El sobreseimiento definitivo de las 77 denuncias de mujeres víctimas de esterilización forzada que la fiscal Marcelita Gutiérrez resolvió hace dos días será respondida con un recurso de queja. Al mismo tiempo, la defensa de las afectadas evalúa la posibilidad de llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de que las 2,089 peruanas perjudicadas por esta práctica encuentren justicia.
"Estamos evaluando qué acciones vamos a tomar pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Se está preparando una estrategia, como acudir al sistema interamericano de derechos humanos. Lo cierto es que vamos a seguir e insistir en el tema", manifestó Ana María Vidal, directora ejecutiva adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Por su parte, María Ysabel Sedano, directora del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), informó que su organización también presentará el recurso de queja en nombre de Victoria Vigo, así como de Mamérita Mestanza y Celia Ramos. Las dos últimas fallecieron producto de la intervención quirúrgica.
"Vamos a pedir al fiscal superior que ahora sí responda si nuestra queja es fundada, que el caso retorne a primera instancia y se investigue como debe ser", precisó Cedano.
La abogada también consideró que de ser necesario acudirán a la CIDH y posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Alfonso Ramos, hermano de Celia Ramos, quien falleció el 21 de julio de 1997 después de veinte días en coma, lamentó la decisión fiscal y expresó su temor por la injerencia política que pudiera haber en este caso.
"Temo que el espectro político manejado por el fujimorismo se esté imponiendo como sucede en el Congreso", señaló.
El dato
Fiscal Marcelita Gutiérrez resolvió que no hubo esterilización forzada. Tampoco encontró responsabilidad en el expresidente Alberto Fujimori ni en sus exministros Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga.
Con información de La República
