La Procuraduría General de Brasil considera inconstitucional la propuesta de enmienda constitucional que el presidente brasileño, Michel Temer, presentó a consideración del Congreso para reducir los gastos y que constituye la principal medida del ajuste con el que pretende sanear las cuentas del país.
El Ministerio Público Federal (Procuraduría), en un parecer enviado hoy al Congreso, pidió a los congresistas que le enmienda sea archivada por considerar que, al dar total poder al Ejecutivo para controlar los gastos, amenaza la independencia de los poderes de la República y menosprecia el Legislativo y el Judicial.
La propuesta de enmienda prevé que el aumento de los gastos públicos en el Presupuesto del país para los próximos veinte años sea limitado a la tasa de inflación del año anterior.
La medida es la base del proyecto de Temer para sanear las cuentas públicas del país y hacer frente al histórico déficit fiscal con que Brasil terminará este año, así como a la deuda pública récord, que ya equivale a más del 70,1 % del producto interior bruto (PIB).
Brasil registrará este año su tercer déficit fiscal consecutivo, tras los saldos negativos de 32.500 millones de reales (unos 9.848,5 millones de dólares) en 2014 y de 111.000 millones de reales (unos 33.636,4 millones de dólares) en 2015. La proyección del Gobierno es que este año el hueco fiscal llegue a 170.500 millones de reales (unos 51.666,7 millones de dólares).
Pese a la urgencia del Gobierno para sanear las cuentas, la Procuraduría recomendó alternativas por considerar que la propuesta de enmienda constitucional enviada al Congreso atenta contra la autonomía y la independencia del Legislativo y del Judicial.
La propuesta, alega el Ministerio Público, "limita, perjudica, debilita y enflaquece el desempeño del Poder Judicial", impedido de invertir en su fortalecimiento y de contratar ayudantes, y, de esa forma, "compromete el combate a la corrupción, el combate al crimen y la defensa del interés público".
De acuerdo con el parecer, que sirve como guía y no es de cumplimiento obligatorio de los legisladores, la enmienda convierte al Poder Ejecutivo en un "superórgano que, con el pretexto de devolver la trayectoria de la deuda pública a niveles sustentables, pasará a controlar los demás poderes de forma indirecta, lo que contraría de forma flagrante la constitución vigente".
La Procuraduría envió su parecer al Congreso un día después de que la Comisión Especial de la Cámara de Diputados creada para analizar la enmienda la aprobara y la enviara a votación del plenario.
La propuesta fue aprobada en una sesión candente y en la que la oposición hizo fuertes críticas a una iniciativa que, en su opinión, congelará los gastos en educación y en salud por los próximos veinte años. La primera votación del proyecto en el pleno de la Cámara baja está prevista para el próximo lunes.
Con información de EFE
