La Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, sofocó el jueves una moción para buscar rápidamente la destitución del presidente Joe Biden, pero votó a favor de abrir una investigación sobre su remoción.
El Político
Los republicanos deseosos de impugnar a un funcionario de la administración Biden se han unido en torno a una nueva frase para justificar la medida raramente utilizada, acusando al presidente Biden y al Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas de "abandono del deber".
El término, tomado del ejército, permite que un consejo de guerra castigue a los miembros del servicio que no obedecen órdenes o no cumplen con sus obligaciones, reportó TheHill.
"Suena casi oficial, tiene un aire militar. Pero no es que los delitos graves y el incumplimiento del deber vayan de la mano. … No es tradicionalmente uno de los conceptos de destitución que se encuentran en la panoplia de errores presidenciales".
Así lo explicó Claire Finkelstein, profesora de derecho en la Universidad de Pennsylvania que se especializa en la ley de seguridad nacional y el gobierno democrático.
"Buscan una frase que atraiga a la gente porque suena semioficial, pero que no les obligue a decir algo cierto y correcto, como: ‘El presidente ha hecho tal y tal cosa'", añadió.
The White House is trying to bury a report before a holiday weekend showing how the Biden Administration’s incompetency led to the disastrous Afghanistan withdrawal.
The whole report must be released.
Americans deserve transparency.https://t.co/PFRIunkVvl
— Oversight Committee (@GOPoversight) June 30, 2023
Panorama general
Por una votación de 219-208, la Cámara remitió dos artículos de destitución contra Biden, uno por abuso de poder y otro por incumplimiento del deber, a los comités de Seguridad Nacional y de Justicia.
El orador de la Cámara, Kevin McCarthy, orquestó la maniobra, que permitió que los artículos de destitución avanzaran sin respaldarlos oficialmente.
Con la remisión buscó disipar la presión de los legisladores de derecha para comenzar de inmediato el proceso de destitución de Biden del cargo, a pesar de la falta de pruebas de irregularidades.
La representante Lauren Boebert (R-CO), provocó la acción al presionar esta semana para forzar una votación sobre una resolución que acusa a Biden de orquestar una "invasión" de EEUU a través de políticas de inmigración laxas.
Para ello empleó un lenguaje asociado con la teoría del reemplazo, una hipótesis de la conspiración racista que sostiene que las élites están trabajando para reemplazar a los blancos americanos con personas de color que invaden el país.
"Desde su primer día en el cargo, el presidente Biden ha pisoteado la Constitución a través de su abandono del deber en virtud del artículo 2, de velar por que las leyes sean fielmente ejecutadas. En lugar de hacer cumplir nuestras leyes de inmigración, las ha ignorado".
Así lo dijo Boebert en el pleno de la Cámara este mes antes de que los republicanos votaran a favor de remitir la medida a la comisión.
Go home, Joe! pic.twitter.com/Zgf3uAbpXB
— Rep. Lauren Boebert (@RepBoebert) April 28, 2023
¿Por qué es importante?
Las implicaciones de someterse a un juicio político para un presidente pueden ser significativas y variadas, dependiendo del resultado del proceso y del contexto político en el que se desarrolle. Algunas posibles implicaciones incluyen:
- Destitución del cargo: Si el presidente es declarado culpable en el juicio político, puede ser destituido de su cargo. Esto tendría consecuencias inmediatas, ya que el vicepresidente asumiría la presidencia.
- Daño a la reputación: Incluso si el presidente no es destituido, el proceso de juicio político puede dañar la reputación y la imagen pública del presidente. El escrutinio y las acusaciones públicas pueden afectar la confianza y la percepción de la ciudadanía hacia el dignatario y su capacidad para ejercer el liderazgo.
- Legado político: Un juicio político puede tener un impacto duradero en el legado político de un presidente. Dependiendo de la gravedad de las acusaciones y del resultado del juicio, el dignatario puede ser recordado principalmente por el proceso de juicio político, lo que podría eclipsar sus logros y acciones durante su mandato.
- Distracción y obstáculos políticos: Un juicio político puede convertirse en una distracción significativa para un presidente y su administración. El tiempo y los recursos dedicados al proceso pueden dificultar la implementación de políticas y programas, y pueden obstaculizar la capacidad del presidente para avanzar en su agenda política.
- Movilización política: El proceso de juicio político puede movilizar a los partidarios y opositores del presidente. Puede generar divisiones y tensiones políticas, y puede influir en las elecciones y en el equilibrio de poder en el Congreso.
Juicio político contra Mayorcas
A Mayorkas se le acusa de violar su juramento al no hacer cumplir las leyes de inmigración. Hay cuatro cuatro resoluciones de destitución en su contra.
