España tuvo durante diez meses de 2016 un Gobierno con competencias limitadas y sólo a finales de octubre se puso fin a una interinidad que, sin embargo, no despeja las incógnitas sobre la gobernabilidad del país y que alienta la perspectiva de un adelanto electoral.
En diciembre de 2015 los comicios legislativos dejaron un Parlamento fragmentado que puso de relieve las dificultades de los partidos españoles para el pacto.
El resultado fue que el único intento de gobernabilidad, protagonizado en marzo por los socialistas (PSOE) y los liberales de Ciudadanos, acabó en fracasó cuando el líder socialista Pedro Sánchez fue incapaz de sumar más apoyos en su pretensión de ser elegido por el Congreso jefe del Ejecutivo.
El bloqueo se mantuvo en los meses posteriores y el Parlamento fue disuelto sin más intentos de acuerdo, de modo que los españoles volvieron a las urnas en junio, con el resultado de que el PP, que entre 2011 y 2015 gobernó con mayoría absoluta, volvió a ganar, pero quedó lejos de ese umbral.
El panorama político volvió a ensombrecerse cuando el conservador Mariano Rajoy (PP) intentó revalidar su cargo a principios de septiembre a través de una alianza con Ciudadanos que quedó a seis escaños de salir adelante.
El rechazo del resto de grupos hizo presagiar la vuelta al voto a finales de año, que hubiera supuesto la tercera convocatoria de elecciones en un año, pero en apoyo del PP vino la división interna de los socialistas.
En medio de críticas crecientes a la gestión de Pedro Sánchez, un grupo de dirigentes socialistas forzó una votación con resultado desfavorable para el líder, que renunció al puesto.
Un PSOE fracturado terminó por abandonar su rechazo al PP y se abstuvo para permitir la reelección de Rajoy como presidente del Gobierno el pasado 29 de octubre, dos días antes de que venciera el plazo legal para tener un Gobierno ya que, en caso contrario, se hubiera disuelto el Parlamento.
El nuevo Gabinete de Rajoy echó a andar a primeros de noviembre, ya con plenas competencias, pero el reparto de fuerzas en el Congreso ya ha puesto de manifiesto la dificultad de que el Gobierno sea, como ha sido tradicional en España, el motor legislativo.
El PP ha quedado en minoría en varias votaciones y la oposición quiere revocar algunas de sus iniciativas de los últimos años en materia de educación y seguridad ciudadana, entre otros temas.
Rajoy ha avisado de que no quiere encabezar un Ejecutivo "que sea gobernado" por la oposición, lo que puede interpretarse como una amenaza velada de que podría disolver las Cámaras y convocar comicios, posibilidad que legalmente podrá aplicar desde mayo del año próximo.
Antes de eso el Ejecutivo tiene por delante un debate que marcará el inmediato futuro: el proyecto de Presupuestos del Estado para 2017.
Los socialistas no quieren apoyarlos, lo que obliga al PP a mantener el apoyo de los liberales y buscar ahora el respaldo de formaciones nacionalistas, en especial de los vascos del PNV.
Otro de los temas candentes para el año próximo será la pretensión de los independentistas que gobiernan la región de Cataluña de convocar una consulta soberanista en septiembre – con o sin aval del Estado – y que hasta ahora ha sido combatida por los tribunales españoles.
Por su parte, los socialistas – que son el segundo partido del país – intentan recuperar su unidad y en 2017 tendrán un congreso en el que Pedro Sánchez quiere volver a ser elegido líder, frente al auge de la dirigente andaluza Susana Díaz.
Con información de EFE
