Vladímir Putin aprobó el polémico “paquete Yarovaya” de legislación antiterrorista, que toma nombre de una de las legisladoras más conservadoras de Rusia. Se trata de una serie de leyes que cercena drásticamente los derechos humanos y aumenta el poder de vigilancia del Estado sobre la sociedad civil. Aún no se conocen los efectos directos y la letra chica de algunos artículos debe ser decidida por el gobierno, pero lo más destacado es que las compañías de internet y telefonía rusas deberán almacenar información sobre las llamadas, mensajes de texto, imágenes, audios y videos de sus clientes. Además, se incrementan las penas por “terrorismo online”, un delito que castiga con penas de hasta siete años a aquellas personas que justifiquen o inciten el extremismo en internet. Una categoría no muy clara, que puede darle un amplio margen de acción al gobierno respecto de sus oponentes políticos.
El ex empleado de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) estadounidense, Edward Snowden, que develó el enorme aparato de espionaje de Estados Unidos y que todavía permanece asilado en Rusia, apodó la medida “Gran Hermano” y afirmó que “no solo viola los derechos humanos sino también el sentido común”. Después de que la Duma Estatal (cámara de diputados) y el Consejo de la Federación(senado), aprobaran el “paquete Yarovaya”, el informático revelador alertó al Kremlin que la ley “nunca debería ser firmada” (por Putin).
El presidente del Consejo para el Desarrollo de la Sociedad Civil y los Derechos Humanos del país, por su parte, solicitó al mandatario su anulación por la “inconstitucionalidad, inconsistencia e incertidumbre legal de algunos de sus artículos”. Ni uno ni otro pedido modificaron el pensamiento del líder ruso.
Los principales operadores de telefonía móvil clamaron que la ley arruinaría su negocio. Según lo aprobado, estos deben almacenar la información durante al menos seis meses. En una carta dirigida a la presidenta del Consejo de la Federación Rusa, Valentina Matvienko, adujeron que es “técnica y económicamente impracticable”. Según sus cálculos, cumplir con la ley les costaría más de 30 mil millones de dólares, y les obligaría a aumentar tarifas y –de paso– brindar un servicio deficiente.
Incluso, estas compañías deberán proveer al Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) los códigos de encriptación para acceder a los mensajes de servicios populares de conversación, del tipo Whats- App, Telegram y otros.
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