El ejecutivo boliviano emitió una orden para intervenir las oficinas de Dirección de Bienes Incautados (Dircabi) ubicadas en la zona de la Roca y Coronado, esto tras los hechos de corrupción descubiertos en las últimas horas y que derivaron en la aprehensión preventiva de dos exautoridades de la regional de Santa Cruz.
La pasada semana, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, anticipó que su despacho se alistaba para presentar denuncias ante la Fiscalía por la existencia de una presunta red de corrupción que operaba en tres departamentos.
“Se ha determinado realizar un corte administrativo y técnico legal en todas las Distritales a nivel nacional, con la presencia de un Notario Público y un representante de Transparencia, con el propósito de realizar el levantamiento e inventario respectivo con el objetivo de resguardar documentación, recursos e información vitales”, informó el Ministerio mediante un boletín institución.
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El Ministerio Público en concreto tiene abierto un caso en Santa Cruz por el retiro de tres camiones de alto tonelaje de un depósito en San Ignacio de Velasco. Por el caso fueron enviados con detención preventiva a Palmasola, el exdirector departamental de Dircabi, Fernando Saiz, y su asesor personal, Luis Mazzone.
De acuerdo a un comunicado del ministerio de Gobierno, realizarán un corte administrativo y técnico legal en todas las distritales a nivel nacional, con la presencia de un notario público y un representante de transparencia con el propósito de realizar el levantamiento e inventario respectivo de documentación que sea vital para la entidad.
Razones concretas
La cartera de Estado, bajo administración de Carlos Romero, reveló que en las últimas horas se detectó que funcionarios de Dircabi estarían involucrados en “graves hechos de corrupción”. Hasta el momento se encuentran detenidos el exdirector de Dircabi-Santa Cruz Luis Fernando S. y su asesor personal Luis M.
Tras una pesquisa de ocho meses, Romero reveló el 4 de abril que se descubrió una red de corrupción en Dircabi, que toca a funcionarios de al menos tres instituciones.
“El trabajo de investigación que se desarrolla desde hace ocho meses, es de conocimiento de todos los miembros del gabinete. Es una labor muy difícil y minuciosa que aún falta concluir, aunque se descubrieron varias irregularidades con el tema de los bienes incautados en diferentes departamentos”, explicó ese día.
Romero, refleja el boletín institucional, “no permitirá ni encubrirá a ningún servidor público o cualquier persona allegada a esta institución, involucrados en hechos delictivos”.
Con información de: El día
