Un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU condenó este martes la disolución en Ecuador de la Unión Nacional de Educadores (UNE), la asociación de docentes más importante del país.
La UNE, fundada en 1950, fue disuelta por incumplir, según el Gobierno, la normativa vigente para el funcionamiento de las organizaciones sociales.
Según señalan los expertos en un comunicado, la normativa dictada por el Ejecutivo "establece restricciones demasiado amplias a la libertad de expresión y asociación, lo cual permite a las autoridades disolver asociaciones con base a criterios ambiguos".
"Estamos profundamente preocupados por esta legislación que, ciertamente, confiere al Ejecutivo poderes discrecionales para suprimir la voz de la sociedad civil en el país", agrega.
Los expertos subrayan que todas las personas deben gozar del derecho a la libertad de asociación reconocido en el derecho internacional y consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Ecuador en marzo de 1969.
"El derecho a la libertad de asociación es un derecho fundamental, al que sólo se puede aplicar un cantidad limitada de restricciones", dijo el relator especial de la ONU para la libertad asociación, Maina Kiai.
Kiai subrayó que "el derecho a la libertad de asociación es un principio democrático esencial y necesario para que los activistas tengan un efecto colectivo en la sociedad".
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"Con la disolución de la UNE, el sindicato de educadores más importante del país, los educadores ecuatorianos están privados de una herramienta fundamental para hacer que su voz y preocupaciones sean oídas, y que pueda tener afectar negativamente a los defensores de derechos humanos y a la sociedad civil en general", expresó a su vez el relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst.
"Los educadores son un sector vital del sistema educativo. Privar a los educadores de uno de sus principales canales para expresar colectivamente sus preocupaciones no solamente afecta su libertad de expresión, sino también el sistema educativo de Ecuador", agregó el relator especial de la ONU para la protección y la promoción del derecho a libertad de opinión y expresión, David Kaye.
"La disolución forzada de una asociación es una de las formas más severas de restricción a la libertad de asociación, que sólo puede ser justificada en los casos más excepcionales. Debe estar establecida en la ley, bajo estricto cumplimiento del principio de legalidad, ser proporcional y necesaria en una sociedad democrática", enfatizó el Kiai.
Los expertos de la ONU alertaron que, dado las recientes actividades llevadas a cabo por la asociación, la disolución probablemente se relacione con su trabajo en derechos humanos.
"De hecho, aparentemente esta decisión es arbitraria, política, y adolece de una conexión lógica con un legítimo interés del Estado", señala el comunicado conjunto.
La disolución ocurre en un contexto de crecientes restricciones impuestas a asociaciones, medios de comunicación y defensores de derechos humanos en Ecuador, recalcaron los expertos.
"Exhortamos a las autoridades ecuatorianas de cancelar el proceso de disolución de la UNE y asegurar el goce de los derechos a la libertad de expresión y asociación en el país", expresaron.
Los expertos ya han expresado sus preocupaciones al Gobierno y solicitado clarificaciones sobre este caso.
También han hecho saber su disposición para brindar asistencia técnica a las autoridades sobre este asunto.
Con información de EFE
