Michelle Bachelet entregó el 5 de julio del 2019 un informe sobre Venezuela ante la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde instó al régimen de Nicolás Maduro a acabar con "las graves vulneraciones de derechos" en el país.
El Político
Dicho documento fue el resultado de la visita a Caracas de la alta comisionada de la ONU.
Y en donde realizó 23 recomendaciones que ponen en evidencia la crisis venezolana en temas como torturas, poco acceso a servicios públicos y control social a través de la represión.
10 meses después de la entrega de dicho informe el régimen de Nicolás Maduro no cumplió ni una de las sugerencias hechas por la funcionaria de la ONU.
Recomendaciones con respecto al acceso a los servicios básicos y alimentos, liberación de los presos políticos, adopción de medidas para frenar graves violaciones como las ejecuciones extrajudiciales, disolución de organismos policiales como las FAES o de grupos armados de civiles paraestatales conocidos como “colectivos” son algunos de los ítems plasmados por la diplomática chilena en su informe.
Al término de su visita en junio, la Alta Comisionada informó que su Oficina habría logrado una serie de compromisos con el régimen de Maduro para mejorar la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Pero estos acuerdos tampoco se cumplieron, como afirma Rafael Uzcátegui, coordinador general del Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea).
En realidad, algunas de estas políticas que habían pedido revisarse fueron “reforzadas” por Maduro, como el apoyo que dio a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en un acto público, pese a los graves señalamientos hechos por Bachelet.
Francisco Valencia, director de la Coalición de organizaciones por el derecho a la salud y la vida (Codevida), también señala que ninguna de las recomendaciones se ha cumplido hasta el momento. “Por eso hemos exhortado y hemos enviado más información a la alta comisionada sobre el tema de la emergencia humanitaria en salud”.
Valencia además ahonda que en ningún momento se ha permitido la cooperación internacional “para poder aliviar a la población víctima de esta tragedia”.
"Lo que nosotros creemos es que no hay voluntad política para cumplir, y existe una actitud de estancamiento con el alto comisionado sin tomar medidas que beneficien al tema de los derechos humanos. Por ello estamos convencidos de la necesidad de motorizar otros mecanismos para Venezuela”, asegura el coordinador de Provea.
Uzcátegui recuerda que en junio se acordó un plan de trabajo de nueve puntos, “un plan que no se ha cumplido. Una de las cosas importantes que era abrir una oficina del Alto Comisionado con la presencia de dos oficiales. La realidad que tenemos ahora es que no hay ningún oficial en Venezuela porque salieron en un periodo y el Gobierno les dijo que no podían regresar al país. Ni eso ni el resto de los acuerdos se han logrado”.
Por ello, desde Provea destacan que se está haciendo un cabildeo diplomático “para insinuar que son necesarias otras medidas para abordar la crisis venezolana”. Entre esas medidas está incluida la creación de una comisión de investigación para el país, y se ratifiquen estos acuerdos de trabajo que ya se tenían con la Alta Comisionada.
El estado de los servicios públicos, incluido dentro del informe y las recomendaciones de Bachelet, también ha incidido en el estado de las personas con problemas renales debido al agravamiento del acceso a electricidad y agua potable, especialmente en el interior del país.
Estos son los 23 puntos detallados por el informe de Michelle Bachelet:
1.- Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad y la accesibilidad de alimentos, agua, medicamentos esenciales y servicios de atención de la salud, incluidos programas amplios de atención de la salud preventiva, prestando especial atención a los servicios maternos e infantiles, incluida la atención de la salud sexual y reproductiva.
2.- Adoptar de inmediato medidas para cesar, subsanar y prevenir las violaciones de los derechos humanos, en particular las violaciones graves, como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales.
3.- Llevar a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes de las violaciones de los derechos humanos, incluidas las muertes de indígenas y lleve a los responsables ante la justicia.
4.- Poner en libertad a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad.
5.- Detener, condenar públicamente, castigar y prevenir todos los actos de persecución y represión selectiva por motivos políticos, incluidas la retórica estigmatizadora y las campañas de desprestigio.
6.- Adoptar medidas efectivas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos y a las personas profesionales de los medios de comunicación.
7.- Cesar toda intimidación y ataques contra los pueblos indígenas, incluidos/as sus líderes y lideresas, garantizar su protección y adoptar todas las medidas necesarias para proteger sus derechos individuales y colectivos, incluido su derecho a la tierra.
8.- Detener y prevenir el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones.
9.- Disolver las Faes y establecer un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas.
10.- Adoptar medidas efectivas para restablecer la independencia del sistema judicial y garantizar la imparcialidad de la Fiscalía General y del Defensor del Pueblo.
11.- Garantizar el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones con un enfoque sensible al género, así como su protección contra la intimidación y las represalias;
12.- Garantizar el derecho a la identidad y la documentación a todas las personas, incluyendo a niños/as.
13.- Aceptar y facilitar el establecimiento de una oficina permanente de Derechos Humanos en el país.
14.- Publicar regularmente datos exhaustivos sobre salud y nutrición, desglosados por sexo, edad, pertenencia étnica y lugar de residencia, que puedan utilizarse, entre otros fines, para concebir y aplicar una respuesta humanitaria integral a la crisis.
15.- Asignar la máxima cantidad posible de recursos disponibles a la realización gradual de los derechos económicos y sociales de una manera transparente y responsable que permita evaluar los gastos.
16.- Autorizar el libre acceso a la información de interés público.
17.- Garantizar que todos los programas sociales se implementen de manera transparente, no politizada y no discriminatoria, con la aplicación de medidas eficaces de supervisión y rendición de cuentas.
18.- Aumentar la cobertura de la vacunación contra enfermedades evitables y adopte medidas adecuadas para controlar los brotes de enfermedades transmisibles.
19.- Dar prioridad a las medidas para disminuir los embarazos precoces y cuide que todos los planes relativos a los derechos sexuales y reproductivos contengan indicadores mensurables y un mecanismo de seguimiento.
20.- Revocar las clausuras de medios de comunicación y ponga fin a otras medidas de censura contra los medios de comunicación; garantice el acceso a Internet y a las redes sociales, incluidos los sitios web de noticias, y la imparcialidad de los órganos oficiales en la asignación de las frecuencias del espectro radioeléctrico.
21.- Desarmar y desmantelar a los grupos armados civiles los llamados colectivos armados y garantice la investigación de sus delitos.
22.- Proteger a las personas, incluidas las que están migrando, frente a abusos, corrupción y extorsiones por parte de agentes del Estado.
23.- Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Fuente: Talcual
