El próximo 15 de agosto ya no quedarán en las 26 zonas de transición de las FARC los contenedores dispuestos por la misión de Naciones Unidas en Colombia para almacenar las armas de las de la guerrilla. A mediados de agosto, además, esos campamentos se convertirán en territorios en los que alrededor de 7.000 miembros de la organización terminarán su reincorporación a la sociedad.
De donde salen las armas y los contenedores, inmediatamente la zona deja de existir y se convierte en un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, donde regirá la normalidad institucional”, explicó este viernes el Alto Comisionado para la Paz del Gobierno colombiano, Sergio Jaramillo.
Después de meses de espera, obstáculos logísticos y tensiones entre las partes, la dejación de armas anunciada el pasado 27 de junio en un acto protagonizado por el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las FARC, Timochenko, está a punto de culminar. Estos días los funcionarios de la ONU están llevando a cabo con el apoyo de las fuerzas de seguridad el embalaje de pistolas y fusiles y a partir del lunes 31 de julio los depósitos que han custodiado este material comenzarán a ser retirado de las llamadas zonas veredales.
Con estos últimos pasos del proceso de paz las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia dejarán de ser a todos los efectos un grupo armado. Los máximos responsables de la insurgencia están organizando un congreso de la organización saldrá convertida en partido político. Su presentación oficial será el 1 de septiembre. Jaramillo señaló que los territorios que van a ocupar los excombatientes se destinarán a “capacitar a los miembros de las FARC para su reincorporación con énfasis en lo rural y también para atender las comunidades en las veredas y en las zonas aledañas”.
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En paralelo, durante las próximas semanas 709 guerrilleros privados de libertad “se convertirán en gestores de paz con el fin de avanzar de una manera eficaz” hacia “la implementación de las medidas de reparación para las víctimas, actividades de desminado, búsqueda de personas dadas por desaparecidas, entre otras”. Estas personas, aseguró el ministro de Justicia, Enrique Gil, “tendrán que rendir un informe bimensual sobre su labor y estarán bajo el control y vigilancia de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz”.
Fuente: El País.