El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, al que se ha encomendado una investigación que serviría de base para cualquier iniciativa de destitución emprendida por el Poder Judicial de la Cámara, inició asimismo su plan de cinco pasos con una fase dedicada a examinar el incumplimiento del deber.
"El flagrante desprecio por la Constitución de EEUU, que establece que el Congreso aprueba las leyes y el poder ejecutivo las ejecuta, no es más que un rasguño en la superficie del daño que el abandono del deber del Secretario Mayorkas ha hecho a nuestro país".
Así lo dijo Mark Green (R-Tenn.), presidente de la comisión, en una conferencia de prensa a principios de este mes.
"La dejación de funciones de Mayorkas ha puesto la seguridad de los estadounidenses en segundo lugar frente a su propia agenda personal", añadió Green.
Juicio político
Un juicio político es un mecanismo constitucional para responsabilizar a los funcionarios públicos, incluido el presidente, por su conducta y acciones. Es una forma de asegurar que los líderes electos sean responsables de sus acciones y que no estén por encima de la ley.
También es una manera en que el poder legislativo puede ejercer control y equilibrio sobre el poder ejecutivo.
Permite al Congreso investigar y evaluar las acciones del presidente y, si se considera necesario, tomar medidas para destituirlo de su cargo.
Para iniciar un juicio de destitución solo se requiere una mayoría simple en la Cámara de Representantes, que los republicanos controlan por solo cinco escaños.
Una condena y destitución por el Senado requiere de dos tercios de los votos, y los republicanos solo ocupan 49 de las 100 curules.
La Constitución permite el juicio político y remoción por “traición, soborno y otros crímenes mayores y menores”.
Para los demócratas es una cuestión política
Para los demócratas, las quejas del Partido Republicano sobre la forma en que la Administración aplica -o no aplica- las leyes aprobadas por el Congreso demuestran que la disputa subyacente es una cuestión política y, por tanto, no es motivo suficiente para iniciar un proceso de destitución.
La resolución de destitución de Biden presentada por la representante Lauren Boebert (republicana de Colorado) acusa a Biden de abandono del deber y abuso de poder en relación con su gestión de la frontera.
"Desde su primer día en el cargo, el presidente Biden ha pisoteado la Constitución a través de su abandono del deber en virtud del artículo 2, de velar por que las leyes sean fielmente ejecutadas. En lugar de hacer cumplir nuestras leyes de inmigración, las ha ignorado sin ley".
Así lo indicó Boebert en el pleno de la Cámara este mes antes de que los republicanos votaran a favor de remitir la medida a la comisión.
En cada una de las cuatro resoluciones de destitución contra Mayorkas se le acusa de forma similar de violar su juramento al no hacer cumplir las leyes de inmigración.
Plan de cinco pasos
El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, al que se ha encomendado una investigación que serviría de base para cualquier iniciativa de destitución emprendida por el Poder Judicial de la Cámara de Representantes, inició asimismo su plan de cinco pasos con una fase dedicada a examinar el incumplimiento del deber.
Sin embargo, para los demócratas, las quejas del Partido Republicano sobre la forma en que la Administración aplica -o no aplica- las leyes aprobadas por el Congreso demuestran que la disputa subyacente es una cuestión política y, por tanto, no es motivo suficiente para iniciar un proceso de destitución.
"El incumplimiento del deber es algo que han creado de la nada", dijo el representante Dan Goldman (demócrata de Nueva York).
Goldman e desempeñó como abogado principal de los demócratas en el primer juicio político contra el ex presidente Trump antes de ser elegido para el Congreso.
Precisó que "nunca ha sido motivo de juicio político. No es un alto crimen y delito menor, y es esencialmente argumentar que no les gusta la forma en que Biden y Mayorkas han estado manejando sus trabajos, lo cual, desafortunadamente para ellos, es la consecuencia de las elecciones".
En contexto
El procedimiento de destitución se ha utilizado cuatro veces para un presidente y una vez para un secretario del gabinete.
Hay diferentes interpretaciones de lo que constituye un delito grave o un delito menor, y Finkelstein dijo que si bien el juicio político puede ser utilizado para "malos actos que no son criminales, muy a menudo los cargos de juicio político también podrían ser acusados como delitos".
"El presidente Biden y el secretario Mayorkas no han violado la ley. Y sospecho que los miembros del Partido Republicano y del Congreso lo saben muy bien, por lo que no quieren utilizar ningún término que sugiera que puede haber una violación legal aquí", dijo.
