El proyecto de ley de plusvalía enviado el jueves a la Asamblea plantea gravar con una tarifa del 75% a la ganancia extraordinaria en la segunda venta de bienes inmuebles. Para las primeras ventas se cobrará el actual impuesto a la plusvalía que establece el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), que es de hasta el 10%. El director del SRI, Leonardo Orlando, explicó que esto aplica tanto a la compra de inmuebles a un particular como a un promotor inmobiliario.
Destacó que los promotores inmobiliarios quedan exentos del pago de este tributo tanto para la primera como para la segunda venta, por lo que consideró que incluso el sector podría dinamizarse. Pero el proyecto generó nerviosismo y preocupación entre representantes de esta actividad. Para Jaime Rumbea, vocero de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas del Ecuador, la norma llega a la Asamblea en momentos en que la construcción pasa por su peor momento en cinco años. Indicó que entre enero y septiembre del 2016 el número de visitas a los proyectos inmobiliarios cayó 38% y el de reservas en un 48%, frente a iguales meses del año pasado. “Lanzar el proyecto en este momento es un error.
El sector no está para soportar más incertidumbre”, dijo. Para Silverio Durán, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción (Camicon), la norma es un desincentivo para los inversionistas. Consideró que podría disminuir la liquidez en el sector de la construcción, pues los inversionistas no tendrán incentivos para colocar sus recursos en proyectos inmobiliarios ya que la tasa por recibir es igual a tener depósitos en un banco. Para Santamaría, la tasa del 75% es desproporcionada y cree que actualmente el Cootad ya fija mecanismos para que el Estado pueda recuperar las inversiones públicas, como es la contribución por mejoras.
El director del SRI defendió el proyecto e indicó que la tarifa no es excesiva, pues el proyecto plantea cobrar la tarifa del 75% luego de reconocer al propietario del inmueble una ganancia ordinaria que incluye, entre otros, una tasa equivalente a haber tenido el dinero en el banco. También se reconoce una franja exenta de 24 salarios básicos unificados. El proyecto de Ley estableció que los recursos recaudados por el nuevo tributo irán a los municipios.
El alcalde Mauricio Rodas dijo que en principio está en contra de la creación de nuevos impuestos que afecten a las personas, más aún en medio de una crisis. Pero dijo que estudiará el texto. Para el alcalde de Quinindé, Manuel Casanova, la norma es buena porque permitirá obtener nuevos ingresos y, así, financiar mejor los gastos corrientes de este sector. Incentivo a mineras en el nuevo proyecto legal El proyecto de ley de plusvalía también contempla un incentivo para las empresas del sector minero. La norma, que busca combatir la especulación de la tierra, incluyó una disposición transitoria única para reformar el impuesto que se grava a los ingresos extraordinarios obtenidos por empresas que realizan trabajos de exploración y explotación minera en el país. Internacionalmente se le conoce como ‘windfall tax’.
La Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador grava con un impuesto del 70% a la diferencia que existe entre el precio de venta de los metales pactados en los contratos y el precio de mercado. Por ejemplo: si el precio del oro se pacta en USD 2 000 la onza en el contrato y en unos años sube a USD 2 500, el ingreso extraordinario es USD 500. Sobre esta base, 70% va al Estado y 30%, a la empresa. Con la actual normativa, el impuesto a los ingresos adicionales se entrega un mes después de que las firmas mineras recuperen sus inversiones.
El proyecto de reforma establece que ese impuesto se empiece a cobrar 48 meses después del mes en que se haya recuperado la inversión. Actualmente, se desarrollan cinco proyectos mineros estratégicos de mediana y gran minería en el sur del país. El ministro de Minería, Javier Córdova, explicó que la reforma busca dar un plazo adicional para que este impuesto entre en aplicación. Además, señaló que al no haber una norma similar en ningún país, esta tiende a generar un problema, ya que “el inversionista no ve atractivo invertir si hay una carga tributaria excesiva, entonces por eso se hizo una modificación”, dijo vía telefónica. Sin embargo, este proyecto despertó dudas en expertos como Napoleón Santamaría, quien maneja temas tributarios. Él considera que con esta transitoria se exonera por cuatro años el cobro del impuesto a la ganancia extraordinaria a las empresas mineras. “Se quiere dar un oxígeno las empresas mineras.
Llamar a la empresa minera, pero ganarían superingresos”, opinó. El windfall tax fue un obstáculo en la negociación del contrato con Kinross para la explotación del proyecto Fruta del Norte, lo que generó que tanto la empresa Kinross como el Gobierno extiendan los diálogos. Kinross dejó el país tras vender el proyecto a la firma sueco- canadiense Lundin.
El Director del SRI dijo que se incluyó este cambio en el proyecto en atención a un pedido del sector minero. “Era un tema que causaba preocupación a la inversión. Se incluyó pensando en el empleo e inversión que pueden generar los proyectos de minería en sus zonas de influencia”, indicó el funcionario. En contexto En mayo del año pasado, el Ejecutivo remitió un proyecto de ley para obtener el 75% de ganancias extraordinarias en la segunda venta de inmuebles. Se retiró en junio luego de protestas. El jueves pasado se volvió a enviar a la Asamblea, por la vía urgente.
Con información de: El Comercio
