Una multitud de agentes del gobierno de Venezuela ingresaron al hogar con armas pero sin orden judicial y se llevaron a Ariana Granadillo. Durante la semana que siguió la confinaron, golpearon, interrogaron y casi la ahogaron. Después la dejaron irse casi tan intempestivamente como se la llevaron, reportó NY times.
El Político
Su hermana la buscó durante días, incapaz de sacarle información a los funcionarios. A Granadillo, entonces de 21 años, sus captores le dijeron que eran agentes de contrainteligencia. “Nunca, nunca, nunca, nunca me involucré en nada de política”, dijo en una entrevista, pero pronto se enteró de que su calvario no era inusual.
Las detenciones secretas, conocidas legalmente como “desapariciones forzadas” juegan un papel central en los esfuerzos cada vez más autoritarios del gobierno venezolano para controlar a su población, desalentar a la disidencia y castigar a sus oponentes, según un nuevo informede dos grupos de derechos humanos que consiguió en exclusiva The New York Times.
El reporte, publicado el viernes, documenta 200 casos similares en 2018 y 524 el año pasado, un alza que atribuye al incremento de protestas conforme Venezuela ha soportado sucesivas crisis económicas y políticas y la respuesta represora del gobierno. Fue producido por Foro Penal, un grupo venezolano que lleva un registro meticuloso de los casos, y Robert F. Kennedy Human Rights, una organización sin fines de lucro con sede en Washington, D.C.
Los investigadores documentaron numerosos secuestros en los que las autoridades llegaron en vehículos no identificados, no mostraron identificación ni órdenes judiciales, confiscaron celulares y computadoras y dijeron poco al esposar y cubrir la cabeza de los detenidos. Más del 20 por ciento de las víctimas reportaron haber sido torturados durante el cautiverio.
Con el derecho internacional como guía, estos grupos definieron las desapariciones forzadas como aquellas detenciones que duraron dos o más días y en las que, a diferencia de una detención ordinaria, las autoridades estatales se negaron a proveer información sobre el paradero de las personas.
El informe se añade a un gran cuerpo de evidencia de violaciones de derechos humanos cometidas por el presidente Nicolás Maduro y sus aliados, entre las que se cuentan reportes generalizados de tortura y un análisis de Naciones Unidas de que las fuerzas de seguridad venezolanas han cometido miles de ejecuciones extrajudiciales.
El gobierno no respondió a una carta en la que se le solicitó comentario.
Las desapariciones forzadas son consideradas como un crimen contra la humanidad bajo el derecho internacional si se comprueba que suceden de manera sistemática. Los autores del reporte sobre Venezuela dicen que la práctica es “una de las más graves y crueles violaciones a los derechos humanos” porque deja a las víctimas “en un estado de absoluta indefensión”.
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Información de NY Times
