Luego de que la propuesta de Enmienda a la Constitución de Brasil fuera aprobada en la Cámara de Diputados de Brasil para fijar durante los próximos 20 años un límite para el gasto público, criticos de la medida afirman que paralizará el desarrollo económico.
Stephanie Lozada Madriz/ El Político
Los críticos afirman que esto congelará los gastos sociales, pero con la actual redacción los gastos en sanidad y educación pasarán a verse afectados por la medida en 2018, cuando Temer ya no será presidente.
Sin embargo, el Gobierno defiende que la medida ayudará a recuperar la confianza del mercado y a generar empleo, y permitirá que los gastos públicos se mantengan sin necesidad de subir los impuestos.
Sectores del nuevo gobierno alegan que Rousseff generó políticas intervencionistas que causaron una "convulsión" en el déficit presupuestario y un aumento de la deuda pública bruta a cerca de 70% del PIB, lo cual era "insostenible" ante las altas tasas de interés en Brasil. Añaden que estas son las razones principales de la medida.
Por su parte, los opositores asistieron al Tribunal Supremo Federal brasileño, mientras en las redes sociales empiezan a surgir convocatorias de manifestaciones contra la ley antes de que se vote en un segundo turno, posiblemente el 24 de octubre.
El diputado del partido Socialismo y Libertad advierten que "aun cuando Brasil vuelva a crecer, los beneficios se destinarán a pagar intereses a los banqueros, y no retornarán a la salud y la educación".
Con información de Inversión&Finanzas
