La Policía de Nicaragua aseguró que el grupo de campesinos que convocó a una marcha contra el proyecto de construir un canal interoceánico por este país no tenían permiso para realizar esa movilización.
"La denominada Marcha 87, igual que las anteriores, se ha realizado de forma ilegal, sin autorización de las autoridades policiales, afectando el normal desarrollo de las actividades productivas, económicas y comerciales del país", según un comunicado de la Policía Nacional, leído por su portavoz Vilma González.
Cientos de campesinos de Nicaragua, convocados por el Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, decidieron suspender este sábado una movilización prevista en el municipio de Juigalpa (centro) para evitar enfrentamientos con la Policía antidisturbios, que impidieron su paso.
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Según la Policía, los manifestantes provocaron alteraciones al orden público, obstaculizaron el derecho constitucional a la libre circulación y pusieron "tranques" o barricadas.
"En los tranques se concentraron grupos de personas en actitud hostil, armados con garrotes, machetes, piedras y armas de fuego, causando zozobra e inseguridad en la población", señaló la Policía.
Esa institución sostuvo que "en cumplimiento de las funciones establecidas en la Constitución Política de Nicaragua y la Ley de la Policía Nacional, restableció el orden público, la seguridad ciudadana y la libre circulación de las personas".
La líder campesina Francisca Ramírez denunció, tras cancelar la marcha, que los agentes antidisturbios, a los que llamó "nuestros hermanos", le obstaculizaron el paso con armas de fuego "como que fuéramos unos delincuentes".
"Somos unos tristes campesinos que estamos pidiendo justicia, que se nos escuche, y exigiendo que deroguen la Ley de concesión del canal y eso se mira en este país que es delito", reprochó la campesina, que lamentó en Nicaragua no se respete el derecho constitucional a la libre movilización.
La asesora jurídica del Consejo, Mónica López Baltodano, dijo a periodistas que solicitaron autorización de la movilización al jefe policial de Juigalpa, Bayardo Rosales, y mostró copia del documento recibido.
Ese Consejo se opone al proyecto de la firma china HKND Group, concesionaria del proyecto, con el argumento de que despojará de sus parcelas a los campesinos que están en la ruta del canal y porque destruiría los ecosistemas del sur de Nicaragua.
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El Consejo ha realizado 85 marchas locales contra el proyecto del canal y cinco marchas nacionales, en donde han participado miles de campesinos y ha habido represión de los cuerpos de seguridad.
El gobierno sandinista otorgó a HKND Group la concesión para el canal por un período de 50 años prorrogables por otros 50.
Según el diseño más reciente, el proyecto del canal consiste en una vía húmeda de 276 kilómetros de longitud, de 230 a 280 metros de ancho, e incluye dos puertos, un aeropuerto, dos lagos artificiales, dos esclusas, un área de libre comercio y complejos turísticos, entre otros.
El canal entraría en operación, según los cálculos de la compañía, cinco años después del inicio de las obras más importantes, es decir, la excavación del canal y la construcción de la esclusa oeste, previstas a iniciar en el primer semestre de 2017, tras sucesivos atrasos por diversos motivos.
El costo del proyecto está calculado en unos 50.000 millones de dólares, de acuerdo con HKND Group.
Nicaragua espera que su construcción abra unas 50.000 plazas de empleo y duplique el producto interno bruto (PIB) nacional.
Con información de EFE
