El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Ernesto Carles, solicitó al Servicio Nacional de Migración (SNM) detener temporalmente el otorgamiento de visas profesionales y las correspondientes al programa Países amigos.
Aunque se desconoce la cantidad exacta de documentos emitidos bajo esta modalidad, el titular afirmó que como resultado de una evaluación de esos permisos se detectó información falsa y ‘una serie de abusos por quienes solicitan este tipo de visas para ingresar al mercado laboral local’.
El pedido de Carles llegó en medio de presiones y protestas de abogados y ciudadanos porque ‘los extranjeros les quitan los puestos de trabajo’, incluso en profesiones exclusivas para los panameños, posición que algunos expertos y personas comunes califican de xenofobia.
Según un estudio publicado recientemente por la Universidad de Harvard, la restricción de mano de obra inmigrante, ‘presuntamente dirigida a la protección de los trabajadores panameños, impide que el país desarrolle la base de habilidades que necesita para seguir diversificando su economía y crecer sostenidamente’.
A pesar de ello, esta semana el SNM anunció la deportación de 81 extranjeros el pasado mes, por conductas inadecuadas, atentar contra la seguridad pública y cumplir prisión, entre otras causas.
Por nacionalidad, los colombianos encabezan el grupo, seguidos de dominicanos, ecuatorianos y chinos, lo que incrementó en 25 por ciento las acciones similares realizadas en el primer mes de 2016, precisó una nota oficial.
Panamá acogerá la primera conferencia latinoamericana de robótica
Empresarios panameños señalaron múltiples veces que ante una convocatoria, los inmigrantes se presentan en mayoría y tienen mejores requisitos que sus connacionales, e incluso algunos revelaron que los locales no se presentaron a ciertos concursos laborales.
No obstante, la presión popular al gobierno para que defina una política de admisión selectiva se incrementó con las oleadas migratorias de entre 2014 y finales de 2016, y la decisión de legalizar a varios miles de residentes ilegales que se asentaron en el país antes de enero del pasado año.
Hasta diciembre último, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) impuso más de 700 multas, lo que equivale a cerca de 350 mil dólares, por la contratación de extranjeros sin permiso laboral, resultado de los operativos realizados a 35 empresas asociadas a centros comerciales, restaurantes y bares de la ciudad capital, informó el diario La Prensa.
En varias ocasiones, Carles ha reiterado que el ministerio no persigue extranjeros, pues su labor es ubicar a las empresas que los contratan sin permiso laboral, con salarios precarios y sin el pago de la seguridad social, lo cual viola las normativas legales del país.
