La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el decreto 441 de la Contraloría General de la República (CGR) que regula los millonarios y polémicos donativos y subsidios que otorga el Parlamento panameño con fondos públicos, indicó una fuente oficial.
Redacción El Político
El dictamen de inconstitucionalidad contó con el voto favorable de 5 de los 9 magistrados que forman el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en tanto que 3 se abstuvieron y uno votó en contra, informó el Órgano Judicial en un comunicado, reseña EFE.
La CSJ resolvió así una demanda de inconstitucionalidad que el abogado Ernesto Cedeño presentó en 2016 contra este decreto y la figura "clientelista" de los donativos y subsidios de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).
La Corte Suprema indicó que el documento final con el fallo será pasado en limpio para la recolección de firmas de los magistrados, la sustentación de los salvamentos de voto, si los hubiere, para luego ser publicado en la Gaceta Oficial del Estado y comunicado formalmente a la Contraloría.
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El 25 de octubre de 2016 la Contraloría de Panamá aprobó el decreto, ahora declarado inconstitucional, que regula los donativos o subsidios que pueden conceder los parlamentarios a través del presupuesto de la AN, por montos de entre 2.500 y 20.000 dólares.
Según esta normativa, los donativos de ayuda para gastos varios a personas pueden ser por sumas de hasta 2.500 dólares; gastos médicos hasta 2.000 dólares; estudios, hasta 5.000; organizaciones sin fines de lucro, hasta 10.000; ayuda a Juntas Comunales, hasta 15.000; respaldo para organizaciones deportivas, hasta 20.000, y ayuda deportiva para atletas, hasta 5.000 dólares.
Este decreto levantó suspicacias en la opinión publica y el rechazo de sectores que no lo consideran pertinente y se oponen a la medida porque promueve el clientelismo.
Unas semanas después de su aprobación, la Contraloría anunció que redactó un manual para fiscalizar que cualquier fondo para donaciones asignado en el presupuesto de la AN fuera verificado para evitar cualquier tipo de discrecionalidad.
La Contraloría fue más allá y designó un equipo de seis auditores que dio inicio el pasado lunes a la revisión de los controvertidos donativos y contrataciones de la AN, tras revelarse indicios de corrupción en la emisión de montos millonarios.
