La oferta programática que ha planteado Mariano Rajoy a Pedro Sánchez y Albert Rivera para conseguir su apoyo en la votación de investidura no incluye ninguna cesión de calado a los dirigentes del PSOE y de Ciudadanos. Aunque el documento del PP se basa en el acuerdo de gobierno que firmaron en febrero estas dos formaciones, deja fuera sus reformas clave y obvia los compromisos que ambos alcanzaron para derogar algunas de las leyes estrella del Rajoy. El candidato, en cualquier caso, asegura que está dispuesto a una negociación "sin limites".
Tanto el PSOE como Ciudadanos se oponen por ahora a abrir negociaciones alrededor del documento programático que ha elaborado el PP. Sánchez ni siquiera se lo llevó de la reunión que mantuvo el martes con el líder del PP. Y el equipo de Rivera no lo ha leído todavía con detenimiento. “No vamos a entrar en un Gobierno ni vamos a gobernar de la mano de Rajoy. Por tanto, poco sentido tiene pactar un programa de gobierno con ellos. Eso está descartado”, resumió ayer Fernando de Páramo, secretario de Comunicación de Ciudadanos.
En la actitud de ambos dirigentes influyen tres razonamientos. Sus estrategas les advierten de que es mejor no dar la impresión de negociar algo que no se está dispuesto a conceder —un cambio de voto en la investidura—. Les recuerdan, también, la displicencia con la que Rajoy trató en marzo el mismo documento que ahora quiere convertir en la base de su investidura —“ese gran pacto histórico que hasta los niños estudiarán en las escuelas, solo comparable a los Toros de Guisando”, ironizó—. Y saben, finalmente, que la oferta del PP subraya los vínculos entre las tres formaciones —unidad de España, pacto antiterrorista, europeísmo y moderación en su afán reformista—, pero extirpa del acuerdo original las medidas a las que dieron más importancia sus firmantes.
Política institucional. El PSOE y Ciudadanos se comprometieron a empezar los trabajos para reformar la Constitución en el primer mes de legislatura, con la meta de reconocer nuevos derechos políticos, civiles o sociales con dotación presupuestaria; modificar la composición y funciones del Senado; suprimir los aforamientos políticos y limitar a ocho años el mandato presidencial. El PP ni menciona una posible reforma constitucional en su oferta. Tampoco recoge la idea de obligar a los partidos a celebrar primarias, el desbloqueo de las listas electorales o un nuevo procedimiento para nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Tampoco ofrece revisar los acuerdos con la Santa Sede ni eliminar las Diputaciones, como sí hacían el PSOE y Ciudadanos.
Justicia. El PP no incluye todas las derogaciones de su labor de gobierno que pactaron sus potenciales socios. Estos querían acabar con la prisión permanente revisable; con la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal en lo que respecta a los plazos de instrucción —establece límites máximos de 6 o 18 meses para la instrucción de sumarios—; y con el artículo 315.3 sobre el ejercicio del derecho a huelga —que fija penas de hasta tres años de prisión para los piquetes—. El PSOE y Ciudadanos también se comprometían a revisar los preceptos de la ley de seguridad ciudadana (la ley mordaza) recurridos ante el Constitucional y aquellos otros que reconocen “facultades excesivas de intervención” a las fuerzas de seguridad, más otras reformas.
Educación. Sánchez y Rivera se pusieron de acuerdo en la paralización inmediata de las partes de la LOMCE que no están aplicándose todavía. Ese habría sido un modelo de transición. Los dos partidos aspiraban a conseguir un pacto nacional y se comprometían a formar una mesa que elaborase un marco legal consensuado en el plazo de seis meses. El PP, que quiere mantener la LOMCE, ofrece ese pacto, pero sin dar plazos.
Sistema Laboral. La propuesta del PSOE y Ciudadanos suponía una enmienda a la totalidad del modelo del PP, que no recoge ahora las propuestas clave. Sánchez y Rivera acordaron redactar un nuevo estatuto de los trabajadores y cambiar la reforma laboral del PP. Además, se reequilibraban las posiciones de sindicatos y empresarios en la negociación colectiva, porque los convenios colectivos de empresa perdían jerarquía frente a los sectoriales cuando se negociaban. El PP no incluye en su oferta los tres tipos de contrato que pactaron el PSOE y Ciudadanos —formativo, temporal e indefinido— ni la subida del salario mínimo interprofesional.
Economía y fiscalidad. Esta parte del acuerdo alcanzado en febrero también reconducía radicalmente las decisiones de Rajoy, que ahora no las incluye en su documento. Los firmantes coincidían en afrontar una reforma integral del sistema tributario, incluyendo los impuestos de sociedades y el IRPF, y armonizando los de sucesiones, donaciones y patrimonio. Además, pretendían ingresar 2.800 millones de euros obligando a que los ciudadanos que se acogieron a la amnistía fiscal del PP pagaran el 10% original y no el 3% que acabaron pagando.
Sanidad. El PSOE y Ciudadanos recuperaban la tarjeta sanitaria en los términos anteriores del Gobierno de Rajoy (incluidos inmigrantes en situación irregular). También derogaban el incremento del copago y las incompatibilidades introducidas en la ley de dependencia.
Lucha contra la corrupción. Aunque Rajoy se muestra abierto a suspender a los altos cargos a los que se abra juicio oral, no comparte el compromiso alcanzado por Rivera y Sánchez para hacer lo mismo en el caso de concejales y parlamentarios.
Con información de El País
