Dos expresidentes de Panamá irán a juicio por blanqueo de capitales debido a los millonarios sobornos entregados por la constructora brasileña Odebrecht, según lo dictaminó una jueza penal de ese país.
El Político
Se trata de los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, quienes están acusados de blanqueo de capitales en Panamá.
¿Por qué es importante?
Este caso involucra a dos expresidentes de Panamá acusados de blanqueo de capitales debido a los millonarios sobornos entregados por la constructora brasileña para conseguir jugosos contratos de obras públicas en Panamá, en uno de los mayores casos de corrupción en el país centroamericano y el continente.
La jueza también llamó a juicio a 36 personas por el caso Odebrecht, uno de los casos de corrupción más grandes en la historia reciente de América Latina, que ha abarcado más de 30 años.
También fueron llamados a juicio varios exministros del expresidente Martinelli –quien ha reiterado su intención de ser candidato presidencial en 2024– y sus dos hijos, Luis Enrique y Ricardo Alberto, que cumplen prisión en Estados Unidos tras confesar su participación en un esquema de sobornos por 28 millones de dólares.
A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio Público señaló que la “Fiscalía Especial Anticorrupción logró el llamamiento a juicio para 36 personas, entre estos dos expresidentes de la República, seis exministros, dos hijos de un expresidente (2009-2014), y otros exfuncionarios, empresarios y particulares por blanqueo de capitales” debido al caso Odebrecht. No publicó los nombres de los procesados, reportó APNews.
El tribunal fijó como fecha de audiencia plenaria del 1 al 18 de agosto de 2023 y como fecha alterna del 27 de septiembre al 17 de octubre del mismo año.
Para esta última fecha la juez designó defensores públicos alternos para garantizar el derecho de defensa en caso que no comparezcan los defensores particulares para evitar que el juicio se suspenda por ausencia de alguno de los abogados.
Martinelli aspira a retornar al poder
En 2024 habrá una nueva convocatoria a elecciones, en las que Martinelli aspira a retornar al poder de la mano de su Partido Realizando Metas, luego de distanciarse de la fuerza política Cambio Democrático, que también conformó y que lo llevó al poder en el 2009.
El abogado Ernesto Cedeño explicó que el llamamiento a juicio no impide que el expresidente pueda continuar con sus aspiraciones presidenciales. Según su planteamiento, el exgobernante mantiene el principio de inocencia durante el proceso judicial en su contra y de acuerdo a la constitución panameña sólo una sentencia condenatoria en firme de cinco años o más de prisión podría impedirle buscar de nuevo a la presidencia.
Anterior al caso Odebrecht, Martinelli resultó absuelto en dos juicios que enfrentó por cargos de espionaje a políticos, periodistas, gremialistas y figuras de la sociedad civil. Por solicitud de las autoridades judiciales panameñas, Estados Unidos extraditó a Martinelli para que enfrentara un proceso de espionaje telefónico.
El portavoz del expresidente Martinelli, Luis Eduardo Camacho, argumentó que el llamado a juicio del expresidente Martinelli constituye una “reiteración de la inseguridad jurídica que impera en Panamá”. Y señaló que con ello, la actual administración busca “desviar la atención de los abundantes actos de corrupción que le caracterizan”.
“Es un hecho claro que ante la enorme ventaja que registra el expresidente Martinelli en todas las encuestas de intención de voto. Sus rivales buscan impedir su triunfo en las elecciones de mayo de 2024, no con votos; sino con manipulaciones jurídicas”, sostuvo el portavoz de Martinelli.
En contexto
El Caso Odebrecht es uno de los casos de corrupción más grandes en la historia reciente de América Latina, que ha abarcado más de 30 años. Está basado en una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto con 10 países más de América Latina, a la constructora brasileña Odebrecht.
En esta investigación se detalla como Odebrecht habría realizado coimas de dinero y sobornos, a presidentes, expresidentes y funcionarios del gobierno de 12 países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela,2 durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas.
