El presidente Jimmy Morales, cuyo eslogan "Ni corrupto ni ladrón" lo catapultó al poder a finales de 2015, ni siquiera ha concluido el primer año de su mandato y su administración ya enfrenta un fuerte desgaste debido al involucramiento de su hermano y su hijo en un nuevo escándalo de corrupción.
El caso salió a la luz el pasado 1° de septiembre cuando el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente creado por Naciones Unidas en 2006 para desmantelar a los grupos del crimen organizado en el país y fortalecer las instancias del sector judicial, desarticularon una estructura en el Registro General de la Propiedad que había defraudado unos USD 397 mil mediante la contratación de servicios que nunca fueron prestados y la firma de contratos laborales anómalos.
Entre las irregularidades detectadas se encontraba la contratación de la empresa Fulanos y Menganos S.A. para proveer desayunos para 524 personas durante un evento que supuestamente pretendía medir el desempeño laboral del personal de la entidad. El Registro de la Propiedad pagó USD 11.964 por un servicio que jamás se proporcionó.
La Contraloría General de Cuentas denunció la irregularidad de esta compra y cuando el MP investigó el caso y comenzó a rastrear el pago, encontró que en 2013 el Registro de la Propiedad había comprado canastas navideñas por USD 12 mil a un proveedor que carecía de facturas autorizadas por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). La empresa era propiedad de los padres de la exnovia del hijo menor del presidente Morales, José Manuel Morales Marroquín.
Fuentes del Registro de la Propiedad relataron a los investigadores del MP y la CICG que Morales Marroquín, con el afán de ayudar a los padres de su exnovia, le pidió a su tío Samuel "Sammy" Everardo Morales (hermano del presidente Jimmy Morales) que le consiguiera una factura para justificar la compra de las canastas, y Morales fungió como intermediario para obtener una factura del restaurante Fulanos y Menganos, el cual, durante muchos años ha sido sede del partido oficial, el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).
El hecho de que el propietario de Fulanos y Menganos, Gilmar Othmar Sánchez, sea diputado al Parlamento Centroamericano por FCN-Nación, también pone en aprietos al gobierno de Morales.
El 15 de septiembre, un juzgado decretó la prohibición de salida del país de Morales Marroquín y su tío mientras la CICIG investiga la participación de ambos para obtener las facturas.
La CICIG emitió un comunicado de prensa que afirma que ambos se presentaron a declarar "sobre su participación en hechos relacionados a eventos de cotización y contratación en el Registro General de la Propiedad" y que actualmente se investiga su grado de participación en la simulación de una compra del estado y en la presentación de documentos falsos para fingir una cotización, hechos por los cuales pueden enfrentar una persecución penal.
"Con fundamento en esta nueva información, el MP y la CICIG están desarrollando las diligencias de investigación y verificación necesarias y pertinentes para determinar el grado de responsabilidad penal de estas y otras personas", reza el comunicado.
La investigación del caso, conocido como "caso Botín Registro de la Propiedad", reveló que entre enero de 2012 y mayo de 2015, la entidad contrató a 16 personas que devengaron USD 2,1 millones y jamás se presentaron a trabajar, práctica conocida como la creación de plazas fantasma. Un total de 18 personas han sido imputadas en el caso, entre ellas la exdiputada del PP y exdirectora del Registro de la Propiedad, Anabella de León, quien guarda prisión preventiva y enfrentará juicio por los delitos de peculado por sustracción y falsedad ideológica, y el representante legal de Fulanos y Menganos, Joam María Ponce.
"Hay que resaltar que la responsabilidad penal es individual y que el caso no le ha generado una desestabilización al gobierno actual porque no ha habido una línea de investigación que directamente vincule al Presidente Morales, pero si en el futuro sí lo vinculan, se generaría una crisis de gobierno", advierte el analista político Christhians Castillo.
Después de esquivar a los medios de comunicación durante dos semanas, el 18 de septiembre, durante un acto público en el Palacio Nacional de Cultura, el Presidente Morales dijo que no entorpecería la investigación y que su hijo y su hermano se habían presentado a declarar ante el MP en conformidad con la ley. "No estoy defendiendo a mi hijo ni a mi hermano, porque confío en las leyes, en las instituciones y en los debidos procesos, creo que está claro para ustedes, funcionarios públicos, que a ninguno voy a defender, confío en que se hará justicia", dijo el mandatario, cuyo nerviosismo y evidente fatiga delataban el desgaste que le ha producido enfrentar los señalamientos.
También arremetió contra los medios de comunicación, señalándolos de lanzar una campaña de desprestigio contra su gobierno luego de que éste dejara de pautar con ellos. "Se acabó la fafa (sobornos), se acabó la publicidad. 160 millones de quetzales (USD 21,3 millones) en 2014, más de 160 millones en el 2015. Guatemala ya no puede seguir pagando publicidad, perdónenme señores de los medios de comunicación. Si ese es el dolor, perdónenme", dijo Morales.
"La primera etapa de la crisis fue muy bien manejada y eso no le permite a ningún actor político capitalizar la crisis. Pero luego cae en un error al decir que no volverá a hablar del tema y pasan días sin que diga nada y la negativa a hablar del tema genera suspicacias que han magnificado el impacto que podría tener la eventual captura y vinculación a proceso de su hijo y su hermano", afirma Castillo. "Además, el Ejecutivo ha tenido una mala relación con los medios y eso lo lleva a reaccionar de manera visceral en una actividad pública y hacer señalamientos de que se acabó la fafa".
El 20 de septiembre, mientras arreciaban las críticas de la prensa hacia su gestión, Morales decretó un estado de calamidad, supuestamente como medida preventiva frente a las fuertes lluvias que se abatían sobre el país, con el cual se restringían libertades fundamentals como la libertad de locomoción, huelga o paro. Ante los señalamientos de que Morales se valió de la situación meteorológica que se vivía en el país como pretexto para acallar a los medios de comunicación, el decreto fue suspendido después de 48 horas. Actualmente, el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS) busca despojar al binomio presidencial de su inmunidad para que el presidente y vicepresidente puedan ser procesados por violaciones a los derechos civiles que garantiza la Constitución.
Con información de Infobae
