De acuerdo con un informe de la fundación Open Society, 2017 ha sido el año más violento en dos décadas, con más de 25 mil homicidios; además del aumento de los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos, al igual que las desapariciones.
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Según el informe indica que todos estos delitos se han desarrollado gracias a "la incapacidad de investigar y procesar de manera efectiva a los responsables", en especial cuando estos son funcionarios públicos.
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De acuerdo con Open Society, el aumento de la violencia y la impunidad por parte de las autoridades encargadas de impartir justicia en el país podría empeorar con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.
En los últimos años, se ha podido documentar la participación de funcionarios estatales y municipales, en coordinación con cárteles, en crímenes de lesa humanidad, lo que indica "una colusión sistémica entre servidores públicos y grupos del crimen organizado en varias partes de México".
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Ante esta situación, México se ubica como el país con la tasa más alta de impunidad en América, además de ser una de las cuatro naciones más corruptas de la región, según demostró James Goldston, director ejecutivo de Open Society Justice Initiative.
Goldston afirmó además que el principal impedimento para rendición de cuentas y la justicia en el país es la obstrucción política en todos niveles y la corrupción. “Por eso ahora es más frecuente que muchos de los crímenes de los cárteles sean perpetrados en colusión con funcionarios gubernamentales corruptos ante la falta de sanciones contra esos servidores” dijo.
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"Si la impunidad continúa y México no se compromete a la creación de este tipo de mecanismo, otros organismos internacionales podrían intervenir. Sin embargo, de acuerdo con el principio de complementariedad del Estatuto de Roma, la principal responsabilidad yace en el gobierno mexicano que debe investigar y perseguir estos crímenes", dijo Goldston.
Por parte de los representantes de las organizaciones explicaron que un mecanismo internacional es menos vulnerable a intereses reales y partidistas, y podría ayudar a construir a la independencia y autonomía de la Fiscalía y del Poder Judicial en México. Siendo un componente esencial para reestablecer la confianza de los ciudadanos.
Con información: El Siglo de Durango
