Una nueva ronda de negociaciones entre la oposición venezolana y el oficialismo se llevó a cabo en Ciudad de México a finales de noviembre.
El Político
En realidad eso fue un acto en el que se dio a conocer que ambas partes habían llegado a un acuerdo, el segundo parcial.
Esto después de un inicio de proceso de diálogo un tanto tambaleante entre oposición y Chavismo y en el que han ocurrido muchos eventos.
El documento suscrito por las partes ha sido recibido con loas y cuestionamientos, dadas las múltiples pasiones e intereses que giran en torno a la terrible realidad venezolana.
Sexto mecanismo de diálogo
En medio de este revuelo mediático, ¿qué cabe decir sobre esta noticia? Y sobre todo, ¿qué podemos esperar? Conviene que cualquier consideración comience por reparar en el contexto, para poder ponderar así cuánto hay de cambio y cuánto de continuidad con respecto al pasado más reciente, que no anima precisamente al optimismo.
El “Proceso de México” es el sexto mecanismo de diálogo y negociación con facilitación foránea que ha sido desarrollado en Venezuela durante las últimas dos décadas. Esta circunstancia permite hacerse una idea de la complejidad inherente al caso venezolano, que por alguna razón ha ameritado semejante participación externa. El primero de estos mecanismos, la Mesa de Negociación y Acuerdos de 2002-2003, tuvo por facilitadores principales al secretario general de la OEA –por aquel entonces César Gaviria– y al Centro Carter, y aconteció durante el período presidencial de Hugo Chávez, quien gobernó al país durante 14 años; los cinco restantes se han desarrollado durante los ya casi 10 años en los que Nicolás Maduro ha regido a Venezuela.
Hasta ahora, solo las negociaciones de 2002-2003 habían conducido a acuerdos formales de alguna entidad, lo cual explica el escepticismo de la población venezolana ante estos mecanismos. Por ende, el acuerdo anunciado el pasado mes de noviembre implica una novedad importante. Si en 2003 se acordó que la crisis política debía canalizarse a través del referéndum revocatorio que contemplaba la Constitución, en esta ocasión se ha acordado la repatriación de varios miles de millones de dólares para que sean gastados en programas sociales, bajo la supervisión de la Organización de las Naciones Unidas en Venezuela.
¿Casualidad?
Probablemente no es fruto de la casualidad que tanto el proceso de 2002-2003 como el actual en México sean los únicos que hayan logrado conducir a acuerdos, ya que tanto en la Mesa de Negociación y Acuerdos de hace 20 años como en el actual Proceso de México la facilitación ha corrido a cargo del Reino de Noruega, por lo que se ha contado con una preparación más metódica de las negociaciones y con un mayor involucramiento internacional, disponiéndose así de una facilitación realmente profesional y cumpliendo con las etapas que dictan los cánones.
Ahora bien, mientras que con los Acuerdos de Mayo de 2003 se dieron por concluidas las negociaciones de aquel año, el acuerdo recientemente anunciado en la capital mexicana es apenas un primer paso dentro de los siete puntos contemplados en un Memorándum de Entendimiento que, en su mayor parte, está aún por desarrollar. Cabe destacar también que de los seis mecanismos que han tenido lugar en las últimas dos décadas en Venezuela, el Proceso de México es el que más se ha prolongado en el tiempo. Durante el último año, las conversaciones entre las partes fueron singularmente lentas y se produjeron en estricto sigilo, ya que el gobierno de Maduro –la parte menos interesada en un acuerdo negociado– se levantó de la mesa mexicana en octubre de 2021, en protesta porque Álex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano, fuera deportado desde Cabo Verde a Estados Unidos.
Su mejor opción
La continuidad del Proceso de México tras un año sin avances visibles permite inferir que, a pesar de las negativas reiteradas del régimen autoritario de Nicolás Maduro, varios de los actores involucrados observan en la posibilidad de un acuerdo negociado su mejor opción para saldar la conflictiva situación actual de Venezuela.
Esta situación dista considerablemente de la que privaba hace tres o cuatro años, cuando la oposición optó por desconocer los resultados de la –a todas luces– fraudulenta elección presidencial de mayo de 2018, declarar desde la Asamblea Nacional la falta absoluta del presidente constitucional y designar al diputado Juan Guaidó como presidente interino. La medida, que contó con el respaldo de casi 60 gobiernos en todo el mundo –la mayor parte de las democracias occidentales, cabe destacar–, no fue acompañada del reconocimiento del alto mando militar venezolano, con lo que finalmente se quedó en una movida polémica y ruinosa que incrementó la ya notable asimetría de poder entre un gobierno autocrático y represivo, por un lado, y una oposición fragmentada y perseguida, por el otro.
Fuente: Letras libres