La senadora de oposición Jacqueline van Rysselberghe, exigió a las autoridades chilenas, otorgar el indulto a los condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet que se encuentran en la cárcel con problemas de salud y avanzada edad.
"Varios de ellos van a morir en los próximos meses y el indulto debería aplicarse en todos los casos de este tipo", sostuvo la parlamentaria, quien también es presidenta del partido conservador Unión Demócrata Independiente (UDI).
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La parlamentaria aseguró que harán un requerimiento a la Comisión Internacional de Derechos Humanos "para que vengan a ver la situación y si se condice con la forma de tratar a un recluso".
Van Rysselberghe, reconoció que tanto Gendarmería (guardia de prisiones) y el personal médico del recinto entregan los cuidados adecuados a los reos, pero dijo que "creemos que de verdad esta situación amerita un análisis en relación a la falta de humanidad con la se está tratando a todos ellos".
Por su parte, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), condenó la visita y lo dicho por la senadora y la acusó de "cómplice de una operación de impunidad" que busca la libertad de los condenados por violaciones a los derechos humanos.
"El hecho reviste una acción muy grave. Aquellos que ocupan espacios democráticos, como Van Rysselberghe, quien es parte de la comisión de derechos humanos en el Senado, visite y se haga eco (de lo que allí ocurre), es cómplice de una operación de impunidad", declaró la presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, a CNN Chile.
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Pizarro afirmó que "los criminales muertos en la cárcel no es porque exista sed de venganza o ensañamiento de nuestra parte. Los organismos internacionales hablan de la importancia de la justicia para la no repetición de genocidios, no dice que esto se acaba cuando envejecen los culpables", aseveró la dirigente.
"El tema no está en los pobres viejitos, averigüemos su condición primero. Aquí lo importante es que ellos jamás colaboraron con la justicia, por el contrario reivindicaron lo que hicieron, que fue asaltar un país democrático e instalar por diecisiete años el terrorismo de Estado", concluyó.
Pizarro dijo que aún esperan tener una reunión con la presidenta Michelle Bachellet, para exigirle el cierre del penal Punta Peuco.
Punta Peuco es una prisión reservada a violadores de los derechos humanos construido en 1995 en el municipio de Tiltil, a 35 kilómetros al norte de Santiago y es definida por las víctimas de la dictadura como una cárcel "cinco estrellas", con canchas de tenis, terrazas para hacer asados y amplios comedores.
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En ese periodo, según cifras oficiales, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de las cuales 1.192 figuran aún como desaparecidos, y más de 33.000 como secuestrados, torturados y encarcelados por causas políticas.
EFE
