Faltando menos de dos semanas para la entrada en vigor de la Ley Migratoria de Florida S.B. 1718, la más dura en su tipo en Estados Unidos, organizaciones que luchan por los derechos de los inmigrantes se organizan a nivel nacional para lanzar una serie de protestas antes, durante y después de que sea activada la polémica legislación.
El Político
La Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes en Los Ángeles planea formar una caravana de automóviles para recorrer varios estados días antes de que entre en vigor la ley, según dijo Juan José Gutiérrez, director ejecutivo de la organización.
Y es que la SB 1718 se perfila como una de las leyes antiinmigrantes más rudas de los últimos años, la cual cuenta con un presupuesto de 12 millones de dólares para reubicar a los indocumentados que viven en Florida en otros estados, reportó LaOpinión.
En contexto
Pero ahora, la SB 1718 es la que mantiene en vilo a los cerca de 800,000 inmigrantes indocumentados que se estima residen en el estado de Florida.
“Hoy, millones de hombres y mujeres trabajadores en todo Estados Unidos están preocupados de que pronto los casi 800,000 trabajadores indocumentados que se estima que viven, trabajan y pagan impuestos en Florida serán perseguidos, arrestados, encarcelados y deportados de manera expedita”, declaró Alicia Flores, directora ejecutiva del Centro Juvenil y Comunitario Hank Lacayo, en el condado de Ventura, al referirse a la entrada en vigor de la SB 1718.
“Nuestras comunidades, y nuestros amigos y aliados en otros estados y en todo el mundo, nos buscarán en busca de tranquilidad. Debemos ofrecerles una resolución de acero. Es lo menos que podemos y debemos hacer”, aseguró la activista del condado de Ventura.
Criminalizar a indocumentados en Florida
Y es que la SB 1718 pretende criminalizar a los inmigrantes indocumentados que residen en el estado de Florida, destacan activistas, lo que ha provocado que muchos empiecen a abandonar la entidad por temor a ser detenidos.
Entre las medidas de la Ley antiinmigrante de Florida, contempla la obligación de las empresas a certificar el estatus migratorio de sus empleados. Los que contraten a trabajadores sin papeles serán multados hasta con $1,000 dólares al día.
La medida también alcanza a los hospitales, donde deberán exigir el estatus migratorio a sus pacientes para que puedan recibir los servicios médicos, en caso contrario podrían ser multados.
La transportación de indocumentados también queda prohibida, por lo quien incurra en estos delitos podrían ser multados y hasta enviados a prisión.
Panorama general
Las fuerzas del orden público y de la Guardia Nacional de Florida enviadas a Texas desde mayo pasado por el gobernador Ron DeSantis han intervenido en el control de más de 10,000 indocumentados en la frontera sur con México.
Los efectivos enviados por DeSantis asistieron al Departamento de Seguridad Pública de Texas en el arresto de más de 600 personas, “incluido un miembro de la pandilla MS-13 que estaba en la lista de vigilancia terrorista” de Estados Unidos, informó la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM).
A algunos se les presentaron cargos por “delitos graves de contrabando de personas, tráfico de drogas o porte ilegal de armas”.
Florida envió efectivos a la frontera
En mayo pasado DeSantis anunció el envío de ayuda a Texas para asegurar la frontera sur ante la crisis migratoria que, en su opinión, ha creado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, según LaOpinión.
Entre los efectivos enviados a Texas se cuentan más de 300 soldados de la Guardia Nacional de Florida, cuya misión es “ayudar” a controlar la “migración masiva en la frontera sur” establecer “puntos de observación estáticos”, realizar “patrullas itinerantes” y la asistencia de ingenieros para la mejora de las operaciones.
Además permanecen desplegados una treintena de agentes del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE) para ayudar en la investigación de “actividades delictivas a lo largo de la frontera asociadas con la trata de personas y el contrabando de drogar y armas”.
Entre líneas
Los agentes de la FHP detuvieron a dos sospechosos involucrados en el contrabando de personas a Estados Unidos y tuvieron “encuentros” con inmigrantes indocumentados procedentes de Brasil, China, Ecuador, Haití, Honduras, México, Cuba, Bolivia, Irán, África, República Dominicana, Venezuela, Colombia, El Salvador y países del Medio Oriente.
“Todos ellos fueron detenidos y entregados a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos”, señala el FDEM.
También se encuentran en suelo texano cerca de 90 oficiales de la Comisión para la Conservación de la Fauna y la Flora de Florida (FWC), que brindan asistencia en la “seguridad fronteriza, recopilación de información, respuesta humanitaria, esfuerzos de búsqueda y rescate y servicios médicos de emergencia”, entre otras tareas.
Migrantes sin asilo
Menos de la mitad de los migrantes adultos que fueron detenidos al cruzar de manera irregular la frontera sur de Estados Unidos en el último mes consiguieron solicitar asilo, según datos entregados por el gobierno a un tribunal federal en California, reportó LaOpinión.
Las cifras, que abarcan el periodo entre el 12 de mayo y el 13 de junio de este año, revelan que solo a un 46% de las personas adultas que fueron arrestadas en la frontera pudieron superar las nuevas restricciones al acceso al asilo, que entraron en vigor el pasado 11 de mayo.
En contraste, antes de la pandemia (entre 2014 y 2019), un 83% de los adultos detenidos en cruces irregulares conseguían solicitar esta protección, tal como resaltó Blas Nuñez Neto, encargado de la política fronteriza en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), en un documento entregado al juez Jon S. Tigar.
Conclusión
No se puede exigir que las personas pidan asilo en otros países que, en muchos casos, no tienen sistemas equipados para gestionar las aplicaciones o no son “remotamente seguros”.
El gobierno ha promovido el uso de una aplicación móvil, llamada “CBP One”, como la principal manera legal para pedir asilo, algo que, por ley, solo se puede hacer en territorio estadounidense.
A través de esta aplicación, sin embargo, solo se están ofreciendo 1.250 citas diarias para presentarse ante las autoridades en un puerto de entrada.