Los documentos estadounidenses depositados en la Corte del Distrito Este de Nueva York también revelan que entre los años 2010 y 2014, la empresa constructora privada Odebrecht habría promovido pagos de sobornos por más de US$59 millones en Panamá, resultando en US$175 millones de beneficios en contratos para otras obras públicas, y el gobierno del presidente Juan Carlos Varela le dio su "apoyo total" a las investigaciones sobre el tema que ya adelanta el Ministerio Público panameño.
El Gobierno panameño anunció que busca acciones necesarias para cancelar a Odebrecht un contrato de US$1.000 millones para la construcción de una hidroeléctrica, luego de que la empresa se declaró culpable en un tribunal de Estados Unidos de entregar sobornos en varios países de la región y prohibir que pueda seguir operando en el país como un contratista de obras públicas calificado.
Panamá adjudicó a Odebrecht en 2014 para la construcción y operación vía concesión administrativa por 50 años de la hidroeléctrica Chan II, también se prohibirá que Odebrecht obtenga nuevos contratos o se refrenden todos los contratos de obra pública que tiene en el país, hasta que demuestre una mayor colaboración en las investigaciones judiciales del gobierno, sobre la entrega de los sobornos de más de US$59 millones, para conocer los nombres de los funcionarios públicos, políticos, gobernadores, representantes o testaferros de gobiernos anteriores, que recibieron los sobornos de la empresa constructora de Brasil, en el caso de corrupción más grande de la historia de Panamá.
En febrero quedó involucrado el presidente Juan Carlos Varela, después que este fuera acusado de haber recibido "donaciones" de la constructora brasileña Odebrecht.43 presentándose una denuncia penal ciudadana para que se averigüe si personas vinculadas al presidente, y el diputado oficialista José Luis Varela, habrían cometido delitos de peculado y fraude.44 a través de una empresa suiza, que había movido millones, cuyos accionistas son María Mercedes Rabat de Janón, Ramón Antonio Pino y Margarita Mejía.
Entre líneas
Además del llamado a juicio de 36 personas, la jueza Baloisa Marquínez determinó el sobreseimiento provisional para 11 personas y la exoneración definitiva de una acusada, dijo el Órgano Judicial en un comunicado. El llamado a juicio ocurre luego de que se realizara una audiencia preliminar en septiembre pasado y la jueza se acogiera al plazo de ley para emitir su decisión.
Durante la pasada audiencia preliminar, los fiscales presentaron un complejo esquema para mover el dinero de las supuestas coimas durante el gobierno de Martinelli.
El Ministerio Público describió la creación de múltiples sociedades anónimas que recibieron y transfirieron fondos para comprar bienes inmobiliarios, entre otros proyectos, donde circulaban elevadas sumas de dinero, y cuya fuente se atribuyo al pago de sobornos.
De acuerdo con las investigaciones, el gigante brasileño de la construcción pagó millones de dólares en sobornos para acceder a contratos con el Estado u otros beneficios en Panamá entre 2010 y 2014 durante el gobierno de Martinelli, quien niega que haya recibido coimas. Otros países de Latinoamérica también se vieron salpicados por el escándalo de sobornos de Odebrecht.
En conclusión
El Ministerio Público dijo por su parte que la voluminosa investigación que llevó adelante la fiscalía anticorrupción durante cinco años fue posible gracias a “herramientas de colaboración eficaz internacional que permitieron, a través de las declaraciones de culpabilidad de ejecutivos de la empresa Odebrecht en Suiza y su país de origen Brasil, establecer cómo esta empresa pagó coimas a funcionarios panameños para obtener el beneplácito para la construcción de obras en nuestro país”.
El ex presidente Varela, quien también fue llamado a juicio calificó el proceso de injusto y afirmó que lo enfrentará convencido de su inocencia.
“El pueblo panameño merece saber toda la verdad del caso de Odebrecht y a la vez asegurarse que éste no sea utilizado para desviar la atención sobre los graves indicios de corrupción que se están dando en los tres órganos del Estado”, sostuvo el exgobernante en un comunicado difundido por la noche.
