El martes se reactivará la votación del proyecto que permite a los centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP) que persiguen utilidades, transformarse en corporaciones sin fines de lucro. La iniciativa fue presentada por un grupo de senadores oficialistas en septiembre del año pasado y el gobierno decidió patrocinarla en diciembre, con el objetivo de acceder a la petición de algunos IP y CFT y permitirles el cambio jurídico para que sus alumnos puedan acceder a la gratuidad.
Este sector fue excluido este año tras el fallo del Tribunal Constitucional. La promesa del gobierno es que se sumen a la gratuidad en 2017 si no lucran. Fueron 39 instituciones que mandaron carta pidiendo ingresar, pero el proyecto estuvo por meses parado, mientras una mesa técnica analizaba cambios. Ayer la ministra de Educación, Adriana Delpiano, anunció que “se le pondrá la urgencia del caso”, luego de que este martes el proyecto sea votado en el Senado. “Esperamos que tenga el respaldo que se requiera y podamos seguir avanzando”, añadió la secretaria de Estado.
Sin embargo, los planteles técnicos no están satisfechos con la iniciativa y dicen que no se acogieron los cambios que pidieron. “ La principal observación que hicimos fue que esta transformación implica la obligación de donar las inversiones realizadas. No haber acogido cambiar eso demuestra que el gobierno no tiene interés en que nuestras instituciones se sumen a la gratuidad”, señaló Juan Pablo Guzmán, rector de IP y CFT Santo Tomás.
Para Fernando Martínez, rector de Aiep, este proyecto “llegó a destiempo. Tenía sentido el año pasado. Las condiciones para la transformación no son viables y, lo peor, es que no asegura nada, no asegura el ingreso a gratuidad, porque eso lo definirá la glosa. Se insiste en la discriminación a los estudiantes”.
Actualmente sólo cinco planteles técnicos cumplen con la condición de no tener fines de lucro. Uno de ellos es Duoc UC. Su rector, Ricardo Paredes, remarcó que desde su perspectiva el proyecto de transformación fue “concebido para instituciones como Inacap, que en su momento señalaron que no tenían objeción de donar su infraestructura a una Fundación; y que en los hechos, no tenían ningún propósito de lucro”. En esa línea subrayó que el proyecto cumple con su objetivo inicial. “Sin embargo, me parece que sin una ley que permita el arriendo de infraestructura a precios de mercado, avanzar en un proyecto que condiciona el financiamiento estudiantil a que la institución no tenga fines de lucro, hace peligrar la cobertura de la educación técnico profesional”.
Paredes agregó que hay instituciones “de razonable calidad, con fines de lucro, que educan a una gran cantidad de estudiantes, y que no donarán su infraestructura: requerirán una compensación justa”.
Otra de las deficiencias que detectaron los CFT e IP en el proyecto es que hay contradicciones con la reforma a la educación superior. De acuerdo Cristóbal Silva, rector de Esucomex, según el proyecto de transformación, la nueva corporación debe estar constituida con los mismos socios que actualmente controlan el plantel, pero “la reforma establece que estas asociaciones pueden ser solamente con personas naturales o jurídicas sin fines de lucro. Si un instituto se transforma con esas condiciones no estaría cumpliendo los requisitos de la futura ley”.
Desde el Congreso, el senador Jaime Quintana (PPD) remarcó que el proyecto ha sido ampliamente estudiado. “Si alguien insiste en que no debe votarse es porque aún guarda la esperanza de que el gobierno entregue gratuidad a instituciones con fines de lucro, lo que no va a ocurrir”.
Para Ena von Baer (UDI) “sólo están buscando trabas para que las instituciones no entren en gratuidad porque no alcanzan los fondos”.
Con información de La Tercera
