La oposición está decidida a hacer un seguimiento milimétrico de las denuncias penales que presentó por la conducción de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) que en los últimos 5 años dejó pérdidas que superaron los US$ 800 millones.
Tan de cerca es la mirada que ante lo que consideraron una conducta que no correspondía de un jerarca de gobierno, que depende de Presidencia según lo marcaron, de inmediato los senadores de la oposición se reunieron para dar su posición y enviar un mensaje al Poder Ejecutivo. Cuestionaron que se intento frenar y que se pongan "palos en la rueda" en la investigación. Al mismo tiempo respaldaron a la juez y a la fiscal.
Los senadores Pablo Mieres, Álvaro Delgado, Pedro Bordaberry y el diputado Eduardo Rubio consideraron una "intromisión" de Carlos Díaz, el secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, su queja por la designación de una funcionaria de su repartición por parte de la Justicia para formar el equipo de peritos.
Díaz incluso opinó que la juez cometió "una irregularidad" por la designación de una escribana que ya había trabajado en la investigación del caso PLUNA que terminó con empresarios y jerarcas del gobierno anterior procesados.
Esa escribana, que entonces se desempeñaba como actuaria del juzgado, pasó a integrar este año la Secretaría antilavado. "Con este nombramiento se desconoció la autoridad del secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que goza de autonomía técnica absoluta para elegir a los funcionarios de la secretaría que participan de las investigaciones", dijo Díaz a El Observador.
Díaz afirmó que el Poder Judicial "se excedió en su competencia" y anunció que se entrevistará con la Suprema Corte de Justicia y el fiscal de Corte.
Respuesta
Los partidos Nacional, Colorado, Independiente y Unidad Popular presentaron en abril una denuncia penal, ante la justicia Especializada en Crimen Organizado, a la que aportaron documentos y datos surgidos de la comisión investigadora del Senado que analizó la gestión de ANCAP desde el año 2000 al 2015.
El período polémico, donde la oposición concentró sus denuncias, refiere a los años en los que Raúl Sendic presidió el directorio de la petrolera estatal.
El senador Pablo Mieres dijo ayer que le "llama la atención" que apenas comienza a andar el proceso judicial "empiezan los palos en la rueda".
Desde el Partido Nacional, Alvaro Delgado, en cuyo despacho ocurrió el encuentro, marcó que no le parece "una buena señal" que un jerarca del Poder Ejecutivo cuestione decisiones de la Justicia. Esas declaraciones, dijo, "no le hacen bien a la investigación". "Hay que dejar trabajar con tranquilidad y respaldar a la jueza y a la fiscal que tienen la causa ANCAP", afirmó.
Recordó que ellas tienen potestad para nombrar a los asesores que quieran. "Nosotros tenemos que acatar y respetar las decisiones de la justicia", dijo Delgado.
El diputado Rubio se mostró "sorprendido" por las declaraciones de Díaz y pidió que la "investigación avance rápidamente". "Estamos hablando de una situación que le generó pérdidas al país que multiplican por tres el ajuste fiscal que recibimos en esta Rendición de Cuentas", comentó el representante de Unidad Popular.
El senador Bordaberry se fue de la reunión sin hablar con los medios.
Por la situación de inestabilidad financiera que quedó la petrolera estatal, el gobierno de Tabaré Vázquez debió capitalizarla en US$ 622 millones, proyecto que el Senado refrendó con votos del Frente y de la oposición.
Con información de El Observador
