El Presidente de Colombia Ivan Duque expresa su confianza en que hoy se pueda tener ‘una jornada tranquila’, la cual depende en gran parte de la actuación del Esmad, el escuadrón policial encargado de reprimir a los manifestantes que crucen la línea.
El Político
Las calles de las ciudades del país serán hoy escenario de un paro nacional que servirá de termómetro para evaluar al gobierno de Iván Duque. A pesar de estar en orillas opuestas, el jefe del Estado y los convocantes a las marchas coinciden en dos puntos de enorme trascendencia: “El respeto al derecho constitucional de la protesta pacífica” y “el rechazo rotundo al uso de la violencia e incitación a la misma”.
Este clamor de las partes es un bálsamo
tras días de máxima tensión. Las autoridades dicen tener datos fiables de la
posibilidad de actos de vandalismo. En prevención, será un día atípico: no
habrá clases en muchas universidades y colegios, varias empresas reorganizaron
sus horarios laborales y, eso sí, los alcaldes garantizan el funcionamiento de
los sistemas de transporte.
El paro alcanzó un nivel de discusión general como probablemente
sus promotores no lo imaginaron. Convocado a principios de
octubre por el Comando Nacional Unitario, conformado por las centrales obreras
CUT, CTC, CGTD y CPC, discretamente otras organizaciones sindicales, sociales y
estudiantiles se fueron sumando.
Derechos y deberes
Duque
reiteró anoche en una alocución que “hay unos pocos” que ven en el derecho a la
protesta “una oportunidad de agitación basada en mentiras”, que lo único que
buscan es generar división entre los colombianos. “Reconocemos el valor de la protesta pacífica, también
garantizaremos el orden. Y
defenderemos con todas las herramientas que nos da nuestra Constitución el
derecho de los colombianos a vivir con tranquilidad”, aseguró.
Los convocantes, por su parte, insisten que el Presidente desvió la discusión y
que la protesta está justificada por lo que llamaron “el paquetazo de Duque”,
que, según ellos, incluye reformas laboral y pensional.
Ante esto, la ministra de Trabajo, Alicia Arango, salió al paso y explicó que no hay una sola letra escrita de estas reformas y que si se llegara a contemplar se le transmitiría al país. Arango reiteró que, eso sí, esta tendría que llevarse a la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.
La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, por su parte, dijo que para garantizar el orden público, alcaldes y gobernadores podrían declarar en sus ciudades o departamentos toques de queda y apoyarse de los militares. Se trata de medidas excepcionales que sorprenden a las nuevas generaciones, que nunca en sus vidas las han experimentado.
En esta ocasión, el gobierno de Duque ha ido más allá y clausuró las fronteras. El director de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, informó que hasta este viernes “todos los pasos fronterizos, terrestres y fluviales, con Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela serán cerrados”. La entidad informó que deportó a 24 personas que, a su juicio, tenían previsto alterar la tranquilidad. La mayor parte de ellos son de nacionalidad venezolana.
Militares y policía
Pero,
a las medidas normativas, como la ley seca, en algunas ciudades empezaron a
verse militares patrullando las calles. ¿Cómo leer la presencia de unidades
militares en sitios tan densamente poblados?
La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos cree “que
los Estados deben limitar y condicionar al máximo el uso de las fuerzas
militares para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento,
equipamiento y perspectivas propias de la naturaleza militar no son adecuadas
para garantizar la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio
de los entes policiales”.
Y, por si fuera poco, el país ha visto una serie de inesperados allanamientos
que se realizaron en Bogotá, Medellín y Cali. Para la CUT fueron acciones de
amedrentamiento. Señalan que aunque provienen de diferentes investigaciones,
abiertas en distintas fechas, con respecto a hechos ocurridos en diferentes
momentos, su orden de ejecución coincide 48 horas antes del inicio de las
marchas.
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas instó ayer a quienes participen en las marchas a ejercer sus derechos de manera responsable, de acuerdo con los derechos a la reunión pacífica, a la libertad de expresión y a la libertad. Una petición en la que coinciden los convocantes de la marchas y el alto Gobierno: que cada cual exprese su punto de vista en libertad y en paz.
Qué les exige el Gobierno a los manifestantes?
Que no haya violencia ni hechos que pongan en riesgo la vida o los bienes de terceros.
El escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) fue creado en 1999, en Bogotá, para apoyar a la Policía en el control de multitudes y contrarrestar la organización de motines o disturbios, haciendo desistir a los participantes de cometer actos vandálicos y restableciendo el orden. Hoy 3.580 uniformados integran los 23 escuadrones, que están en 17 departamentos y las áreas metropolitanas de Bogotá, Cúcuta y Valle de Aburrá. Si bien su tarea es clara, también están obligados a “proteger la vida y defender los derechos de todas las personas”, como lo indica el Manual de manejo de multitudes de la Policía.
Es por ello que el uso de la fuerza es para momentos excepcionales, como la prevención de un delito y la captura de un presunto delincuente, pero bajo el principio de proporcionalidad. Vale recalcar que el Esmad solo puede usar armas no letales incapacitantes, bajo la escala gradual establecida, que va desde la demostración de fuerza a través de la formación y el uso de granadas de aturdimiento y gas pimienta, hasta el lanzamiento de agua desde las tanquetas, uso de granadas de gas de mano y multipropósito (sonido, impacto y gas pimienta) y como, medida extrema, el disparo de cartuchos de impacto controlado (balas de goma). Para la politóloga Dionne Cruz, si bien se debe acudir al uso del Esmad como última instancia para controlar protestas que se salen de control, hoy parecen ser la primera opción ante nuevas manifestaciones, lo que termina deslegitimando un derecho y haciendo perder el foco. “Pareciera que no se estuviera logrando una interlocución amigable, sino que de una vez se cae en la estigmatización entre ambas partes”, por lo que el llamado a las marchas es a dejar a un lado la intimidación y el ataque.
