En Venezuela, el Régimen y la oposición siguen sin ponerse de acuerdo en materia de reforma judicial. Nicolás Maduro, promulgó una ley que reforma el sistema judicial, sin un consenso con los sectores políticos que le adversan.
El Político
Uno de los mayores puntos de honor de los sectores opositores al régimen de Nicolás Maduro es el del Tribunal Supremo de Justicia – TSJ, como un aliado incondicional. Así, las decisiones en materia judicial en Venezuela siempre son a favor del régimen.
El Parlamento elegirá los nuevos magistrados del Máximo Ente Judicial. La normativa reduce el número de jueces de las salas de la Corte.
Se rumorea que una reforma en el número de jueces se pactaría a futuro en unas posibles negociaciones en México, de reabrirse el proceso de dialogo con la oposición. Sin embargo, Maduro avanzó con la reforma de la ley que le favorece.
Ya en Gaceta
En la Gaceta Oficial extraordinaria número 6.684, de fecha 19 de enero de 2022, ya aparece la aprobación de la normativa.
La modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sancionada previamente por el Parlamento afín a Maduro, contempla que la Sala Constitucional se reduzca de siete a cinco jueces. El resto de las Salas harían lo propio, de cinco a tres magistrados.
La reducción en el número de funcionarios podría verse como un punto positivo. La elevada burocracia administrativa en Venezuela es un gran plomo en el ala para avanzar en cualquier aspecto de gobierno.
Adicionalmente, La ley establece que la designación de esos magistrados se logra con el voto de las dos terceras partes en el Parlamento venezolana. Allí el régimen cuenta con 256 de los 277 diputados que fueron electos en diciembre de 2020, en unas elecciones cuestionadas nacional e internacionalmente.
Se supone que en Venezuela —por ley— al Parlamento le corresponde elegir a los magistrados del Máximo Ente Judicial. Allí designarían los 20 magistrados. Pero se sabe que hay decisiones previas por debajo de la mesa, desde el Ejecutivo.
De acuerdo con la reforma establecida, los jueces que aún no han culminado su período de 12 años, como los electos en diciembre de 2015, podrían postularse de nuevo a sus cargos.
No siempre se logra el consenso necesario a la hora de elegir nuevas autoridades. En este caso, la ley establece que, en el supuesto de no haber acuerdo sobre los nuevos jueces del Tribunal Supremo de Justicia, en tres sesiones, habría una cuarta para elegirlos por mayoría simple. Eso se haría igualmente en del Parlamento, según la reforma aprobada.
¿De dónde salen los candidatos a magistrados?
Una comisión preliminar de 11 diputados convocará a la sociedad civil para que postulen a aspirantes a integrar el TSJ. Esa instancia recibirá y hará una selección previa de los candidatos, según la normativa. Eso sucede —no obstante— con la vigilancia muy de cerca del Poder Ejecutivo.
En Venezuela se sabe que no existe independencia de poderes. Este es otro punto de honor en la lucha de los sectores opositores, por conseguir cambios en Venezuela, por poner orden, por recuperar el Estado de Derecho y la vuelta a las vías apegadas a la Constitución para gobernar.
Por otra parte, el nuevo texto promulgado indica que el TSJ cuenta con seis meses para reestructurarse. Incluye, adicionalmente, precisiones sobre los lapsos probatorios del sistema judicial, así como los informes orales y las decisiones.
Mesa de Diálogo
Es importante señalar que el tema de la reforma del sistema judicial de Venezuela era uno de los temas a tratar en la última ronda de los diálogos políticos entre el régimen y la plataforma unitaria opositora, en septiembre del 2021, que se venían realizando en el "terreno neutral" de Ciudad de México.
Pero la detección de Alex Saab por parte de los Estados Unidos lo cambio todo. Como se recordará, en octubre de 2021 el régimen suspendió abruptamente los diálogos con los sectores de oposición venezolanos en Ciudad de México, en protesta por la extradición de Alex Saab a territorio de EEUU.
Este es acusado de lavado de capitales por hasta 350 millones de dólares en el sistema financiero norteamericano.
Para ese momento, precisamente, la coalición opositora había expresado su aspiración a inicial la discusión sobre la reestructuración del sistema de justicia en Venezuela.
En este sentido, Gerardo Blyde, jefe delegado de la coalición opositora, comentó en su momento, por vía de un comunicado: "ese tema era clave para la reinstitucionalización del país. Venezuela es un país con una justicia secuestrada, que persigue y encarcela a la disidencia y promueve la impunidad. Rescatarla es un requisito fundamental para reconquistar nuestros derechos".
¿Coincidencias?
La promulgación de la reforma legislativa llega —coincidencialmente— justo en el momento del anuncio por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, de fijar para el próximo 16 de abril de 2022 el plazo para que el Estado venezolano informe sobre las investigaciones que haya hecho a lo interno, en relación con el tema de los presuntos crímenes de lesa humanidad que se vendrían cometiendo en la nación caribeña.
