder Ejecutivo en medidas temporales como DACA o ampliaciones de TPS.
Pero abrió la puerta para la aprobación de medidas severas de control de la inmigración indocumentada, como la construcción del muro en la frontera con México y un millonario proyecto de muro digital.
La segunda valla, consistente en cámaras, sensores, luces y complejos sistemas virtuales, fue finalmente cancelado por Obama porque no cumplió con los objetivos señalados en la ley que lo justificaba.
Claves del proyecto en Florida
- Prohíbe el uso de licencias válidas de otros estados en manos de indocumentados;
- Obliga a los hospitales recopilar información sobre el estado migratorio de los pacientes y presentar informes trimestrales.
- Modificar reglas para poder compartir la información de los pacientes indocumentados;
- Aumentar las multas por emplear a indocumentados;
- Castigar con mayor severidad a los reincidentes por contrata ilegal;
- Penas de cárcel a extranjeros que a sabiendas utilicen papeles falsos;
- Exigir el uso obligatorio del programa federal E-Verify;
- Amenaza con quitar de por vida licencias de operación a empresas que reincidan en la contrata de indocumentados;
- Prohíbe que indocumentados ejerzan como abogados (en el caso de dreamers protegidos bajo el programa DACA);
- Multa y cárcel a quienes transporten indocumentados (no explica qué pasa con aquellos matrimonios mixtos);
- Criminaliza la estadía indocumentada, siendo que se trata de una falta de carácter no criminal.