Agregó que "así que están utilizando este tipo de término inventado que tiene un marco casi militar para sonar vagamente oficial, pero en realidad no es nada que se corresponda con lo que entenderíamos de la historia de la destitución como un delito grave y un delito menor como los autores lo habrían concebido".
El argumento del incumplimiento del deber ha cobrado mayor importancia en las últimas semanas, en un contexto de disminución del número de personas que llegan a la frontera.
A principios de este año, muchos en el GOP argumentaron que Mayorkas no siguió una ley que requiere la perfección en la frontera para lograr el "control operativo".
Los republicanos se han centrado más en argumentar que los funcionarios de Biden han violado las leyes de inmigración, en particular las que se refieren a la detención y liberación de los migrantes que llegan a la frontera.
Oleada de muertes por fentanilo
También consideran que la oleada de muertes por fentanilo es un fracaso en la seguridad de la frontera, aunque se cree que la gran mayoría del fentanilo que entra en EEUU lo hace a través de los puertos de entrada.
El Departamento de Seguridad Nacional ha argumentado que Mayorkas ha actuado dentro de sus competencias porque EEUU no tiene capacidad para detener a todas las personas que intentan entrar en el país.
El organismo sostiene que mientras que las leyes de libertad condicional permiten al DHS que algunos inmigrantes entren en EEUU a la espera de que un tribunal de inmigración determine si pueden obtener un estatus legal más permanente.
El Departamento ha instado repetidamente al Congreso a tomar medidas para actualizar las leyes de inmigración.
"Montaje político sin fundamento"
La Casa Blanca, por su parte, tachó la resolución de Boebert de "montaje político sin fundamento".
"Lo que se necesitaría para seguir adelante con la destitución es alguna conclusión de que han violado la ley", dijo Goldman.
"Así que la noción de que ha violado su juramento de cargo es simplemente decir que, en su opinión, no está siguiendo la ley. Es sólo un desacuerdo sobre cómo estamos tratando la afluencia de inmigrantes a este país que están escapando en gran medida de gobiernos completamente devastados [y] situaciones catastróficas", dijo.
Añadió que la administración Biden ha tratado de hacer frente a eso "de una manera humana".
The Hill pulsó su opinión en torno a los fundamentos jurídicos del incumplimiento del deber. En ese sentido, Green señaló los estatutos que rigen el ejército y el Código Uniforme de Justicia Militar (UCMJ).
"Estados Unidos no es seguro. Su trabajo es proteger a este país. Ha fracasado. Ha faltado a su deber", dijo Green, recordando el juramento que prestó al ingresar en West Point.
"El juramento de Mayorkas es el mismo, ¿verdad? No es a la geografía de América. No es a la bandera. Es a la Constitución, a la idea de América y a la forma en que la Constitución orquesta el funcionamiento del gobierno".
El arraigo en el Código Uniforme de Justicia Militar podría ser problemático para presentar un caso.
"Ni Biden ni Mayorkas están sujetos al UCMJ porque ambos son civiles", dijo Finkelstein.
"El abandono del deber como término militar no se aplica a Mayorkas, ni tampoco al presidente". La impaciencia, sin embargo, crece entre algunos miembros del Partido Republicano.
Los legisladores han presentado 11 resoluciones de destitución de varios funcionarios de Biden en los últimos dos meses."Esperaría que fuera este año, y muy pronto", dijo Boebert.
En conclusión
Como causa del juicio político, Boebert expuso "el fracaso de Joe Biden en asegurar la frontera sur" de EEUU en una entrevista con Fox News.
Además, alentó a la mayoría republicana en la Cámara de Representantes a tomar acción inmediata contra la actual administración porque, según ella, "Joe Biden ha descuidado el deber constitucional del cargo de presidente de Estados Unidos".
Si la iniciativa no es apoyada por la mayoría, será presentada como una moción privilegiada.
Biden ha presidido durante el mayor aumento en la migración ilegal en la frontera sur en décadas. En el año fiscal 2022, los agentes de la Patrulla Fronteriza arrestaron a más de 2,2 millones de inmigrantes que cruzaron la frontera ilegalmente.
El influjo es parte de una tendencia de migración global, con personas que huyen de la pobreza extrema, la violencia y regímenes inestables. También llevó a un gran número de migrantes a cruzar la frontera durante la administración Trump.
La decisión de Boebert de seguir adelante con sus artículos de destitución frustró a muchos republicanos en la conferencia, que quieren abordar las políticas fronterizas.
Estos funcionarios admiten que no hay pruebas claras de delitos por parte de Biden o miembros de su gabinete que cumplan con el nivel de delitos graves y faltas que justifiquen la destitución.
