La minería ilegal, protegida por la guerrilla colombiana, ya depreda amplias zonas patrimoniales fuera del Arco Minero.
Primer Informe / El Político
Dos informes dados a conocer este fin de semana por la organización SOS Orinoco muestran nuevos avances en la destrucción ecológica en el llamado Arco Minero en el sur del estado Bolívar.
El primero de los informes refiere el avance de la explotación del mineral Coltán, llamado también El oro azul, por la amplía demanda que tiene en países como Estados Unidos y Corea del Sur.
La explotación del Coltán se lleva a cabo en un marco de corrupción en el que la explotación termina como parte de una gran red de contrabando que beneficia no al fisco nacional sino a grupos vinculados a la guerrilla colombiana, con un porcentaje que queda en manos de militares afectos al régimen, reportó Primer Informe.
El según informe hace una detallada relación de las nuevas áreas de explotación de oro que ya están por fuera del Arco Minero, lo cual constituye un grave ejercicio de ilegalidad que atenta contra una zona considerada Patrimonio de la Humanidad.
El Coltán en una nebulosa de ilegalidad
“Coltán” es un nombre que se le ha dado a un mineral complejo, que surge de la unificación de las iniciales de la columbita, mineral rico en el elemento metálico Niobio (símbolo Nb), y de la Tantalita, otro mineral rico en el elemento metálico Tantalio o Tántalo (símbolo Ta). Es también conocido como “oro azul” por su altísimo valor comercial y por la gran demanda actual en la industria tecnológica, donde es utilizado para fabricar dispositivos electrónicos, sistemas de posicionamiento global (GPS), instrumentos médicos, armamento avanzado, en la industria aeroespacial, teléfonos celulares o equipos de video juegos.
Primer Informe detalla que en el Arco Minero se han «otorgado» concesiones mineras dentro del espacio de 112.000 km2; en el caso del coltán las empresas mineras se establecerían en el bloque 1 del Arco Minero (Juana La Avanzadora), que tiene una superficie de 24.717 km2.
La cadena minera del coltán se mueve toda en Venezuela dentro de una nebulosa de aparente legalidad, pero dentro de una matriz completamente criminal que no dudamos en llamar “contrabando” (mineros explotadores – intermediarios – cliente final). Se opera como una mafia que involucra a generales y otros oficiales de la fuerza armada bolivariana, además de grupos civiles organizados que también participan en la comercialización (contrabando de extracción) de este preciado mineral.
El destino final del contrabando del coltán venezolano (compraventa que se realiza por triangulación y contratos confidenciales) está en países como Estados Unidos, Tailandia, Corea del Sur, Colombia, Brasil y mercados del Medio Oriente.
El negocio es compartido con la guerrilla colombiana que opera en la región de Parguaza con la participación de la fuerza militar venezolana que ofrece protección a cambio de participación en el negocio.
En conclusión, lejos de ser una actividad minera legal, que arroje beneficios para el Fisco Nacional, la minería del coltán no es otra cosa que una actividad totalmente sumergida en la corrupción y que tiene por finalidad el enriquecimiento de particulares: políticos oficialistas, militares, guerrilleros (aunque éstos seguramente como medio para el financiamiento de sus operaciones como organización delictiva) y cooperantes financieros y técnicos del régimen.
Minería delincuencial
A los fines de este informe denominaremos Eje Minero Santa Elena de Uairén (Eje minero Santa Elena de Uairén – Paraitepui – Apoipo – Icabarú – Sur Parque Nacional Canaima) o Eje Minero Icabarú.
La minería en el eje Icabarú es una contradicción dada la condición estratégica de esta cuenca para la economía y para el funcionamiento de Venezuela.
La minería pasó de ser dispersa y de pequeña escala, ejercida por aventureros y locales, a ser un foco minero anárquico de gran importancia y magnitud para la red delincuencial que se ha apoderado de todo el mundo minero en Venezuela en los últimos 20 años.
El Parque Nacional Canaima, sitio de Patrimonio Mundial, no estará a salvo mientras el foco de perturbación del Eje Santa Elena de Uairén – Icabarú persista y no sea controlado y disminuido indicó Primer Informe.
El río Icabarú es uno de los tributarios más importantes del río Caroní
A mitad del trayecto del Caroní se le une su gran tributario, el río Paragua, quienes aguas abajo aportan el agua que da vida a la represa de Guri, Caruachi y a Macagua I, II y III, que constituyen el sistema hidroeléctrico que genera al menos el 72% de la electricidad de Venezuela.
La situación cambió drásticamente con el anuncio presidencial del “Arco Minero del Orinoco” en febrero de 2016: a partir de esa fecha llegaron miles de personas al eje Santa Elena de Uairén-Icabarú para trabajar en las minas. Desde entonces se agudizaron tanto los daños ambientales y sociales en la zona como la inseguridad, asesinatos y los conflictos con las comunidades pemón, pobladores originarios de estos territorios.
En esas minas mueren con regularidad personas tapiadas por los masivos desplomes de los barrancos derrumbados con monitores hidráulicos en marzo 2020 en Apoipó se desplomó una pared por efecto de la crecida del río Caroní y murieron posiblemente 4 personas, según Primer Informe.
En plena cuarentena por Covid-19, las avionetas no paran de transportar combustibles y materiales entre Santa Elena de Uairén e Icabarú, con un promedio de 3 vuelos diarios ida y vuelta, entre 10:00 AM y 2:00 PM.
Dentro del bloque del Arco Minero hay 51 unidades mineras (15,28 km2), apenas un 18,66% de toda la superficie minera del eje, y que son 23,1% de los polígonos mineros detectados. En conclusión, la mayor parte de la minería en el eje Icabarú se encuentra fuera del bloque del Arco Minero.
Fuente: Primer Informe
