El régimen Chavista en Venezuela pretende limitar la participación de víctimas durante la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre presuntos crímenes de lesa humanidad.
El Político
Lo que importa
El régimen que lidera Nicolás Maduro ha intentado por todas las vías obstruir la rendición de cuentas por estos cargos a los que se le acusa.
Sin embargo, la intención del fiscal de la CPI es de continuar con las respectivas averiguaciones y envió un mensaje importante a las víctimas.
Reporta HRW que el pasado 15 de abril de 2022 el chavismo solicitó al fiscal de la CPI, Karim Khan, que aplazara la investigación de su oficina sobre posibles crímenes de lesa humanidad, alegando que las autoridades nacionales ya estaban investigando estos crímenes. El 20 de abril, Khan notificó a un panel de jueces de la CPI sobre la solicitud de Venezuela. En el mismo documento, indicó que su oficina pronto pediría a los jueces que rechazaran la solicitud. La investigación está suspendida hasta que los jueces se pronuncien sobre la próxima solicitud de Khan.
“La intención expresada por el fiscal de la CPI de continuar con su investigación, que requiere revisión judicial, es una señal positiva”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch. “Es esencial que el fiscal de la CPI demuestre un compromiso claro con las víctimas, las comunidades afectadas y las organizaciones de la sociedad civil que buscan justicia por los abusos sufridos por los venezolanos”.
Lo que generó la visita de Khan
El reciente viaje de Khan a Caracas generó preocupación entre la sociedad civil dado que se reunió únicamente con funcionarios del gobierno, y no sostuvo reuniones con víctimas y comunidades afectadas.
Durante la visita, anunció que establecería una oficina en el país. Es fundamental que la CPI utilice su presencia en Caracas para realizar investigaciones sólidas sobre los abusos presuntamente cometidos por las autoridades venezolanas, incluyendo la responsabilidad a lo largo de la cadena de mando, dijo Human Rights Watch.
La solicitud de Venezuela del 15 de abril, realizada luego de una extensión del plazo otorgada por la fiscalía en enero, se basó en el artículo 18(2) del tratado de la CPI, que permite a los países solicitar el aplazamiento de una investigación de la CPI cuando puedan demostrar que están investigando o han investigado delitos que se encuentran bajo la jurisdicción de la corte. La CPI es un tribunal de última instancia, que interviene solo cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren investigar y, según corresponda, enjuiciar los crímenes internacionales más graves.
Lo que dejan las investigaciones
Las autoridades venezolanas afirmaron que tenían “voluntad genuina” de investigar abusos en 124 casos sobre los cuales la Fiscalía de la CPI había solicitado información previamente. De estos, 116 se encuentran bajo investigación preliminar, cinco en etapa de juicio y solo tres han resultado en condenas en Venezuela, según señalaron las autoridades.
El poder judicial de Venezuela no ha investigado adecuadamente los abusos generalizados a pesar de que existen pruebas convincentes de que ocurrieron, y la impunidad por violaciones de derechos humanos sigue siendo la norma, señaló Human Rights Watch. Las medidas recientes para reformar el sistema de justicia de Venezuela no son adecuadas para abordar la profunda falta de independencia judicial en el país, e incluso podrían agravarla.
En conclusión
Desde que el difunto presidente Hugo Chávez, y sus partidarios en la Asamblea Nacional, coparon políticamente el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en 2004, el poder judicial ha dejado de funcionar como un poder independiente. Los jueces del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han defendido sistemáticamente políticas y prácticas abusivas. En el sistema legal venezolano, el Tribunal Supremo juega un papel fundamental en el nombramiento y la remoción de jueces de tribunales inferiores, por lo que la falta de independencia judicial en el más alto tribunal ha afectado a todo el poder judicial.
La Asamblea Nacional, controlada por partidarios del gobierno de Maduro, aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia el 18 de enero. La reforma requiere designar un Tribunal Supremo completamente nuevo, compuesto por 20 jueces, en lugar de 32.
El proceso de selección de los nuevos magistrados estará a cargo de un Comité de Postulaciones Judiciales integrado por 21 miembros, incluyendo 11 legisladores y 10 representantes de diversos sectores de la sociedad. Los 11 legisladores, electos en diciembre de 2020 por medio de elecciones cuya legitimidad ha sido ampliamente cuestionada, seleccionarán a los otros 10 miembros. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que las elecciones de diciembre no cumplieron con las condiciones mínimas necesarias para ser consideradas libres o justas.
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Fuente: hrw
